El 1 enero entra en vigor un nuevo modelo de plantación de viñedos, vigente hasta el 2030

El sector del vino despedirá el 31 de diciembre el tradicional sistema de derechos de plantación de viñedo que ha regido el cultivo en la Unión Europea (UE) durante los últimos 30 años; desde el 1 enero entra en vigor un nuevo modelo de autorizaciones, que estará vigente hasta el año 2030.

Con la llegada de 2016, el titular deberá contar con una autorización administrativa para poder plantar -que ya no será transferible como ocurría con los derechos- y con una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión.

Para poder obtener una autorización para plantar viñedo la norma comunitaria establece tres vías: por arranque de un viñedo, por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015 o bien a partir de un cupo que se pondrá a disposición anualmente y que será como máximo del 1 % de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior ("cláusula de salvaguarda").

Podrán establecerse normas para la limitación de replantaciones o de nuevas plantaciones en DOPs e IGPs, o en otras zonas en función de las recomendaciones de las organizaciones profesionales.

Se valora no haber optado por la liberarización y evitar una crisis como la láctea

NO GUSTA, PERO SE ACEPTA

A los viticultores no les gusta el nuevo sistema introducido en la OCM del vino, pero al menos valoran que la Unión Europea (UE) no ha optado por la liberalización, que tantos problemas ha provocado en el lácteo.

"Hay que adaptarse, no queda más remedio", explica el responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, quien recuerda que, con el viejo sistema, algunos profesionales aprovechaban para vender derechos para afrontar una jubilación más cómoda; esto ya no será posible desde enero.

El responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno, explica que, a corto plazo, un eventual aumento del 1% de las plantaciones no tendría impacto en el mercado, pero sí podrían llegar tensiones en caso de que haya sucesivos incrementos cada año; más aún si coinciden con momentos de altas cosechas.

Por su parte, fuentes de UPA -organización que también criticó en su momento que suponía "una pérdida patrimonial importante para los agricultores"-, piden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que impida la autorización de nuevas plantaciones durante los próximos dos años.

"El peligro del exceso de oferta es ya notable y, a pesar de que hemos ido salvando las campañas gracias a la exportación, ésta se ha realizado a costa del hundimiento de los precios del vino y, por consiguiente, de las uvas y de los viticultores, cuya rentabilidad ha descendido notablemente en los últimos años", aseguran desde UPA.

El potencial productivo de viñedo en España se sitúa en 1.026.747 hectáreas, cantidad que suma la superficie actual de 958.697 hectáreas y otras 68.051 pendientes de ejecución, de aquí al 2023.

En cuanto a las Denominaciones de Origen, pocos Consejos Reguladores se han pronunciado sobre posibles limitaciones para el primer año del nuevo sistema.

La DOCa Rioja es de las pocas que ha informado sobre su estrategia: propone un incremento de 387 hectáreas, un 0,6 % sobre las 64.526 hectáreas actuales, para cada uno de los tres años en que se ha centrado la planificación -2016, 2017 y 2018-, sin perjuicio de una eventual revisión de lo planteado para estos dos últimos ejercicios, en función de las ventas.

Según la Conferencia que reúne a los Consejos Reguladores, la Cecrv, "el espíritu" del nuevo sistema de autorizaciones es positivo porque busca que la oferta se ajuste a la demanda y evitar una sobreproducción o devaluación significativa de una DOP o de una IGP.

Sin embargo, debería haber pormenorizado, a su juicio, el porcentaje de crecimiento anual por zonas de producción. "Faltan también disposiciones o garantías para evitar riesgos de crecimiento encubierto de plantaciones en determinadas zonas, vía replantaciones", ya que la norma especifica que se podrá replantar dentro de la misma explotación en la que se produjo el arranque pero el concepto de explotación "es muy amplio", plantea la Cecrv.

¿El riesgo? "Podrían arrancarse y replantarse viñas dentro de una misma explotación, pero en diferentes zonas de producción", indica.

El secretario general de la patronal de las bodegas FEV, Pau Roca, cree que, con la cláusula de salvaguarda, el crecimiento del viñedo europeo no sería suficiente para responder a las necesidades de vino del mercado mundial.

Para España, opina, "no está mal" este porcentaje, aunque la situación del viñedo no es la misma, ya que "hay lugares donde sobre vino y otros donde falta". Además, "a lo mejor ni siquiera es necesario" aplicar el alza del 1 % en nuestro país, ya que hay capacidad de crecer en extensión con las miles hectáreas que hay "en cartera" (pendientes de plantar).

Entre sus dudas, Roca se pregunta cómo se van a controlar las nuevas plantaciones de viñedos calificados en las Denominaciones. "Lo mejor sería delimitar, como ocurre en Borgoña, parcela por parcela lo que es apto y lo que no" para producir vinos con DO.

El cambio jurídico desde los antiguos derechos a las nuevas autorizaciones "no es tanto una pérdida de valor patrimonial, sino más bien de dominio patrimonial" para el viticultor, afirma. Sostiene, incluso, que los agricultores que tengan autorizaciones en su poder podrían ver incrementar el precio de la hectárea de viña.

Gines Mena / EFE