Reino Unido y la UE cierran un borrador para rebajar los controles alimentarios tras el Brexit

Londres y Bruselas han cerrado un borrador de acuerdo para reducir las trabas al comercio de alimentos y bebidas antes de la cumbre entre el Reino Unido y la UE prevista para el próximo 20 de noviembre, según fuentes conocedoras de la negociación. El Gobierno británico calcula que ese pacto podría aportar hasta 5.100 millones de libras al año a la economía del país, además de apoyar el empleo y recortar trámites para agricultores y empresas.

El texto en negociación plantea que el Reino Unido y la UE apliquen reglas alineadas en el comercio de alimentos y bebidas. La intención es rebajar controles que se introdujeron tras el Brexit y que han encarecido y ralentizado el paso de mercancías entre ambos mercados.

Según esos cálculos oficiales, el efecto económico vendría de una menor carga administrativa y de una circulación más fluida de productos que ahora pasan por revisiones sistemáticas. En la actualidad, bienes británicos como los lácteos, el pescado, los huevos y la carne roja están sometidos a controles documentales del 100% y a inspecciones físicas de hasta el 30%. Si el acuerdo sale adelante, esas comprobaciones podrían desaparecer por completo.

También podrían eliminarse los controles por muestreo, un sistema por el que las autoridades toman partes representativas de alimentos y bebidas que entran, salen o circulan dentro de la UE para verificar seguridad, calidad y cumplimiento legal. Ese procedimiento añade costes concretos a las exportaciones: unas 1.200 libras a una carga de queso, 1.400 libras a un envío de salmón, 440 libras a una carga de manzanas y 1.200 libras a un cargamento de carne de vacuno.

La rebaja de esos controles tendría un efecto directo en sectores con márgenes ajustados y con flujos frecuentes entre el Reino Unido y la UE. En el caso de las bebidas, la reducción de muestreos, certificados y demoras puede aliviar parte de los costes logísticos y administrativos para importadores, distribuidores y negocios de hostelería que trabajan con cerveza, vino, licores y otras referencias del mercado europeo. Ese impacto sería potencial y dependerá del alcance final del pacto.

El borrador también abriría de nuevo la puerta al comercio de productos cuya salida al mercado comunitario quedó interrumpida tras el Brexit. Entre ellos figuran salchichas frescas, hamburguesas, parte del marisco procedente de aguas británicas y patatas de siembra. Para muchas empresas, eso supondría recuperar el acceso a compradores de la UE y rehacer rutas comerciales que se perdieron en estos años.

Otro de los cambios previstos afectaría a los desplazamientos con animales de compañía. En lugar de tramitar un certificado sanitario animal cada vez que una persona viaje, podría implantarse un pasaporte para mascotas válido para varios usos en desplazamientos a la UE.

El acuerdo sobre alimentos y bebidas forma parte de una agenda más amplia que el primer ministro, Andy Burnham, quiere llevar a la cumbre con Bruselas. El Ejecutivo británico busca cerrar también avances en comercio de emisiones y en un programa de movilidad juvenil. Un portavoz del Gobierno afirmó este martes, 3 de noviembre, que el Reino Unido está construyendo una relación “ambiciosa y estrecha” con la UE para reforzar la economía, proteger a la industria británica y abrir más oportunidades para los jóvenes.

La posibilidad de un pacto ha reabierto el debate político sobre el equilibrio entre facilitar el comercio y mantener autonomía regulatoria tras la salida de la UE. La British Chambers of Commerce recibió con cautela el movimiento del Gobierno. La patronal consideró que todavía no está claro cuál debe ser el punto de llegada de la nueva relación con Bruselas, aunque concedió a Burnham mérito por haber abierto esa conversación.

Su directora general, Shevaun Haviland, pidió que el debate posterior se base en investigación verificada y escuche de cerca a las empresas. A su juicio, las firmas británicas han mostrado capacidad de adaptación desde el Brexit, pero esa adaptación no ha eliminado los costes del papeleo, los retrasos y la duplicación burocrática que trajo la nueva relación comercial con la UE.

Desde la oposición, el diputado liberal demócrata Al Pinkerton defendió que suprimir la burocracia del Brexit para los exportadores británicos de alimentos llega con retraso. En su opinión, las barreras comerciales han perjudicado a agricultores y empresas durante años y han contribuido a precios más altos y a una menor variedad en los supermercados. Al mismo tiempo, sostuvo que el pacto sería un avance parcial, no una solución completa.

La reacción de Reform UK fue la contraria. Richard Tice rechazó cualquier vuelta a una alineación normativa con la UE y advirtió de que eso dañaría la competitividad británica y obligaría al país a ceder soberanía en política comercial. También afirmó que un movimiento de ese tipo pondría en riesgo acuerdos comerciales valorados en cientos de miles de millones de libras.

La negociación llega en un momento en que buena parte del sector agroalimentario británico sigue reclamando una relación más simple con el mercado europeo. Para muchas empresas, la cuestión no es solo arancelaria, sino operativa: certificados, tiempos de espera, revisiones físicas y envíos que pierden valor cuando el producto es perecedero. En alimentos y bebidas, donde la rapidez del tránsito influye en el precio final y en la viabilidad de cada ruta, cualquier cambio en las reglas puede modificar de forma inmediata las cuentas de productores, exportadores, importadores y distribuidores.