Italia obliga al vino y los destilados a justificar cualquier alegación ambiental

Italia aplica desde el 27 de septiembre nuevas reglas contra el ecoblanqueo que obligan a revisar cómo se presentan los mensajes ambientales en el vino y en otras bebidas alcohólicas. Federvini informó este jueves, 15 de octubre, de que la norma incorpora la directiva europea 2024/825 y exige que cualquier afirmación ambiental en etiquetas, envases, páginas web o publicidad sea concreta, veraz y pueda probarse.

La organización traslada la interpretación jurídica del abogado Marco Giuri, del Studio Giuri de Florencia, especializado en normativa vitivinícola. Giuri resume el cambio en una idea: ya no basta con usar mensajes “verdes” de forma genérica. A partir de ahora, cada alegación dirigida al consumidor debe apoyarse en datos precisos y comprobables.

Eso afecta de lleno al sector de bebidas. Las bodegas, destilerías y empresas que venden en Italia pueden verse obligadas a revisar etiquetas, fichas de producto en comercio electrónico, embalajes y campañas comerciales para evitar sanciones y corregir mensajes que hasta ahora se utilizaban con más amplitud. El alcance no se limita al vino tranquilo: también incluye espumosos, grappas y otros destilados.

Entre las prácticas que ya no serán admisibles, Giuri cita frases generales como “nuestra empresa respeta el medio ambiente”, “vino green” o “grappa sostenible”, aunque la empresa considere que son ciertas. En esos casos, la norma exige sustituir esa formulación por un dato concreto y demostrable. El ejemplo que ofrece el despacho es este: “el 60% de la energía de la bodega procede de nuestra instalación fotovoltaica, dato 2025”.

Tampoco podrá afirmarse que un producto tiene “impacto cero” o es “carbon neutral” si ese resultado depende de la compra de créditos de compensación. La interpretación que traslada Federvini añade otras prohibiciones: no podrán utilizarse sellos o logotipos ambientales creados por la propia empresa sin una certificación pública o de un tercero; no podrá atribuirse al vino una cualidad que solo corresponde a una parte del envase, como presentar el producto entero como reciclable cuando solo lo es la botella; y no podrán anunciarse objetivos futuros, como “emisiones cero en 2030”, sin un plan verificable y controles independientes.

La norma también impide presentar como mérito ambiental propio lo que en realidad es una obligación legal aplicable a todos los operadores. El criterio, según Giuri, es evitar que el consumidor reciba un mensaje que pueda inducir a error y, al mismo tiempo, proteger a las empresas que sí realizan inversiones reales en sostenibilidad.

El campo de aplicación es amplio. Las reglas alcanzan a las botellas, los envases y embalajes, las etiquetas y contraetiquetas, los sitios web, el comercio electrónico, los catálogos, la publicidad y las comunicaciones corporativas que atribuyen cualidades ambientales a un producto o a un proceso. Federvini remarca que no hay ninguna exención específica para el sector del vino.

Aunque la ley entró en vigor el 27 de septiembre, su efecto práctico sobre la producción se sitúa desde el 28 de septiembre. Aun así, las botellas producidas o envasadas antes de esa fecha pueden seguir en el mercado en las condiciones fijadas por el Ministerio italiano. Lo mismo ocurre con existencias de etiquetas y embalajes ya fabricados o comprados, que podrán seguir utilizándose en determinados supuestos durante un plazo orientativo de seis meses, previsiblemente hasta el próximo 27 de marzo de 2027.

Ese margen no equivale, sin embargo, a una autorización general para agotar todo el material almacenado sin cambios. La empresa sigue obligada a corregir o completar la información que no se ajuste a la nueva norma. Entre las medidas posibles, Giuri menciona adhesivos, carteles en el punto de venta o comunicaciones en internet. En vinos de guarda, reservas o añadas que van a permanecer mucho tiempo en el mercado, el despacho aconseja rectificar cuanto antes y no esperar al final del periodo transitorio.

El régimen sancionador es uno de los puntos con más efecto para el sector. Las infracciones pueden considerarse prácticas comerciales desleales con arreglo al Código de Consumo italiano, con intervención de la Agcm. Las multas van desde 5.000 euros hasta 10 millones de euros, en función de la gravedad, la duración y la situación económica de la empresa.

En los casos de infracciones extendidas a varios mercados, la referencia es el artículo 21 del Reglamento de la UE 2017/2394. Ahí, el máximo puede llegar al 4% de la facturación anual en Italia o en los Estados miembros afectados. Si esa facturación no está disponible, el límite pasa a 2 millones de euros. Además de la sanción económica, la Agcm puede ordenar el cese de la práctica y la publicación, a cargo de la empresa, de la resolución o de una declaración rectificativa.

La vía administrativa no es la única. Giuri recuerda que sigue abierta la acción civil de los competidores por competencia desleal, prevista en el artículo 2598 del Código Civil italiano, una herramienta que ya habían utilizado los tribunales del país contra el greenwashing antes de la entrada en vigor de esta reforma. También precisa que no habrá una sanción automática por cada etiqueta no conforme: la autoridad valorará cada caso de manera individual, atendiendo a la conducta y al marco legal aplicable.

Para acogerse al periodo de adaptación, añade el abogado, las empresas deberán poder acreditar que la producción o la compra de etiquetas y envases es anterior al 27 de septiembre. Por eso recomienda conservar pruebas sobre cantidades, fechas de producción, pedidos previos y medidas correctoras adoptadas. Ese punto puede resultar decisivo para bodegas y exportadores que operan en Italia y tengan producto ya distribuido o preparado para salir al mercado.