Italia reduce a 45 días los trámites para autorizar terrazas

Italia se dispone a acortar a 45 días el plazo para tramitar las autorizaciones culturales y paisajísticas necesarias para instalar o regular terrazas de bares, restaurantes y hoteles. El cambio forma parte de una reforma aprobada de manera preliminar este miércoles, 28 de octubre, por el Consejo de Ministros y puede reducir en hasta 75 días unos procedimientos que, por la vía ordinaria, pueden alcanzar los 120.

La iniciativa ha sido preparada de forma conjunta por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Empresas y del Made in Italy. El primero interviene en la protección del patrimonio cultural y paisajístico, mientras que el segundo actúa sobre la regulación de la actividad empresarial. Los ayuntamientos, al mismo tiempo, conservan sus competencias sobre la ocupación del espacio público.

El proyecto incorpora además el mecanismo de silencio administrativo positivo. En la práctica, si la administración no resuelve dentro del plazo fijado, la autorización se entenderá concedida. La reforma también limita estos controles a los espacios directamente próximos a bienes de excepcional valor cultural, con la intención de concentrar la tutela patrimonial en las zonas más sensibles.

La aprobación, por ahora, es solo preliminar. Las nuevas condiciones no han entrado todavía en vigor y deben completar su tramitación. FIPE-Confcommercio, la federación italiana de los establecimientos públicos, confía en que el decreto quede aprobado antes de que termine 2026, como prevé la ley.

La patronal del sector ha recibido el proyecto con una valoración favorable. La organización considera que el sistema abre la puerta a una regulación más estable tras dos años de prórrogas y entiende que da más seguridad a las empresas para planificar inversiones y organizar su actividad con plazos definidos.

FIPE sostiene que los negocios de hostelería no reclaman menos controles, sino normas claras y procedimientos más simples. A su juicio, contar con tiempos cerrados para obtener permisos permite invertir con más previsión, renovar servicios y mantener empleo. La federación vincula esa seguridad jurídica con la posibilidad de que las empresas trabajen con mayor confianza.

La organización también defiende que las terrazas no son solo una ocupación de suelo público. En su valoración, cumplen una función de vida social, presencia en la calle y regeneración de espacios urbanos. Añade que el nuevo esquema reconoce el papel del sector en el cuidado del decoro urbano y en una oferta de calidad, siempre dentro del respeto a la identidad histórica y arquitectónica de las ciudades.

La regulación de las terrazas tiene un efecto directo sobre la capacidad exterior de los locales y sobre decisiones de inversión que suelen requerir tiempo, desde el mobiliario hasta la adaptación de espacios. Por eso, la reducción del plazo administrativo figura entre los puntos con más impacto para bares, restaurantes y hoteles, en especial en áreas sujetas a protección cultural o paisajística.

FIPE entiende, además, que el modelo planteado responsabiliza de forma directa a los operadores y apuesta por acuerdos y criterios generales compartidos entre los entes locales y el Ministerio de Cultura. Con esa fórmula, la federación ve posible compatibilizar la protección del patrimonio con la actividad económica en las ciudades italianas.