Condenada una pareja propietaria de una bodega por desviar fondos de casi 200 inversores

El tribunal correccional de Le Mans ha condenado a Grégory Russel, de 67 años, y a su pareja, Sidonie Grasset, de 57, por abuso de confianza y fraude fiscal en la gestión del château Belmar, un proyecto vitícola situado al norte del departamento francés de Sarthe. La sentencia, dictada este lunes, 7 de septiembre, deja además a cerca de 200 inversores sin recuperar el dinero que aportaron, al ordenar el pago a las sociedades afectadas, que ya están liquidadas, y no a los particulares que pusieron sus ahorros en la operación.

Según informa AFP, el mismo tribunal absolvió a la pareja del delito de estafa por la venta del castillo y de sus viñas por 1,7 millones de euros, al considerar que esa infracción no quedaba probada. Esa parte del fallo es la que explica que no se haya fijado una devolución directa del dinero a los inversores por esa vía penal.

El caso se remonta a 2017, cuando Russel y Grasset pusieron en marcha una explotación vitícola en el norte de Sarthe, al norte de Le Mans. Para financiarla, convencieron a numerosos particulares de invertir en el château Belmar a través de participaciones vinculadas a parcelas de viñedo. La promesa era sencilla: cada participación daría derecho a seis botellas de vino al año.

La investigación judicial concluyó que una parte importante del dinero aportado no se destinó al proyecto. El tribunal dio por probado que la pareja retiró alrededor de 2,5 millones de euros y casi 560.000 euros de dos agrupaciones foncières viticoles, una fórmula francesa de inversión colectiva ligada a fincas de viñedo. También consideró acreditado que emitieron más de 630.000 euros en facturas falsas para justificar transferencias de dinero hacia sociedades en su propio beneficio y que sustrajeron 1,4 millones de euros a Hacienda.

Durante el procedimiento se describieron gastos personales pagados con esos fondos, entre ellos un Ferrari y una chaqueta de Chanel. Ese uso del dinero fue uno de los elementos que llevaron a la condena por abuso de confianza, al entender el tribunal que los fondos confiados para el proyecto se emplearon con otro fin.

La pena impuesta a Russel es de un año de prisión bajo control con pulsera electrónica, además de tres años de suspensión probatoria. Grasset ha sido condenada a dos años de prisión con suspensión probatoria. Ambos estaban ausentes en la vista de este lunes, 7 de septiembre.

La parte más dura de la resolución para los pequeños ahorradores está en la responsabilidad civil. Caroline Roth, abogada de 65 partes civiles, lamentó tras conocer el fallo que el dinero no vaya a volver a “los verdaderos inversores”, sino a las sociedades perjudicadas, pese a que esas entidades ya están liquidadas. En la práctica, esa decisión deja sin restitución a quienes habían invertido directamente sus ahorros en el proyecto.

El tribunal sí ha fijado una indemnización de 300 euros para cada parte civil por daño moral. La cantidad queda muy lejos de las sumas aportadas por muchos de los afectados. Dominique Cleuet, uno de los inversores, expresó su indignación al saber que no recuperará los 45.000 euros que había puesto en la operación. En sus palabras, se trata de una decisión “aberrante” e “injusta” para personas que reunieron un pequeño capital después de toda una vida de trabajo.

La resolución también alcanza al notario, ya jubilado, que formalizó la venta del castillo. Ha sido absuelto del cargo de complicidad en la estafa, igual que la pareja en ese mismo bloque del caso. Sin embargo, el tribunal le ha condenado a un año de prisión con suspensión de la pena por toma ilegal de intereses, al haber comprado participaciones sociales en una de las agrupaciones foncières viticoles vinculadas al proyecto.

La defensa de Russel no da el caso por cerrado. Su abogado, Flavien Guillot, afirmó que estudia presentar recurso porque rechaza “con mucha firmeza” que hubiera enriquecimiento personal. Ese posible recurso abre una nueva fase judicial en un asunto que ya ha dejado una condena penal para los promotores del dominio vitícola y una fuerte frustración entre quienes financiaron la iniciativa con la expectativa de obtener vino y una inversión segura.