Barranco Oscuro denuncia obras de Cuerva en el tramo de línea eléctrica que sigue en los tribunales

La bodega Barranco Oscuro, situada en la Alpujarra granadina, denunció este martes, 27 de octubre, que la empresa Cuerva ha ejecutado de forma acelerada las cimentaciones de cuatro apoyos de una línea eléctrica que atraviesa sus viñedos y pasa junto a una vivienda familiar, en un tramo que sigue sometido a discusión en los tribunales. La propiedad cuestiona tanto la legalidad de las obras como el despliegue de la Guardia Civil y la presencia de vigilancia privada en el entorno de las fincas.

La actuación a la que se refiere la bodega afecta a los apoyos 35 a 38 de la infraestructura. Barranco Oscuro sostiene que se trata de los únicos puntos del trazado incluidos en un recurso contencioso-administrativo contra la declaración de utilidad pública y recuerda que ha pedido medidas cautelares para evitar daños mientras se resuelve ese procedimiento. La bodega añade que la decisión judicial sobre esa petición está próxima.

Según la empresa vitivinícola, la pasada semana se realizaron en pocos días excavaciones, colocación de bases y hormigonado, con el uso de helicópteros, maquinaria pesada, presencia de agentes de la Guardia Civil y vigilancia privada durante la noche. Barranco Oscuro afirma que ese ritmo de ejecución contrasta con varios intentos previos de iniciar los trabajos durante el verano que, a su juicio, no llegaron a materializarse por objeciones legales y administrativas planteadas por los propietarios.

El núcleo de la protesta se centra en una pregunta: qué cambió entre aquellos intentos de agosto y la ejecución llevada a cabo en octubre. La bodega asegura que entonces advirtió de deficiencias en la documentación, discrepancias entre lo que se pretendía hacer y lo autorizado, y dudas sobre la vigencia de la autorización de construcción aprobada en octubre de 2024, que fijaba un plazo de ejecución de 18 meses. Por eso reclama que las administraciones aclaren si hubo nuevas resoluciones, una modificación del proyecto o una ampliación del plazo.

Barranco Oscuro sostiene que los propietarios no recibieron la documentación que, a su juicio, permitiría comprobar si las actuaciones realizadas se ajustaban a todas las condiciones exigibles. También afirma que, durante las obras, no se les mostraron autorizaciones relativas a cambios del proyecto ni eventuales prórrogas, y que tampoco se les aclaró qué accesos estaban habilitados, dónde podía depositarse material o en qué zonas se permitía estacionar maquinaria.

Otro de los puntos que la bodega pone en cuestión es la dimensión del dispositivo de la Guardia Civil. Los propietarios aseguran que la oposición expresada en intentos anteriores se basó en objeciones jurídicas, documentación administrativa y peticiones de comprobación, y no en episodios violentos. A partir de esa premisa, piden que se aclare quién solicitó la presencia policial, por qué se movilizó un operativo de ese tamaño y qué instrucciones recibieron los agentes.

La bodega añade que el dispositivo impidió, en la práctica, pedir explicaciones sobre las autorizaciones vigentes y sobre la adecuación de los trabajos al proyecto aprobado. También señala que ninguna de las personas a las que pidió información, entre ellas responsables de Cuerva, operarios y agentes presentes en la zona, identificó o facilitó la documentación que justificaba de manera concreta las actuaciones en marcha.

Barranco Oscuro suma a esa crítica otra referida a las condiciones materiales de la obra. Según su versión, no existía señalización visible ni una delimitación clara de las zonas de trabajo, y por ello solicita que se revise si se cumplieron las condiciones técnicas y ambientales impuestas por la Administración. La bodega sostiene que durante los últimos meses ha presentado denuncias acompañadas de fotografías, vídeos y otros documentos sobre posibles incumplimientos.

A la presencia policial, añade la propiedad, se unió un servicio de vigilancia privada durante la noche en las inmediaciones de viviendas particulares. La bodega considera que esa medida supuso una intromisión en la privacidad de quienes residen en la finca y pide que se identifique a la empresa de seguridad contratada y se compruebe si su actuación se ajustó a la legislación del sector y a los límites de ocupación autorizados. La explotación subraya que una declaración de utilidad pública permite intervenir sobre bienes afectados, pero entiende que no ampara cualquier ocupación o vigilancia fuera de lo estrictamente autorizado.

La empresa vitivinícola vincula la rapidez de las obras con la situación judicial abierta. A su juicio, Cuerva concentró medios precisamente en el tramo donde se discuten algunas de las afecciones patrimoniales y ambientales más sensibles, en lugar de continuar por otras partes de la infraestructura. Barranco Oscuro sostiene que la instalación de cimentaciones y torres no impide que un juez adopte después otras medidas, pero sí puede hacer más difícil restaurar el terreno y reparar los daños.

La bodega también reprocha a Cuerva falta de diálogo con los propietarios. Según su relato, durante la tramitación y la ejecución se produjeron varias entradas en sus fincas sin consentimiento. Barranco Oscuro añade que esta práctica contradice lo previsto en el propio estudio de impacto ambiental de la promotora, que, según afirma, establece que los accesos a los apoyos deben acordarse previamente con los dueños de los terrenos afectados.

La discusión sobre el trazado gira además en torno a la identificación de los bienes existentes en la finca. Barranco Oscuro sostiene que la documentación expropiatoria no recogió de forma correcta elementos relevantes, entre ellos viñedos de elevado valor productivo y paisajístico y una vivienda familiar situada a unos cinco metros de uno de los apoyos. La bodega considera que una identificación adecuada de esos bienes habría obligado a revisar con más cuidado la idoneidad del trazado y las alternativas posibles.

La explotación vincula ese argumento a su propio valor agrario y cultural. Los terrenos afectados forman parte del proyecto vitivinícola de Manuel Valenzuela, al que la bodega presenta como pionero en la recuperación de los vinos de calidad de Granada, en la agricultura ecológica y en el trabajo de viñedos de montaña. Barranco Oscuro sostiene que la singularidad de esa explotación y su relación con el paisaje no fueron valoradas de forma suficiente al tramitar la línea.

También recuerda que, siempre según su interpretación del expediente, el estudio ambiental exige evitar construcciones y alejar el trazado, en la medida de lo posible, de viviendas y otros elementos sensibles. La bodega entiende que la cercanía de uno de los apoyos a la casa familiar y la afección sobre el viñedo debieron influir en la evaluación de alternativas y en una eventual revisión del recorrido.

La Junta de Andalucía aparece en la reclamación de la bodega como administración llamada a dar explicaciones. Barranco Oscuro pide que se aclare cómo se ha supervisado el cumplimiento de las condiciones de la autorización de construcción y de las medidas ambientales. La propiedad asegura que algunos hechos fueron revisados sobre el terreno por agentes de Medio Ambiente, que elaboraron informes de varias páginas, pero critica que algunas respuestas posteriores de la Administración hayan sido, a su juicio, demasiado escuetas para explicar qué comprobaciones se hicieron y qué decisiones se adoptaron.

Barranco Oscuro insiste en que la mejora del suministro eléctrico no puede justificar, en su opinión, que se aparten las condiciones legales ni los derechos de los propietarios. La bodega sostiene además que existen alternativas técnicas y de trazado, incluido el soterramiento total o parcial cuando sea viable, y reclama que esas opciones se estudien con detalle para reducir las afecciones sobre viviendas, explotaciones agrícolas y paisajes de la Contraviesa.