Brasil obliga a restaurantes, bares y supermercados a aceptar vales de comida de otras operadoras

Brasil activa este sábado, 7 de noviembre, una nueva fase del Programa de Alimentación del Trabajador, conocido como PAT, con efecto directo sobre restaurantes, bares y supermercados que cobran vales de comida y alimentación. Desde esta fecha, las redes de comercios de las distintas operadoras deben poder aceptar tarjetas emitidas por otras compañías en los terminales habilitados, una medida pensada para ampliar los puntos de uso para los trabajadores y rebajar la presión de las comisiones sobre la restauración.

La entrada en vigor llega, sin embargo, con parte del sector aún sin adaptar toda la tecnología necesaria. Fuentes de dos operadoras que pidieron no ser identificadas sostienen que faltan reglas técnicas precisas para aplicar el nuevo sistema y admiten que la puesta en marcha no está cerrada en todos los casos. Una de esas fuentes, directivo de una de las principales empresas del mercado, asegura que el avance de la solución tecnológica en su firma ha sido escaso dentro del plazo de 360 días fijado por el decreto aprobado en noviembre de 2025.

Ese ejecutivo describe un problema práctico para la hostelería y para el usuario final: si un trabajador intenta pagar y la tarjeta no funciona en un establecimiento, la operadora puede terminar incorporando ese local a su propia red para resolver la queja, pero el fallo de interoperabilidad seguiría ahí. Las sanciones por incumplir las obligaciones pueden llegar a 50.000 reales brasileños.

El modelo tradicional de estas empresas ha funcionado durante años como un circuito cerrado. Compañías como Alelo, Pluxee, Ticket Serviços y VR Benefícios controlan la emisión de las tarjetas, la red de restaurantes y supermercados adheridos y el reembolso al comercio. La interoperabilidad cambia esa lógica: permite que un trabajador utilice un beneficio administrado por una empresa en un local adscrito a la red de otra.

La Asociación Brasileña de Empresas de Beneficios al Trabajador, la ABBT, sostiene que el sistema necesita reglas comunes sobre la conexión entre redes, la liquidación de las operaciones y las responsabilidades de cada parte de la cadena, desde las facilitadoras hasta las adquirentes, los esquemas de pago y los propios comercios. El Ministerio de Trabajo y Empleo responde que su función es normativa y de inspección, no operativa, y que la ejecución técnica corresponde a las operadoras y al resto de participantes del sistema. La cartera añade que solo regulará lo imprescindible para dar seguridad jurídica y operativa.

La interoperabilidad es la última etapa de una reforma más amplia del PAT. En mayo venció otro plazo: las operadoras con más de 500.000 trabajadores atendidos debían pasar a un esquema abierto, en el que la emisión de la tarjeta y la afiliación del comercio recaen en empresas distintas. Ahí operan ya fintechs como Flash, iFood Benefícios, Caju y Swile, que usan tarjetas Elo, Visa o Mastercard y pueden ser aceptadas en cualquier terminal compatible con esas marcas.

Arthur Freitas, consejero delegado de iFood Benefícios, sostiene que el esquema abierto ya es interoperable por su propia naturaleza y que buena parte del problema se habría resuelto si las empresas tradicionales hubieran ejecutado esa migración. A su juicio, eso no ha ocurrido. Freitas afirma que esos grupos disponen de tarjetas con marca listas para usar, pero no las están ofreciendo al mercado. También reduce el alcance real de la interoperabilidad que ahora entra en vigor: entiende que servirá sobre todo para las operadoras regionales con menos de 500.000 trabajadores, que no estaban obligadas a abrir su sistema y necesitan compartir redes.

Para la restauración, el punto más sensible sigue siendo el cobro de las comisiones. En los circuitos cerrados, las operadoras pactan de forma directa con restaurantes y supermercados la tasa de descuento por cada operación. Esas comisiones pueden llegar al 7%. El decreto publicado en febrero buscaba ampliar las opciones de uso para los trabajadores, abrir un mercado muy concentrado a más operadores y reducir los costes operativos de los establecimientos que participan en el programa.

Otra de las reglas, con plazo desde febrero de 2026, fijó un tope del 3,6% para las tasas de descuento y un máximo de 15 días para liquidar las operaciones. Representantes de restaurantes y supermercados afirman que esa limitación no se está respetando. Una encuesta encargada por la Asociación Nacional de Restaurantes, la ANR, sitúa la comisión media aplicada por las operadoras de vales de restaurante en el 6,18% entre junio y julio, por encima del 5,19% registrado en 2025 y muy lejos del límite fijado por la norma.

Erik Momo, presidente del consejo de la ANR, sostiene que parte del sector ha encontrado una vía alternativa al ofrecer otros productos desvinculados del PAT, con tarifas distintas. En el mercado se comenta, añade, que algunas empresas están empaquetando sus servicios bajo la figura de “auxilios” para sortear las nuevas exigencias.

La presión judicial también ha aumentado. La Asociación Brasileña de Supermercados, Abras, presentó este martes, 3 de noviembre, una acción civil pública contra las operadoras de vales de alimentación y restaurante para exigir el cumplimiento de las nuevas reglas. El Ministerio de Trabajo y Empleo informa de que las denuncias por no aceptación de tarjetas tras la entrada en vigor del plazo pueden tramitarse a través de la web de denuncias laborales y del correo de atención del PAT.