Los viticultores independientes de Francia piden 4.000 millones para proteger el viñedo del clima extremo

Los Vignerons indépendants de France han pedido a las autoridades francesas un plan de 4.000 millones de euros en cinco años para extender la protección del viñedo frente al granizo, las heladas y la sequía. La organización, que agrupa a bodegas y viticultores independientes, trasladó su propuesta el pasado 24 de septiembre por boca de su presidente, Jean-Marie Fabre, tras una campaña marcada por varios episodios meteorológicos adversos.

La petición parte de una idea sencilla: invertir antes en proteger las parcelas y no limitar la respuesta pública a pagar indemnizaciones después de cada siniestro. Fabre sostuvo que el 93% de las empresas representadas por el sindicato sufrió en 2026 algún episodio climático con efectos sobre la viña. A su juicio, el esquema actual, centrado en compensar pérdidas, ya no basta para una actividad que encadena años con calor extremo, falta de agua, tormentas de granizo y heladas de primavera.

El cálculo que presenta el sindicato arranca de la superficie total del viñedo francés, unas 700.000 hectáreas. De ese total, entre 120.000 y 150.000 hectáreas contarían ya con algún sistema de protección, según los datos expuestos por Fabre. Eso dejaría en torno a 550.000 hectáreas sin cubrir. La organización asume que un 30% de esa superficie podría quedar sin equipamiento, con lo que la necesidad real se situaría en unas 400.000 hectáreas.

Para poner cifra al plan, el sindicato toma como referencia el precio de una red antigranizo, fijado en 10.000 euros por hectárea. Esa base lleva a los 4.000 millones de euros reclamados. Aunque el coste unitario utilizado es el de ese tipo de malla, la organización enmarca la propuesta dentro de una protección más amplia frente a tres riesgos: granizo, heladas y sequía.

En materia de financiación, los Vignerons indépendants de France proponen que 2.000 millones procedan del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER, y que los otros 2.000 millones salgan de fondos públicos franceses repartidos a partes iguales entre el Estado y las regiones. Repartido en cinco años, eso supondría para el Estado un esfuerzo de 200 millones de euros anuales.

Fabre defendió la propuesta con un argumento fiscal. Según sus cuentas, una caída del 10% en la cosecha equivale a 600 millones de euros menos de ingresos tributarios. La lógica que plantea el sindicato es que una vendimia corta no solo reduce la recaudación, sino que además obliga a movilizar ayudas para evitar cierres y problemas de liquidez en las explotaciones. En esa comparación, la organización contrapone el gasto preventivo con el dinero ya movilizado por el Gobierno francés para paliar pérdidas agrícolas ligadas a la sequía.

La campaña de 2026 refuerza ese mensaje. Francia se encamina, según las cifras manejadas por el sector, hacia su vendimia más baja desde 1957, en torno a 33,8 millones de hectolitros. Durante el verano, el granizo golpeó viñedos en zonas como Cognac, Beaujolais y Borgoña, mientras que la ola de calor dañó uvas aún en la cepa en varias regiones. Ese encadenamiento de episodios meteorológicos ha reabierto el debate sobre cuánto debe apoyarse la viticultura en los seguros y cuánto conviene dedicar a equipamientos de prevención.

El sindicato sostiene que el seguro de cosecha, aun subvencionado por el Estado, no resuelve por sí solo el problema de las explotaciones afectadas durante varios años seguidos. La razón, según la organización, es que las indemnizaciones se calculan sobre cosechas de referencia que ya vienen reducidas por siniestros anteriores. Si las malas campañas se repiten, la base sobre la que se compensa baja y la cobertura pierde eficacia. La reforma prevista para 2027, siempre según la lectura que hace el sector, no eliminaría ese efecto en las bodegas que acumulan varios ejercicios con pérdidas.

Junto a ese plan de inversión, Jean-Marie Fabre ha vuelto a reclamar un “año blanco bancario” para las explotaciones sin tesorería suficiente. La medida consistiría en aplazar un año el reembolso de los préstamos. El presidente del sindicato resume la situación financiera del viñedo francés con dos ideas: alto endeudamiento y falta de caja. Como ejemplo, señala que las ayudas directas podrían quedar este año limitadas, en el mejor de los casos, a 3.000 euros por explotación, mientras que retrasar un año la devolución de un préstamo de 100.000 euros tendría, a su juicio, un efecto mucho mayor sobre la liquidez y un gasto más bajo para el Estado si este asumiera los intereses.

La propuesta no se limita a la protección física de las parcelas. El sindicato presentó también peticiones ligadas a la apertura de mercados y a la innovación. En exportación, pide que empresarios del vino acompañen a los ministros franceses en los viajes comerciales al extranjero, reclama aranceles cero para los vinos y las bebidas espirituosas y plantea que estos productos se negocien junto a sectores industriales, y no dentro del bloque agroalimentario. También solicita una ventanilla única europea para los impuestos especiales.

Si la iniciativa gana apoyo político, sus efectos pueden ir más allá de las viñas. Un programa de esa magnitud podría mover inversiones en bodegas y explotaciones, elevar la demanda de redes y otros sistemas de protección y reabrir el debate sobre el papel de los seguros agrarios y de las ayudas públicas en toda la cadena del vino. A medio plazo, una producción menos expuesta a pérdidas bruscas también podría influir en la disponibilidad de botellas y en la evolución de los precios, con impacto sobre el conjunto del sector de bebidas.

Los Vignerons indépendants de France quieren que una parte de estas medidas quede recogida en el próximo presupuesto francés. La organización ha situado la prevención climática y la liquidez de las explotaciones entre sus prioridades inmediatas, con la intención de que la respuesta pública llegue antes de la siguiente campaña.