Un ensayo de 13,3 millones evaluará si la semaglutida reduce el consumo de alcohol y opioides

El Center for Addiction Science, Policy and Research (CASPR) y el Departamento de Servicios Humanos del condado de Allegheny, en Pensilvania, anunciaron este martes, 13 de octubre, un ensayo clínico aleatorizado de 13,3 millones de dólares para comprobar si la semaglutida, administrada una vez por semana como apoyo añadido a la atención habitual, puede reducir el consumo de alcohol y opioides en personas con riesgo elevado de contacto con el sistema de justicia penal.

El estudio arrancará a comienzos de 2027 y prevé reclutar hasta 1.200 adultos con trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de opioides o ambos. La mitad de los participantes recibirá semaglutida durante 52 semanas, mientras que la otra mitad seguirá el tratamiento estándar sin ese fármaco añadido. CASPR subraya que la medicación no sustituirá a la atención tradicional y que los participantes podrán seguir recibiendo otros apoyos de salud conductual.

La semaglutida, comercializada entre otros nombres como Ozempic y Wegovy, está aprobada para la diabetes de tipo 2 y para el control del peso. CASPR sostiene que existen indicios iniciales de que también puede reducir el consumo de alcohol en personas con trastorno por uso de alcohol y disminuir el deseo intenso de consumir en personas con trastorno por uso de opioides. Entre los antecedentes que citan los promotores figuran ensayos de fase 2 que apuntan a menos episodios de consumo intensivo de alcohol y a una bajada del deseo de opioides, aunque este nuevo trabajo está planteado para aportar una base más amplia y con seguimiento prolongado.

La investigación se desarrollará en varios centros del condado de Allegheny. El principal centro clínico será el UPMC Western Psychiatric Hospital, a través de sus servicios de medicina de adicciones, junto con otros socios de tratamiento de adicciones de la zona. La financiación procede de una ayuda concedida por Arnold Ventures a CASPR.

Además de medir el uso de alcohol y opioides, el ensayo analizará si el tratamiento tiene efectos sobre variables de vida diaria que rara vez se examinan de forma conjunta en este tipo de estudios. El equipo seguirá la evolución del empleo, la estabilidad de la vivienda, el uso de servicios sanitarios, la salud mental, el autocontrol, la impulsividad, el peso y la implicación con la justicia penal, incluidos nuevos arrestos, nuevas condenas y nuevos ingresos en prisión.

Nicholas Reville, director ejecutivo y cofundador de CASPR, sostiene que el diseño busca algo más que una respuesta clínica. A su juicio, también debe servir para saber si una intervención de este tipo merece inversión pública continuada y si puede adoptarse con facilidad en otras ciudades. Reville afirma que esa posible extensión sería más simple que la de un programa asistencial nuevo porque se trata de un medicamento que puede incorporarse a estructuras ya existentes.

Alex Jutca, director del Departamento de Servicios Humanos del condado, vincula el ensayo con la necesidad de que las administraciones locales cuenten con pruebas más sólidas para orientar sus políticas sobre adicciones. El responsable explica que la iniciativa nació de conversaciones mantenidas durante los dos últimos años con CASPR sobre adicción, reincidencia y la capacidad del condado para conectar datos de salud y de justicia penal. Esa infraestructura de datos administrativos enlazados permitirá seguir a los participantes en varios sistemas públicos y medir si una mejora clínica se traduce en más estabilidad personal y en menos gasto para la administración.

Antoine Douaihy, profesor de Psiquiatría y Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y director académico senior de los servicios de medicina de adicciones del Western Psychiatric Hospital, considera que el trabajo permitirá valorar a la vez la eficacia y la seguridad de los agonistas del receptor GLP-1 y su efecto sobre variables ligadas al trastorno por consumo de alcohol y opioides. En el equipo participan también investigadores del MIT, de la Universidad de Pittsburgh, de la Universidad de California en San Diego y del propio UPMC Western Psychiatric Hospital, con perfiles en economía, psiquiatría de adicciones y políticas públicas.

Los criterios de inclusión fijan que los voluntarios deben padecer trastorno por consumo de alcohol o de opioides y ser clínicamente aptos para recibir medicamentos GLP-1. El reclutamiento pondrá el foco en personas con riesgo de implicación en el sistema penal, en línea con la intención del condado de dirigir nuevas intervenciones hacia quienes concentran más necesidades. Jutca añade que el trabajo con líderes comunitarios y entidades colaboradoras busca que los participantes sean tratados con respeto durante todo el proceso.

Aunque el estudio no ofrecerá resultados hasta después de su puesta en marcha, la investigación interesa también al sector de las bebidas por sus posibles efectos a medio plazo. Si la evidencia acaba confirmando que los fármacos GLP-1 reducen el consumo problemático de alcohol, la salud pública, las políticas de prevención y las previsiones de demanda de cerveza, vino y espirituosos podrían incorporar una variable nueva que hasta ahora solo se apoya en indicios iniciales.

CASPR enmarca este ensayo dentro de una línea más amplia sobre el papel de los GLP-1 en adicciones y sobre la relación entre la reducción del deseo de consumo y variables como empleo, vivienda, salud y reincidencia. La organización también señala que no acepta financiación directa ni indirecta de farmacéuticas. El condado de Allegheny, por su parte, plantea que, si los resultados son favorables, estudiará mantener este enfoque de forma continuada y compartir los hallazgos con otras ciudades y condados de Estados Unidos.