La UE impone un arancel fijo de 3 euros

La Unión Europea aplica desde este martes, 1 de julio, un nuevo derecho de aduana fijo de 3 euros para los envíos de bajo valor procedentes de países terceros y pone fin a la exención que hasta el pasado 30 de junio beneficiaba a las importaciones de hasta 150 euros. La medida, publicada en el Diario Oficial de la UE mediante el Reglamento Delegado (UE) 2026/1022 y apoyada por otras normas ya aprobadas, estará en vigor hasta el próximo 1 de julio de 2028.

El cambio afecta a las ventas a distancia, en especial al comercio electrónico dirigido al consumidor final. Según la información difundida por Baker McKenzie en su Global Import Blog, el nuevo derecho se aplicará a las mercancías incluidas en envíos de hasta 150 euros importadas desde fuera de la UE. A partir de esa fecha, dejará de operar la antigua franquicia aduanera para pequeños paquetes y, cuando termine el periodo transitorio en 2028, volverán a aplicarse los aranceles ordinarios según la naturaleza del producto.

La tasa no se calcula por paquete, sino por artículo entendido como categoría arancelaria. Ese matiz cambia el importe final que puede pagar cada envío. Un paquete con cinco camisetas genera un solo cargo de 3 euros si todas entran en la misma clasificación. En cambio, un envío con una camiseta y un reloj suma 6 euros, al tratarse de dos categorías distintas. La administración francesa, a través del portal oficial Service Public, ha explicado este mismo criterio con otros ejemplos: dos juguetes, un abrigo y dos frascos de perfume suman 9 euros; tres camisetas y un par de zapatos, 6 euros.

La obligación de pago recae, por regla general, sobre el declarante aduanero. En la práctica, eso significa que responderán el vendedor, el importador, el operador inscrito en la ventanilla única de importación para el IVA o su representante indirecto. Solo en casos residuales podría recaer sobre el consumidor, y únicamente en los Estados miembros que ofrezcan un sistema gratuito de declaración web para particulares.

La norma tiene un alcance amplio. Baker McKenzie señala que cubre los bienes vendidos a distancia con independencia del sistema de IVA utilizado, ya sea IOSS, regímenes especiales o el sistema ordinario. Quedan fuera algunos productos amparados por acuerdos comerciales preferenciales o por medidas de unión aduanera en supuestos concretos. El despacho añade que la aplicación práctica será extensa y alcanzará buena parte de los flujos de comercio electrónico que entran en la UE.

Además del nuevo derecho fijo, Bruselas prepara nuevas exigencias de trazabilidad. Desde el próximo 1 de noviembre será obligatorio declarar identificadores de producto para reforzar los controles aduaneros y facilitar la detección de mercancías inseguras o que no cumplan la normativa europea. Esa información podrá aportarse ya de forma voluntaria desde este martes, 1 de julio.

Las autoridades europeas separan esta medida del futuro recargo administrativo que sigue en discusión dentro del paquete de reforma aduanera. No se trata del mismo instrumento. El derecho fijo de 3 euros ya está en vigor, mientras que esa posible tasa adicional por gestión todavía no tiene todos sus detalles cerrados. Service Public indica que esa retribución europea por gastos de gestión podría empezar a aplicarse el próximo 1 de noviembre para ayudar a cubrir controles y seguimiento aduanero.

Francia ha adaptado su esquema nacional a este cambio europeo. El portal oficial del Gobierno francés informó este martes, 1 de julio, de la suspensión del impuesto francés sobre pequeños paquetes que estaba vigente desde el pasado 1 de marzo. La razón es la entrada en vigor del nuevo derecho comunitario, que pasa a regir para todos los envíos afectados dentro del mercado europeo.

El Consejo de la Unión Europea ya había avanzado el pasado 12 de diciembre de 2025 su intención de actuar ante la llegada masiva de pequeños paquetes al mercado comunitario. Según recordó Service Public al citar ese anuncio, Bruselas justificó la intervención por varios motivos: la ausencia previa de derechos aduaneros para estos envíos generaba una ventaja para vendedores extracomunitarios frente a empresas radicadas en la UE y también abría dudas por su impacto ambiental y por la presión sobre los sistemas de control.

Para el sector de bebidas, la medida puede tener efectos directos en las compras pequeñas hechas por internet desde fuera de la Unión. En vinos, cervezas artesanas o destilados vendidos al consumidor final desde terceros países, cada referencia incluida en un pedido puede alterar el importe aduanero total si pertenece a categorías distintas o exige una clasificación más precisa. Eso puede elevar el precio final en operaciones B2C de poco valor y obligar a plataformas, importadores y vendedores a revisar su operativa fiscal y documental.

En el caso del vino y otras bebidas alcohólicas, el cambio llega además a un ámbito ya sujeto a controles específicos por impuestos indirectos, etiquetado y requisitos sanitarios. Aunque el nuevo derecho no sustituye esas obligaciones, sí añade una capa más al proceso para operadores que trabajen con envíos unitarios o con cestas mixtas dirigidas al cliente particular dentro de la UE.

La reforma también puede influir en la estrategia comercial de algunas tiendas online especializadas en bebidas premium fuera del mercado comunitario. Si hasta ahora podían enviar botellas o pequeños lotes con una carga aduanera limitada gracias a la exención para importes bajos, desde este martes deben incorporar ese nuevo pago fijo al cálculo final del pedido o asumirlo dentro de su margen.

El cambio normativo forma parte del ajuste más amplio que prepara la UE sobre aduanas y comercio electrónico. Con él, Bruselas busca reforzar el control sobre millones de pequeños envíos que llegan cada año desde terceros países y corregir una excepción histórica que había quedado desfasada por el volumen actual del comercio digital transfronterizo.