Italia limita al 10% el recorte del valor asegurable de la uva con denominación

El Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques de Italia, conocido como Masaf, ha introducido dos cambios que afectan de forma directa a la viticultura del país. Por un lado, ha modificado el plan de gestión de riesgos de 2026 para las pólizas agrarias bonificadas de las uvas con denominación. Por otro, ha ampliado hasta el 31 de julio de 2027 la validez de parte de las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo que caducaban en la campaña 2025/2026.

La primera medida actúa sobre los valores estándar que se usan como referencia en los seguros subvencionados de uvas DOP e IGP. El decreto limita al 10% la rebaja aplicada a esos valores en los casos en los que los recortes anteriores superaban el 25%. En la práctica, el cambio eleva el valor asegurable respecto a la situación previa en muchas pólizas de viñedo con denominación y corrige una caída que, de mantenerse, podía hacer menos atractiva la contratación para parte de los productores.

Esos valores estándar son la base sobre la que se calcula tanto la suma asegurada como la ayuda pública a la prima. Por eso, una reducción amplia del valor de referencia suele traducirse en coberturas menos ajustadas al valor real de la producción. Con el tope del 10%, el ministerio busca que los viticultores no renuncien a las pólizas bonificadas en una actividad muy expuesta a pedrisco, lluvias intensas, sequía y otras incidencias meteorológicas.

El decreto también introduce cambios para los viveros. La obligación de cobertura se remodela por código de producto y no con el criterio anterior de cobertura comunal, según recoge la información difundida sobre la medida. Además, el texto aclara reglas de cálculo complementarias para las pólizas vinculadas al Fondo Agricat, el sistema italiano de apoyo frente a riesgos catastróficos en la agricultura. Se trata de un ajuste técnico, pero con efecto práctico para empresas que trabajan con material vegetal y necesitan encajar sus seguros en varias líneas de ayuda y protección.

La segunda decisión del Masaf afecta a las autorizaciones para nuevas plantaciones vitícolas. El ministerio ha prorrogado doce meses su vigencia, hasta el 31 de julio de 2027, para las autorizaciones que vencían en la campaña 2025/2026 en las provincias de Udine y Gorizia, así como en áreas damnificadas de Sicilia y Cerdeña. La medida se dirige a explotaciones que no han podido ejecutar a tiempo sus inversiones por los daños causados por episodios meteorológicos extremos.

Con esa prórroga, las empresas conservan el derecho a plantar más adelante sin perder la autorización y sin incurrir en sanciones por no haberla usado dentro del plazo inicial. En zonas donde las lluvias violentas, el granizo, la sequía u otros episodios han alterado el calendario de trabajos y las condiciones del terreno, el aplazamiento da margen para reorganizar inversiones que suelen requerir tiempo, financiación y disponibilidad de planta.

Las dos decisiones tienen peso para el sector de bebidas porque actúan sobre dos puntos sensibles de la cadena del vino: el riesgo financiero de la cosecha y la capacidad futura de producción. Un seguro con valores de referencia menos recortados puede aliviar la exposición económica de los viticultores cuando una parte relevante de sus ingresos depende de uvas amparadas por denominaciones. Al mismo tiempo, mantener vivas las autorizaciones de plantación en zonas dañadas evita que se cierre la puerta a ampliaciones o renovaciones de viñedo que pueden influir en la oferta futura de vino.

En Italia, donde una parte amplia del valor añadido del vino procede de denominaciones ligadas a territorios concretos, los cambios en seguros y plantaciones suelen tener un efecto que va más allá de la parcela. Afectan a cooperativas, bodegas, viveros, aseguradoras y cadenas de suministro ligadas a vendimia, elaboración y comercialización. También pueden condicionar la capacidad de las empresas para mantener planes de inversión cuando el clima altera la producción o retrasa las obras en campo.

El ajuste del plan de riesgos llega, además, en un momento en el que muchas explotaciones revisan el equilibrio entre el precio de la prima, la ayuda pública y el valor real que queda cubierto. Cuando ese valor asegurado cae con fuerza, parte de los agricultores opta por reducir coberturas o salir del sistema. El tope del 10% intenta corregir ese problema en las uvas de vino con denominación, un segmento en el que la diferencia entre una cobertura suficiente y otra insuficiente puede ser amplia por el mayor valor comercial de la materia prima.

En el caso de las nuevas plantaciones, la prórroga no supone una ampliación general para todo el país, sino una medida acotada a territorios concretos. Udine y Gorizia quedan incluidas de forma expresa, junto con áreas de Sicilia y Cerdeña afectadas por siniestros climáticos. Esa limitación territorial busca adaptar la respuesta a zonas donde el daño meteorológico ha impedido completar la inversión prevista dentro del calendario ordinario.