Nueve países del vino pactan reglas para que la sostenibilidad no frene el comercio

El acuerdo propone controles por resultados y más margen para adaptar etiquetado y certificaciones en mercados exteriores

martes 17 de noviembre de 2026

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Nueve países del vino pactan reglas para que la sostenibilidad no frene el comercio

Los gobiernos de nueve países productores de vino integrados en el World Wine Trade Group (WWTG) aprobaron el pasado 2 de noviembre en Stellenbosch, Sudáfrica, unos principios voluntarios y no vinculantes para que las políticas de sostenibilidad no provoquen efectos injustificados o no previstos sobre el comercio del vino. El acuerdo, bautizado como Principios de Stellenbosch, busca compatibilizar los objetivos ambientales con la circulación internacional de productos vitivinícolas.

La decisión se adoptó durante la reunión anual del WWTG, celebrada entre el pasado 1 y el 4 de noviembre bajo la presidencia de Sudáfrica. El grupo reúne a representantes de gobiernos y del sector de Argentina, Australia, Canadá, Chile, Georgia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos y Uruguay. Fundado en 1998, su función es facilitar el comercio internacional del vino mediante el intercambio de información, el debate sobre regulación en los mercados y acciones conjuntas para retirar barreras comerciales.

El WWTG plantea que estos principios sirvan de guía cuando los países diseñen normas ambientales aplicables al vino. La idea de fondo es que la sostenibilidad no se traduzca en exigencias que dupliquen controles, impongan trámites innecesarios o obliguen a aplicar un mismo modelo de producción en realidades agrícolas distintas. El grupo sostiene que una aplicación de este tipo puede favorecer la adaptación de los productores, ampliar las opciones del consumidor, mejorar la eficiencia y mantener abiertos los flujos comerciales.

El primer bloque de medidas se centra en evitar restricciones injustificadas y costes de cumplimiento excesivos. Los gobiernos del grupo consideran que las normas no deberían imponer fórmulas únicas para todos los países, porque las condiciones de cultivo, de producción y ambientales cambian de una zona a otra. Por eso, proponen que la verificación se base en resultados y no en la obligación de seguir métodos concretos de viñedo o de bodega.

Dentro de ese mismo principio, el WWTG pide que se valore la aceptación de enfoques aplicados por otros países, aunque no sean idénticos, siempre que cumplan de forma adecuada los objetivos públicos perseguidos. También recomienda que las medidas se apoyen en normas, guías o recomendaciones internacionales cuando existan, salvo si esas referencias no sirven o no son apropiadas para el fin buscado.

El texto añade varias vías para reducir cargas administrativas. Entre ellas figuran el uso de declaraciones de conformidad del proveedor para acreditar el cumplimiento, la aceptación de sistemas de certificación privados cuando se exija verificación por terceros y la posibilidad de recurrir a entidades no gubernamentales para esa evaluación. Además, el grupo plantea que cualquier obligación de información o de diligencia debida se limite a los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de la norma.

Otro punto con posible efecto directo en las exportaciones es la referencia a las etiquetas digitales. Los gobiernos del WWTG consideran que esta herramienta puede servir para ofrecer información sobre sostenibilidad, incluida la eliminación de envases, su reutilización o su reciclaje. Para las bodegas, este tipo de solución puede aliviar el problema de tener que adaptar el etiquetado físico a requisitos distintos en cada mercado. Si estas orientaciones se trasladan a normas nacionales, el acceso a determinados destinos podría depender menos de certificaciones o formatos documentales diferentes, una cuestión que también observan otras ramas del negocio de bebidas con presencia exterior.

El segundo principio gira en torno a decisiones basadas en la ciencia y en la evaluación del riesgo. El grupo pide usar la mejor evidencia disponible y tener en cuenta el riesgo de incumplimiento de las medidas, también mediante análisis de riesgo. Junto a ello, propone estudiar la aceptación de tecnologías nuevas e innovadoras que puedan facilitar el comercio y, al mismo tiempo, favorecer prácticas agrícolas más sostenibles.

Los países del WWTG también apuestan por divulgar mejor la información científica sobre el papel de esas tecnologías en la reducción del impacto ambiental de la producción de vino. Esa referencia incluye tanto la fase agrícola como la elaboración, y apunta a un debate que gana peso en muchos mercados: qué herramientas tecnológicas pueden admitirse para reducir insumos, gestionar mejor el agua o mejorar la trazabilidad sin cerrar la puerta a productores de otros países.

El tercer principio se dirige al proceso regulatorio. Los gobiernos del grupo defienden que las nuevas medidas se notifiquen conforme a los procedimientos previstos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio. También piden transparencia y participación de las partes afectadas durante la elaboración de normas, así como cooperación técnica e intercambio de información con socios comerciales y con otros actores del sector.

Uno de los puntos más concretos del acuerdo es el plazo de adaptación. Salvo en circunstancias urgentes, el WWTG considera que debe mediar un periodo razonable, de al menos seis meses, entre la publicación de una medida y su entrada en vigor. El objetivo es dar tiempo a viticultores y bodegas de los países exportadores para ajustar sus prácticas o sus métodos de producción a los nuevos requisitos.

Ese margen, añade el grupo, debe tener en cuenta las campañas agrícolas del país de origen y unos calendarios de transición que protejan el vino ya elaborado y almacenado. En la práctica, esa previsión busca evitar que una nueva exigencia ambiental deje fuera del mercado partidas producidas antes de la entrada en vigor de la norma o que obligue a rehacer procesos en mitad del ciclo de cultivo.

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