Viernes 12 de Diciembre de 2025

El pasado lunes, un grupo de legisladores estadounidenses presentó una propuesta de ley destinada a apoyar a los productores de vino y otros cultivos especiales que han sufrido pérdidas económicas debido a los aranceles impuestos durante la administración Trump. El proyecto, denominado Specialty Crop & Wine Producer Tariff Relief Act, busca crear un programa específico dentro del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para ofrecer pagos directos a los agricultores que puedan demostrar pérdidas financieras derivadas de estos aranceles.
La iniciativa fue presentada por los representantes Mike Thompson (demócrata por St. Helena), Doug LaMalfa (republicano por Richvale), Jimmy Panetta (demócrata por Santa Cruz), Dan Newhouse (republicano por Sunnyside, Washington) y Andrea Salinas (demócrata por Tigard, Oregón). Según explican los impulsores del texto, los cultivos especiales como la uva para vino, frutos secos, frutas y hortalizas suelen quedar fuera de los programas federales de ayuda agrícola, que normalmente se centran en cultivos extensivos como el maíz o la soja.
El USDA publicó en noviembre su informe sobre comercio agrícola, donde se señala que los aranceles de represalia han reducido la competitividad internacional de productos como el vino, las frutas y los frutos secos. California es uno de los estados más afectados, ya que China, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea —principales compradores de vino californiano— han impuesto aranceles a estos productos. Además, el aumento del precio del vidrio importado y otros materiales de embalaje ha elevado los costes de producción para las bodegas y productores agrícolas.
El mismo lunes en que se presentó el proyecto de ley, el USDA anunció un paquete de ayudas puntuales por valor de 12.000 millones de dólares para agricultores perjudicados por los aranceles. Sin embargo, esta ayuda solo cubre a quienes cultivan maíz, cebada, avena, cacahuetes, soja, arroz y otros cultivos extensivos. Doug LaMalfa explicó que la mayoría de las explotaciones agrícolas en su distrito —cerca de 8.000 según datos oficiales— se dedican a cultivos especiales como frutas, frutos secos y hortalizas, por lo que no podrán acceder a estas ayudas.
Mike Thompson subrayó que las regiones vitivinícolas como Napa y Sonoma también están sufriendo las consecuencias económicas de los aranceles. Según datos del USDA y del Wine Institute —asociación sectorial— la demanda exterior de vino californiano ha caído tras la última ronda de aranceles y los costes para las bodegas han aumentado debido al encarecimiento del vidrio y otros materiales importados.
El proyecto prevé que el nuevo programa funcione hasta 2030 e incluye la posibilidad de que el USDA adquiera excedentes agrícolas para destinarlos a programas nutricionales como comedores escolares o ayudas alimentarias. Los legisladores argumentan que esta medida es necesaria para mantener la competitividad internacional del sector agrícola estadounidense y proteger el empleo en zonas rurales.
Andrea Salinas señaló que muchos productores están soportando una reducción en sus oportunidades de exportación junto con un aumento en sus costes operativos. Por su parte, Thompson afirmó que garantizar la viabilidad económica del sector agrícola es una prioridad para las comunidades locales.
La tramitación parlamentaria del proyecto continuará en las próximas semanas. Si se aprueba, supondrá un cambio en la política federal al incluir a productores tradicionalmente excluidos de las ayudas frente a crisis comerciales internacionales.