Brasil evita la entrada en vigor del nuevo impuesto al alcohol

Brasil ha dejado pasar el plazo legal para fijar los tipos del Impuesto Selectivo sobre las bebidas alcohólicas y, con ello, complica su entrada en vigor el 1 de enero de 2027. El vencimiento se produjo el pasado 2 de octubre sin que el Gobierno publicara la medida provisional con las alícuotas del nuevo tributo, que sustituirá al Impuesto sobre Productos Industrializados, IPI, en este segmento.

La consecuencia inmediata es que cada día de retraso desplaza el inicio del cobro. Las cerveceras, que ya preparan el ejercicio en el que comenzará la transición de la reforma tributaria, siguen sin conocer qué carga fiscal tendrán que asumir ni desde qué fecha exacta se aplicará. Esa indefinición puede trasladarse a la planificación de precios, producción y existencias, no solo en la cerveza, sino en el conjunto de las bebidas alcohólicas sujetas al nuevo impuesto.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó el pasado 2 de octubre que el envío del texto al Congreso seguía en negociación. Según informaciones publicadas en Brasil, la decisión de posponer la medida hasta después de las elecciones se tomó el pasado 1 de octubre en una reunión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con miembros del área económica y de la Casa Civil. La lectura en el Gobierno, siempre según esas informaciones, fue que el asunto podía ser utilizado en la campaña electoral.

El calendario fiscal tiene un efecto directo sobre esa decisión. Al tratarse de un impuesto nuevo, el Impuesto Selectivo debe respetar la llamada noventena, un intervalo mínimo de 90 días entre la publicación de la norma y el comienzo de su cobro. Para que pudiera aplicarse desde el primer día de 2027, la medida provisional debía haberse aprobado, como muy tarde, el pasado 2 de octubre.

Clairton Gama, abogado tributarista y máster en Derecho por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, explica que el nuevo tributo está sometido a dos límites temporales. Por un lado, la anterioridad de ejercicio, que impide cobrarlo en el mismo año en que se aprueba. Por otro, la noventena. Con ese marco, si los tipos solo quedan definidos en noviembre, la recaudación pasaría a febrero, en función de la fecha exacta de publicación.

Gama añade que una medida provisional puede fijar las alícuotas porque tiene fuerza de ley, pero advierte de que, al aprobarse en 2026, tendría que convertirse en ley todavía este año para producir efectos en 2027. También descarta una salida retroactiva. En sus palabras, no es jurídicamente viable cobrar más tarde el impuesto sobre operaciones realizadas durante el periodo en el que la norma aún no estaba vigente.

Marcos Moraes, contable, abogado tributarista y director del área tributaria de la Asociación Brasileña de Cerveza Artesanal, Abracerva, sostiene que la legislación de la reforma marca 2027 como año de inicio, pero no obliga a que todo arranque el 1 de enero. A su juicio, el efecto práctico es que la transición nacerá incompleta y el sector perderá, como mínimo, dos meses del calendario previsto para ese primer ejercicio.

El retraso también tiene una derivada presupuestaria. Si la norma se publica solo en noviembre y el impuesto empieza a cobrarse en febrero, la merma de ingresos para el Estado brasileño podría rondar los 3.820 millones de reales, un 9% de los 42.000 millones de reales que el Presupuesto espera recaudar con este tributo en 2027.

Para las empresas, sin embargo, el problema más inmediato no es el agujero recaudatorio, sino la falta de reglas. Gama resume que la inseguridad reside en tener que organizar precio, producción y stock sin conocer aún el tipo impositivo ni el día exacto de entrada en vigor. Esa es también la queja que el sector cervecero viene repitiendo desde hace meses.

Abracerva y el Sindicato Nacional de la Industria de la Cerveza, Sindicerv, llevan pidiendo desde el año pasado tres elementos: neutralidad de la carga tributaria, diferenciación de las bebidas según su graduación alcohólica y trato distinto para las fábricas según su tamaño. Hasta este lunes, 5 de octubre, no había respuesta oficial sobre ninguno de esos puntos.

La vía elegida por el Ejecutivo tampoco convence al sector. Moraes ya había advertido en marzo de que una medida provisional reduce el margen de participación de las empresas, porque el texto entra en vigor antes de un debate más amplio en el Congreso. Con el aplazamiento, ese tiempo parlamentario se acorta todavía más.

El Impuesto Selectivo fue creado por la Enmienda Constitucional 132/2023 dentro de la reforma tributaria brasileña. Es un tributo federal de naturaleza extrafiscal: su objetivo no es solo recaudar, sino también desincentivar el consumo de productos que el legislador considera perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Por eso, en Brasil se le conoce como “impuesto al pecado”.

Además de las bebidas alcohólicas, el nuevo gravamen alcanzará a cigarrillos, bebidas azucaradas, vehículos contaminantes, minerales, aeronaves y embarcaciones. En el caso de la cerveza, ocupará el lugar del IPI desde 2027. La Ley Complementaria 214/2025 permite dos fórmulas que interesan a las cerveceras, aunque no las garantiza por sí sola: tipos progresivos en función de la graduación alcohólica y reducción para pequeños productores según su volumen de fabricación.

Que esas posibilidades pasen de ser una autorización legal a una regla efectiva depende de la norma ordinaria que el Gobierno aún no ha aprobado. Esa es la pieza que el sector sigue esperando, mientras avanza el calendario y se estrecha el margen para fijar con tiempo el marco fiscal de 2027.