Las economías regionales argentinas sostienen 1,27 millones de empleos según cifras oficiales

El ingeniero agrónomo y analista agropecuario Gustavo Huesca Pérez sostiene que las economías regionales ocupan un lugar central en la actividad agroalimentaria de buena parte del interior argentino y latinoamericano. En su análisis sitúa en ese grupo a producciones como la vid, la yerba mate, el té, el tabaco, los cítricos, el azúcar, el algodón, la actividad forestal, la apicultura o la horticultura, todas ellas con un peso directo en el empleo y en la vida económica de numerosas ciudades y pueblos.

A su juicio, el debate agropecuario suele concentrarse en los grandes cultivos extensivos, como la soja, el maíz, el trigo o el girasol, y en la ganadería vacuna, porcina o aviar. Frente a esa mirada, plantea que existe un entramado mucho más diverso e intensivo en mano de obra que sostiene buena parte del desarrollo local, aporta valor añadido en origen y fija población en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Para apoyar esa idea, Huesca Pérez recurre a ejemplos de otros países. Menciona los olivares de España e Italia, los viñedos franceses, el café de Colombia y Brasil, el cacao de Ecuador, las frutas y el salmón del sur de Chile, las flores ecuatorianas, el azúcar de Centroamérica, la quinua boliviana o los berries mexicanos. A su entender, se trata de actividades cuya fortaleza depende menos de la escala y más del conocimiento, la calidad y la organización comercial.

En el caso argentino, repasa una red muy amplia de producciones repartidas por todo el país. Cita la vitivinicultura de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y la Patagonia; la yerba mate y el té de Misiones y Corrientes; el tabaco del NOA y del NEA; los cítricos del Litoral y del NOA; las peras y manzanas del Alto Valle; las cerezas y frutas finas patagónicas; el algodón del Chaco y Santiago del Estero; el azúcar de Tucumán y Jujuy; el olivo cuyano; los frutos secos de Cuyo y el NOA; el arroz del Litoral; el maní cordobés; la actividad forestal del NEA y la Mesopotamia; la lana ovina patagónica; el lúpulo de la Comarca Andina; las hortalizas de los cinturones verdes; las legumbres del norte; la apicultura, la floricultura y la producción caprina del noroeste.

Huesca Pérez afirma que la mayor parte de estas cadenas está formada por pequeños productores. Según expone, ese tamaño limitado reduce el acceso al crédito, a la incorporación de tecnología, a la innovación, a la certificación de calidad, a la logística y al valor añadido. Añade que, mientras la producción sigue atomizada, industrias, supermercados, exportadores, operadores logísticos y grandes cadenas comerciales concentran cada vez más poder de negociación. En ese reparto, sostiene, el productor asume buena parte del riesgo climático, financiero y productivo y recibe una porción menor de la renta final.

Frente a esa situación, propone fórmulas de organización colectiva. Cita cooperativas modernas, consorcios de exportación, asociaciones de productores, clústeres regionales y alianzas estratégicas como vías para vender con mayor escala, compartir inversiones, acceder a tecnologías, desarrollar marcas colectivas y mejorar la logística sin perder autonomía empresarial. En su planteamiento, la colaboración en compras, transporte o comercialización puede convivir con la rivalidad entre empresas en el mercado.

El analista reclama además una política nacional de largo plazo para estas actividades. Defiende un plan estratégico basado en acuerdos que vayan más allá de los cambios de gobierno e incluyan programas permanentes de formación empresarial y tecnológica, asistencia técnica, innovación, financiación, infraestructuras rurales, conectividad, logística, apertura de mercados y promoción comercial. También pide incentivos concretos para el asociativismo productivo. En ese punto, cuestiona el modelo de SAPEM de La Rioja y sostiene que la presencia de empresas públicas en actividades productivas perjudica a los pequeños productores.

Huesca Pérez añade que las ayudas públicas, cuando existan, deberían dirigirse sobre todo a crear capacidades permanentes y no solo a atender emergencias coyunturales. En su opinión, la inversión en organización, conocimiento e innovación ofrece un retorno más útil para estas cadenas que una política centrada únicamente en la asistencia puntual.

Para respaldar su diagnóstico, cita datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Según esas cifras, las economías regionales reúnen más de 30 cadenas productivas y agroindustriales y generan alrededor de 1,27 millones de puestos de trabajo, aproximadamente la mitad del empleo de la agroindustria argentina. El autor considera que ese rasgo es especialmente relevante porque se trata, en gran medida, de actividades intensivas en mano de obra y muy ligadas al territorio.

En comercio exterior, el análisis recoge que las exportaciones de las economías regionales argentinas alcanzaron US$ 8.749 millones en 2024, un 23,8% más que en 2023. Las importaciones fueron de US$ 2.004 millones, con un superávit comercial de US$ 6.745 millones. Para Huesca Pérez, esas cifras muestran que estas actividades no solo sostienen empleo y actividad económica en el interior, sino que también aportan divisas a la economía argentina.

El ingeniero agrónomo advierte, no obstante, de que medir solo los dólares exportados puede dar una imagen incompleta. Señala que una hectárea de vid, frutas, cítricos, tabaco, yerba mate, té u horticultura requiere mucha más mano de obra que una hectárea dedicada a producciones extensivas. Por eso, afirma que una cadena puede registrar un volumen exportador menor y, aun así, generar más empleo, más actividad industrial y más movimiento económico local.

Como ejemplo, menciona la vitivinicultura, a la que atribuye una intensidad de empleo por hectárea muy superior a la de los grandes cultivos extensivos. Extiende ese razonamiento a buena parte de la fruticultura y la horticultura, donde las tareas de poda, cosecha, selección, envasado, industrialización y comercialización elevan la necesidad de mano de obra a lo largo de toda la cadena.

A su juicio, el valor de estas producciones también se mide en términos de arraigo. Sostiene que cada explotación que desaparece implica menos familias viviendo en el interior, menos actividad comercial en los pueblos y menos alumnos en las escuelas rurales. Desde esa perspectiva, plantea que reforzar las economías regionales no es solo una decisión agropecuaria, sino una forma de sostener la base productiva y social de amplias zonas del país.