Diez años de colaboración entre Origen España y la Guardia Civil contra el fraude alimentario

Jueves 19 de Febrero de 2026

Más de 26.000 inspecciones y 16.000 infracciones administrativas detectadas desde 2016 en la protección de DOP e IGP

La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha celebrado este jueves, 19 de febrero, el décimo aniversario de su acuerdo operativo con la Guardia Civil para combatir el fraude alimentario y proteger las Indicaciones Geográficas (IIGG). El acto conmemorativo se ha desarrollado en la sede de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid, con la presencia de representantes de ambas entidades y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El acuerdo, firmado en 2016, estableció un protocolo común para mejorar la investigación de actividades ilícitas en la producción y tráfico de alimentos. Desde entonces, la colaboración ha permitido realizar más de 26.000 inspecciones relacionadas con el fraude alimentario. Según datos presentados por la comandante Patricia Angulo, jefa del Grupo de Delitos contra el Patrimonio, se han detectado 150 infracciones penales y más de 16.000 infracciones administrativas. Además, se ha detenido e investigado a más de 570 personas y se han intervenido cerca de un millón y medio de litros de producto y más de 6.700 millones de kilos.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha señalado que este acuerdo ha sido fundamental para fortalecer la seguridad alimentaria, proteger el prestigio de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y reforzar la confianza de consumidores y productores. Pacheco ha destacado que la colaboración con la Guardia Civil ha permitido a las DOP e IGP sentirse más protegidas y valoradas frente a las amenazas de fraude.

Durante el evento, se ha anunciado que próximamente se firmará un nuevo protocolo que mantendrá el proceso de actuación en tres pasos: denuncia ante la Guardia Civil por parte de los Consejos Reguladores, actuación policial y personificación del Consejo Regulador en el proceso judicial. Este procedimiento ha sido clave para agilizar y dar rigor a las actuaciones cuando se detectan irregularidades en el mercado.

El secretario general del Consejo Regulador DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz, ha intervenido para repasar los diez años de colaboración y exponer casos concretos. Ortiz ha recordado dos condenas de privación de libertad: una en 2024 por falsificación de contraetiquetas de la DOP Los Pedroches y otra en enero de 2026 por reetiquetado fraudulento de jamones y paletas con el término ‘Jabugo’, sin estar amparados por la DOP correspondiente. Ortiz ha subrayado que todas las Indicaciones Geográficas están expuestas a riesgos de falsificación, adulteración o uso indebido de sus nombres protegidos, y que el convenio ha mejorado la contundencia y rapidez de las actuaciones policiales.

La jornada ha contado también con la intervención de Mónica de Santos Carretero, jefa del Área de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien ha presentado las claves del nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre indicaciones geográficas aprobado en 2024. De Santos ha animado a todos los actores implicados a mantener la colaboración para combatir el fraude.

El encuentro ha finalizado con una mesa redonda moderada por Elisa Plumed, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), en la que han participado representantes de la Guardia Civil, Origen España, el Ministerio de Agricultura y el despacho Berenguer y Pomares Abogados. Entre los principales asuntos tratados, el secretario general de la DOP Los Pedroches ha reclamado un mayor control sobre el comercio electrónico, señalando que algunos vendedores utilizan referencias a territorios vinculados a DOP o IGP para productos que no cuentan con estos sellos, lo que supone un fraude para los consumidores. También ha pedido que la Guardia Civil y las administraciones públicas actúen de oficio, ya que los Consejos Reguladores disponen de recursos limitados para detectar estas actividades ilícitas.

Origen España, fundada en 2008, agrupa a 95 asociados y representa el 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias españolas, con un valor de mercado superior a 1.400 millones de euros. La asociación trabaja para impulsar el reconocimiento y la protección de las DOP e IGP, fundamentales para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario español.