El sindicato agrario francés pide suprimir la ley Évin por la crisis del vino

Este martes, 6 de octubre, el sindicato agrario francés Coordination Rurale reclamó una reforma profunda, e incluso la supresión, de la ley Évin, una rebaja de las cargas laborales y una política de agua más amplia para la viña. La organización presentó estas peticiones al denunciar una crisis de gran alcance en la viticultura francesa y al advertir de que el arranque de viñedo no puede ser la única respuesta.

El sindicato cifra el deterioro del sector con varios datos. Afirma que los costes de producción han subido un 50% en cinco años, que el consumo interior de vino ha bajado un 60% en setenta años y que para la próxima década se prevé otro retroceso del 15%. En los mercados exteriores, añade, los volúmenes exportados han caído un 20% en diez años. A ese cuadro suma el ajuste de superficie: en 2023 ya se arrancaron 24.000 hectáreas, una extensión que equipara al viñedo de Beaujolais, y en 2026 se han registrado 27.926 hectáreas de solicitudes de arranque repartidas en 5.823 expedientes.

Coordination Rurale sostiene que esas cifras reflejan una reestructuración profunda, pero rechaza que la salida pase solo por arrancar cepas, destilar excedentes y mantener ayudas al retroceso del viñedo. La organización enmarca su postura en una doble discusión, cultural y económica, sobre el papel del vino en Francia y sobre la rentabilidad de las explotaciones.

Una parte central de su propuesta pasa por la ley Évin, la norma francesa que regula, entre otras cuestiones, la publicidad de las bebidas alcohólicas. El sindicato sostiene que esa ley se ha convertido en una restricción excesiva para los pequeños viticultores, a los que, a su juicio, se les impide explicar su trabajo, su origen y su forma de producir sin exponerse a litigios. También afirma que esa limitación deja al vino en peor posición promocional frente a la cerveza y a otros alcoholes industriales importados.

La organización plantea que Francia recupere una política más favorable a la promoción de sus vinos y de sus destilados, con una mención expresa al coñac y al armagnac. Ese debate puede ir más allá del viñedo francés, porque afecta a tres cuestiones con peso en el negocio de las bebidas: las reglas de comunicación comercial, los gastos laborales y la disponibilidad de agua en uno de los grandes productores mundiales de vino.

El acceso al agua es otro de los ejes de su propuesta. Coordination Rurale afirma que, sin riego, muchas zonas vitícolas no tienen futuro y pide revisar la legislación del agua, desarrollar balsas de almacenamiento y poner en marcha obras que permitan interconectar cuencas. La organización vincula esta reclamación a las dificultades registradas en 2026 y la presenta como una condición básica para mantener la producción en parte del viñedo francés.

En el terreno regulatorio, el sindicato denuncia una acumulación de obligaciones administrativas y medioambientales. Cita la facturación electrónica, el calendario fitosanitario informatizado, los códigos QR, el sistema Adelphe y la nueva presión en torno a los PFAS como ejemplos de exigencias que, en su opinión, se añaden sin retirar otras anteriores. Su propuesta pasa por una auditoría completa de organismos como el INAO, la ANSES, la Oficina Francesa de la Biodiversidad y FranceAgriMer para eliminar duplicidades. También pide revisar el efecto real de las normas aprobadas en las últimas cuatro décadas tanto sobre la producción como sobre la comercialización del vino.

Coordination Rurale va más lejos en materia fitosanitaria. Reclama que no se prohíba ninguna materia activa, incluido el cobre, sin una alternativa operativa. La organización considera que, de lo contrario, muchas explotaciones quedarían en un bloqueo agronómico. En el mismo bloque de medidas, propone suprimir la ANSES y sustituir el sistema actual por una autorización de comercialización comunitaria armonizada a escala europea.

La parte económica de su programa incluye una reducción total de las cotizaciones sociales salariales y patronales en el nivel del salario mínimo francés, con una rebaja progresiva hasta 1,8 veces ese salario. El sindicato también reclama una distribución más equilibrada del valor con la gran distribución y la restauración. Para ello pide más transparencia sobre los márgenes y la comunicación del coeficiente multiplicador al final de la cadena, también en las cartas de los restaurantes.

En política comercial, Coordination Rurale se opone al acuerdo con Mercosur y, en general, a los tratados multilaterales negociados por la Unión Europea que, en su opinión, sacrifican a la agricultura francesa. Su alternativa pasa por acuerdos bilaterales negociados sector por sector y por una mayor intervención directa de Francia en ese terreno.

La organización incorpora además medidas sobre estructura del sector. Pide flexibilizar el marco regulatorio de los sellos de calidad y origen para permitir grandes marcas regionales, con el ejemplo de Sud de France, y reclama una reforma fiscal de la transmisión de explotaciones familiares que elimine los gastos de mutación si el heredero mantiene la actividad durante diez años. También propone reintroducir en los programas escolares contenidos vinculados al patrimonio gastronómico y vitivinícola francés.

Junto a esas peticiones, el sindicato anunció que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el proyecto de una foncière, una estructura de gestión de tierras, prevista sobre 30.000 hectáreas en Burdeos. Coordination Rurale reconoce que esa iniciativa puede ofrecer una respuesta parcial al problema de las viñas arrancadas, pero advierte del riesgo de desvío medioambiental por la composición del vehículo y pide que no se aparten proyectos agrícolas que, a su juicio, sean coherentes con la libertad de producción en el territorio.