Alemania respalda ampliar la protección de los proveedores frente a abusos en la cadena alimentaria

Alemania ha recibido de forma favorable la iniciativa de ocho países de la UE para reforzar la protección de los proveedores frente a las prácticas comerciales abusivas en la cadena alimentaria, aunque por ahora no se ha aprobado ningún cambio normativo. La patronal alemana de la industria alimentaria, la Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), sostiene que la revisión de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales debe traducirse en reglas más amplias y en una aplicación más eficaz.

El debate tomó forma este lunes, 26 de octubre, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Allí se analizó cómo mejorar la protección de los proveedores, después de que Bulgaria, Croacia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia y Hungría presentaran una declaración conjunta. Esos ocho Estados reclaman suprimir los umbrales de facturación que limitan qué empresas pueden acogerse a la protección, ampliar la lista de prácticas prohibidas y aplicar las normas con más firmeza.

La BVE considera que esos puntos coinciden con sus principales peticiones. La organización defiende que quien denuncie una práctica abusiva no deba temer por sus relaciones comerciales, una cuestión que sitúa en el centro de la reforma. En esa línea, reclama una mejor protección del anonimato de los denunciantes y un derecho de acción colectiva más sólido para las asociaciones, con el fin de que los proveedores puedan reclamar sin riesgo de sufrir perjuicios económicos.

Uno de los elementos más discutidos es el límite de 350 millones de euros de facturación que marca qué proveedores quedan protegidos por la directiva. La patronal alemana pide eliminar ese umbral y extender la cobertura con independencia del tamaño de la empresa. Francia y Rumanía ya se han mostrado a favor de esa idea en las conversaciones europeas, mientras que Alemania ha optado por una posición de apoyo prudente: el Gobierno alemán ha dicho que estudiará las propuestas con cuidado durante el proceso de negociación.

La directiva europea sobre prácticas comerciales desleales se aplica a las relaciones entre proveedores y compradores en la cadena agroalimentaria. Su revisión puede afectar a un número amplio de fabricantes, desde grandes grupos hasta productores medianos que venden a la distribución. En un mercado como el alemán, con un peso notable de la gran distribución, cualquier cambio en el alcance de la norma puede alterar la posición negociadora de bodegas, cerveceras, destilerías y otras empresas de bebidas que suministran a supermercados y cadenas minoristas. Si se elimina el umbral de facturación, más compañías podrían quedar amparadas por las mismas garantías.

La declaración impulsada por los ocho Estados también pide a la Comisión Europea que examine la posible implantación de una prohibición en toda la UE de las ventas de productos agrarios y alimentarios por debajo de los costes de producción. Ese punto no reúne el mismo respaldo. El ministro federal alemán de Agricultura, Alois Rainer, advirtió de que una medida de ese tipo podría añadir burocracia si se vincula a los costes de producción. La BVE tampoco apoya esa prohibición, pese a coincidir con la iniciativa en otros apartados.

Esa diferencia muestra que la discusión europea no gira solo en torno a si hace falta más protección, sino también sobre la forma concreta que deben adoptar las nuevas reglas. La patronal alemana pide una aplicación más uniforme en toda la UE y una ejecución más estricta, al entender que las normas actuales no ofrecen una cobertura suficiente en la práctica diaria de las relaciones comerciales. Su planteamiento pasa por reforzar la capacidad real de reclamar y por reducir el temor de los proveedores a perder contratos si denuncian abusos.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, confirmó que la Comisión trabaja ya en una revisión específica de la directiva. Su objetivo, según trasladó en el debate, es mejorar la aplicación de la norma y aclarar o ampliar algunas disposiciones ya existentes. La presentación de la propuesta se espera para diciembre o para comienzos de 2027.

Hasta entonces, la negociación seguirá abierta entre los Estados miembros y las instituciones europeas. En el Consejo no se aprobaron cambios este lunes, 26 de octubre, pero sí quedó patente que varios países quieren elevar el nivel de protección frente a las prácticas comerciales abusivas. Alemania se ha sumado a esa línea de discusión, aunque con reservas sobre algunas medidas concretas.

Para la industria alimentaria alemana, el asunto tiene una derivada inmediata: el equilibrio de poder entre proveedores y grandes compradores. La BVE sostiene que unas reglas más claras y una ejecución homogénea en toda la UE ayudarían a corregir situaciones en las que los fabricantes asumen una posición débil en la negociación. En el caso de las bebidas, esa posible reforma puede tener efectos en contratos, plazos, promociones, devoluciones o cambios unilaterales de condiciones, aspectos sensibles para empresas que venden grandes volúmenes a la distribución.

La siguiente fase dependerá del texto que presente la Comisión y de la capacidad de los Gobiernos para acercar posiciones sobre el alcance de la protección, la lista de prácticas prohibidas y el modo de hacer cumplir la norma en los distintos mercados nacionales. Mientras tanto, la patronal alemana insiste en que la reforma debe ir más allá de ajustes menores y ampliar la cobertura real para los proveedores del sector alimentario.