Ribera del Duero reclama recuperar el control ambiental para proteger un sector de 1.333 millones

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero presentó este miércoles, 1 de julio, el «Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido», una iniciativa con la que pide a la Junta de Castilla y León una ordenación del suelo que sea compatible con la protección del patrimonio vitivinícola, paisajístico y turístico de la comarca. La presentación se celebró en Roa y, según informa la propia denominación, el texto cuenta ya con el respaldo de bodegas, cooperativas, viticultores, ayuntamientos y consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas.

La petición se centra en la implantación de instalaciones ganaderas intensivas y plantas de biogás dentro del ámbito de la denominación. El Consejo Regulador sostiene que la Ribera del Duero representa un modelo de desarrollo territorial construido durante décadas y que puede verse afectado si falla la regulación sobre determinados usos del suelo.

El manifiesto sitúa el origen del problema en la normativa aprobada en Castilla y León durante la pandemia. En concreto, señala que el Decreto-Ley 4/2020 eliminó para numerosas instalaciones ganaderas la obligación de obtener licencia ambiental ordinaria y abrió un régimen de comunicación ambiental que, a juicio de los firmantes, permite autorizar explotaciones con impacto relevante sin una evaluación técnica previa suficiente.

Para sostener esa posición, la denominación se apoya en un informe técnico elaborado en 2021 por el Gabinete de Ingeniería Rural para el propio Consejo Regulador, identificado con el expediente BU-032/21. Ese trabajo, según explica la entidad, identifica los compuestos que generan estas instalaciones y las distancias a las que pueden afectar a los viñedos y al trabajo en las bodegas.

El presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, afirmó durante la presentación que la iniciativa no va dirigida contra la ganadería ni contra otros sectores de la economía rural. En sus palabras, se trata de una propuesta a favor de una ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos. Pascual añadió que, a su juicio, el problema no es la actividad ganadera en sí, sino una regulación que no distingue entre instalaciones compatibles y otras que dejan de serlo por su tamaño, su proximidad o su impacto acumulado.

Entre las medidas que plantea el manifiesto figura la recuperación de la licencia ambiental ordinaria como requisito para toda instalación ganadera intensiva situada en el ámbito de la denominación, sin excepciones por tamaño. También reclama establecer distancias mínimas de protección con base técnica objetiva respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y núcleos rurales.

Los firmantes piden además revisar el Decreto-Ley 4/2020 para sustituir el actual régimen de comunicación ambiental por un procedimiento de evaluación proporcional al tamaño de la instalación, su ubicación y el impacto acumulado. A eso añaden la necesidad de dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación que les permitan actuar con seguridad jurídica y sin exposición a responsabilidad patrimonial.

Otra de las demandas es la creación de un mecanismo estable de consulta y coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la consejería competente. La denominación considera que esa vía permitiría ordenar mejor la convivencia entre actividades productivas dentro del territorio protegido.

El Consejo Regulador vincula esta reclamación al peso económico y social de la Ribera del Duero. Según un estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers por encargo de la propia entidad en noviembre de 2025, la denominación genera un impacto directo e inducido de 1.333 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 20.916 empleos directos e indirectos en su área de influencia y aporta 459 millones de euros anuales en recaudación fiscal.

A esas cifras se añade su actividad vinculada al enoturismo. La denominación cifra en más de 600.000 los visitantes recibidos en 2023 y presenta ese flujo como uno de los elementos que refuerzan la actividad económica y la fijación de población en una zona expuesta al despoblamiento.

La declaración permanece abierta a nuevas adhesiones. Hasta este miércoles, 1 de julio, había sido suscrita por bodegas, cooperativas y viticultores de la denominación, además de consejos reguladores de otras denominaciones de origen como Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena o Arlanza. También se han incorporado asociaciones empresariales del sector, entidades locales y firmantes a título individual.

El texto se dirige en primer lugar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Con esta iniciativa, la denominación busca que la Administración autonómica reordene el marco normativo aplicable a las explotaciones ganaderas intensivas y a las plantas de biogás dentro de su territorio.