Los viticultores independientes de Francia piden 4.000 millones para proteger el 70% del viñedo

Los Viticultores Independientes de Francia, Vignerons indépendants, reclamaron este lunes, 5 de octubre, un plan de inversión de 4.000 millones de euros en cinco años para proteger físicamente el 70% del viñedo del país frente al granizo, las heladas y la sequía. La propuesta, defendida por su presidente, Jean-Marie Fabre, toma como referencia 10.000 euros por hectárea y plantea un cambio en la política pública: dedicar más recursos a prevenir daños y menos a pagar indemnizaciones después de cada episodio meteorológico.

Fabre afirmó que una campaña sin incidencias climáticas se ha convertido en una excepción y vinculó esa situación al cambio del clima. A su juicio, el Estado debe ayudar a proteger las explotaciones antes de que lleguen las pérdidas, en lugar de limitarse a compensarlas una vez producidas.

La asociación sostiene que ese esfuerzo inicial tendría retorno a medio y largo plazo. Para apoyar esa tesis, recuerda que el Estado francés ha desembolsado 2.000 millones de euros en indemnizaciones en los tres últimos años. Esa cifra equivale a unos 667 millones al año, por encima de los 200 millones anuales que la organización pide a la administración central dentro de su plan. Además, la entidad calcula que una pérdida del 10% en el viñedo supone 610 millones de euros menos de recaudación fiscal.

El esquema financiero planteado por los viticultores reparte la carga entre varias administraciones. La propuesta pasa por movilizar 2.000 millones de euros del Feader, el fondo europeo de desarrollo rural, sumar 1.000 millones aportados por las regiones y completar el plan con 200 millones al año del Estado durante cinco ejercicios. Con esa estructura, la aportación estatal total sería de 1.000 millones de euros en cinco años.

Fabre compara esa cantidad con otras partidas aprobadas recientemente por las autoridades francesas. En 2025, las ayudas destinadas al arranque y a la destilación sumaron 310 millones de euros. Con ese dato, la asociación defiende que invertir antes en protección puede resultar menos gravoso para las cuentas públicas que repetir medidas de urgencia cuando la cosecha ya se ha perdido.

La organización no plantea cubrir la totalidad del viñedo francés, sino llegar al 70%, una proporción que considera suficiente para reducir de forma clara el impacto económico de los accidentes meteorológicos. En palabras de Fabre, una red de protección más extendida permitiría conservar producción, mantener cuota de mercado y reducir la presión sobre el empleo ligado al vino. También pidió al Estado que decida si quiere apoyar al sector vitivinícola o asumir una pérdida de peso de esta actividad.

La propuesta tiene un alcance que va más allá de las fincas afectadas por el granizo, las heladas o la falta de agua. Para el sector de las bebidas, y en especial para el vino, un giro hacia la prevención podría aportar más estabilidad a la oferta en campañas marcadas por fenómenos meteorológicos y reducir parte del gasto público ligado a las ayudas extraordinarias. Si esa protección rebajara las pérdidas de cosecha, también podría suavizar los altibajos en la actividad de bodegas, cooperativas y exportadores.