Seis asociaciones del alcohol de Estados Unidos piden al Congreso frenar otra prórroga al THC de cáñamo

Aseguran que la prórroga mantendría a la venta productos intoxicantes sin garantías suficientes para el consumidor

viernes 20 de noviembre de 2026

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Los máximos responsables de seis asociaciones del vino, la cerveza y los destilados de Estados Unidos pidieron este viernes, 20 de noviembre, al Congreso que no aplace la entrada en vigor de las restricciones federales a los productos de cáñamo con THC prevista para el próximo 11 de diciembre. En una carta remitida a los legisladores, las entidades rechazan cualquier intento de ampliar el plazo para cerrar el vacío legal que ha permitido la venta de artículos intoxicantes derivados del cáñamo.

La carta está firmada por los consejeros delegados de American Distilled Spirits Alliance, Beer Institute, Wine America, American Whiskey Association, Distilled Spirits Council of the United States y Wine Institute. Las seis organizaciones sostienen que las propuestas para dar más tiempo al sector del THC derivado del cáñamo “no garantizan un mercado seguro y bien regulado” y subrayan que esas iniciativas no han pasado por audiencias de comité, revisión legislativa ni otros trámites de fondo en el Capitolio.

Las asociaciones repasan en su escrito la evolución legal de los últimos años. Recuerdan que la ley agraria de 2014 alivió las restricciones sobre la producción de cáñamo al autorizar un programa piloto para agricultores e investigadores. Más tarde, la ley agraria de 2018 trató de diferenciar entre la marihuana y el cáñamo, incluido el cannabidiol no intoxicante, conocido como CBD, y respaldó los usos industriales no intoxicantes de esa planta.

A juicio de los firmantes, ese marco, pensado en origen para usos no psicoactivos, ha sido aprovechado por algunas empresas que emplean procesos químicos para convertir cannabinoides de origen natural en THC sintético con efecto intoxicante. Esa práctica, añaden, ha impulsado un mercado en gran medida sin regulación, sin pruebas suficientes y sin impuestos, al tiempo que ignora la posición de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que considera ilegal añadir cannabinoides intoxicantes a los alimentos.

El Congreso aprobó en 2025 una norma que el presidente Donald Trump firmó ese mismo año y que rebajó el umbral permitido a 0,4 mg de THC total por envase de venta al público. Quienes apoyan la legalización de estos productos sostienen que ese límite equivale, en la práctica, a impedir el uso de THC derivado del cáñamo en alimentos y bebidas. Las asociaciones del alcohol replican que el sector tuvo un año completo para adaptar su actividad y cumplir la nueva ley federal.

Por esa razón, sostienen que la disposición debe entrar plenamente en vigor el próximo 11 de diciembre, sin nuevas prórrogas. También argumentan que el Congreso no ha hecho todavía el trabajo legislativo necesario para crear un sistema regulatorio completo para una nueva categoría de intoxicantes derivados del cáñamo comparable, en su efecto, a la marihuana, una materia sobre la que el legislador estadounidense lleva décadas debatiendo.

La discusión no es menor para el negocio de las bebidas. El resultado puede alterar la oferta disponible en tiendas y otros puntos de venta, así como el encaje regulatorio entre vino, cerveza, licores y bebidas con THC. Si se mantiene el calendario fijado en 2025, parte de los productos que ahora se comercializan con esa base de cáñamo podría quedar fuera del mercado tal y como se vende en este momento. Si se abre un nuevo plazo o se impulsa otro marco legal, el mapa comercial y de distribución de estas categorías volvería a moverse.

Frente a la posición de productores de vino, cerveza y destilados, la asociación de mayoristas Wine & Spirits Wholesalers of America respalda la legalización de las bebidas con THC y defiende que se regulen del mismo modo que el alcohol. Los firmantes de la carta responden que el sector de las bebidas alcohólicas está sometido a más de 4.000 leyes y normas federales, y que levantar un sistema parecido para los productos con THC exigiría tiempo, trabajo técnico y experiencia regulatoria.

Las asociaciones también cargan contra lo que describen como propuestas de última hora por parte de quienes producen, distribuyen y venden THC. A su entender, esos planteamientos no resuelven las objeciones planteadas por fiscales generales estatales, cuerpos policiales y grupos de salud pública sobre la seguridad de los productos de cáñamo con THC. En la carta sostienen, además, que varias de esas iniciativas persiguen abrir una vía indirecta para legalizar a escala federal una parte de los productos intoxicantes con THC.

El argumento central de las seis organizaciones gira en torno a la protección del consumidor. Las entidades afirman que quienes compran productos en las estanterías de los comercios deben poder confiar en que son seguros, y añaden que esa exigencia pesa aún más cuando se trata de artículos con capacidad de intoxicar.

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