El sector del vino teme perder ayudas específicas si se centralizan los fondos europeos

Este miércoles, 2 de julio, catorce países de la Unión Europea, entre ellos España, Italia y Portugal, han rechazado de forma oficial la propuesta de la Comisión Europea para centralizar los fondos comunitarios. Esta decisión ha abierto un debate sobre el futuro de las ayudas a la agricultura y el desarrollo regional, con especial atención al sector del vino. La propuesta de Bruselas busca agrupar los fondos en planes nacionales únicos, siguiendo el modelo del fondo de recuperación post-covid. Sin embargo, este planteamiento choca con la tradicional Política de Cohesión, que ha sido clave para el desarrollo de las zonas rurales y el mantenimiento del sector vitivinícola.

La discusión se centra en cómo se gestionarán los fondos del próximo presupuesto plurianual (MFP 2028-2034). Los países firmantes quieren mantener el sistema actual, donde los fondos se distribuyen a través de programas regionales específicos. Por otro lado, la Comisión Europea propone una centralización que condicione el desembolso a reformas e inversiones nacionales.

Si se mantiene el modelo actual, los países como España, Italia y Portugal seguirán recibiendo ayudas específicas para el sector del vino. Estas ayudas incluyen programas para la reestructuración y reconversión de viñedos, inversiones en bodegas y promoción internacional. Las regiones con Denominación de Origen o con problemas como despoblación u orografía complicada seguirían siendo atendidas según sus necesidades concretas. Esto permitiría que zonas como La Rioja, la Toscana o el Duero mantuvieran su tejido socioeconómico y su singularidad. Además, bodegas y viticultores podrían planificar sus inversiones a largo plazo con mayor seguridad.

Francia no figura entre los firmantes pero es uno de los mayores beneficiarios de la Política Agrícola Común. Mantener la estructura actual le garantiza un flujo constante de fondos y un sistema que conoce bien. Alemania, por su parte, suele defender una mayor condicionalidad y eficiencia en el gasto. Aunque podría ver esta situación como una oportunidad perdida para impulsar reformas en otros países, su propio sector vitivinícola también recibe ayudas al desarrollo rural.

Si finalmente se aprueba la centralización propuesta por Bruselas, el sector del vino podría verse perjudicado en varios aspectos. En primer lugar, perdería prioridad regional y tendría que competir con otros sectores estratégicos dentro de cada país. Esto dificultaría que comarcas vitivinícolas pequeñas o con problemas específicos reciban la atención necesaria. Además, el desembolso de fondos estaría vinculado al cumplimiento de reformas nacionales, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de las ayudas si un gobierno no cumple con los acuerdos pactados en áreas ajenas a la agricultura. La gestión pasaría a depender más del gobierno central que de las autoridades regionales, lo que podría aumentar la burocracia y alejar las ayudas del beneficiario final.

Otro riesgo es que la fusión de fondos sirva para reducir el presupuesto destinado al desarrollo rural y agrario. Según algunos representantes regionales europeos, detrás del argumento de simplificación puede esconderse una reducción real en las ayudas.

Alemania impulsa este modelo porque considera que fomenta la competitividad y disciplina fiscal. Su economía depende menos de los fondos agrícolas y ve ventajas en tener mayor control sobre el destino del dinero europeo. Francia se encuentra en una posición intermedia: aunque comparte con Alemania la idea de una Unión Europea más competitiva, su sector agrario depende mucho de las ayudas directas y programas específicos. Una centralización podría perjudicar gravemente a sus agricultores y viticultores.

La decisión final sobre cómo se gestionarán estos fondos tendrá consecuencias directas para miles de explotaciones y bodegas europeas. El resultado afectará tanto a grandes regiones productoras como a pequeñas zonas rurales cuya economía gira en torno al vino. El debate sigue abierto en Bruselas mientras los países implicados buscan defender sus intereses ante una posible reforma presupuestaria que puede cambiar el panorama del vino europeo durante los próximos años.