Denuncian ofertas para la uva de cava por debajo de costes de producción

La Unió Llauradora denunció el pasado 14 de agosto que las primeras propuestas de compra de uva blanca para cava que circulan en el sector se sitúan por debajo de los costes de producción y advirtió de que no aceptará que la presión económica vuelva a recaer sobre los viticultores. Según informa Europa Press, la organización agraria trasladó su rechazo a unos precios que considera inasumibles para la próxima vendimia.

La entidad sitúa esas ofertas iniciales entre 0,25 y 0,30 euros por kilo, en función de la bodega. A su juicio, esas cifras quedarían, en algunos casos, cerca de la mitad del coste de producción de referencia. La Unió sostiene que, si esos importes se confirman, el ajuste del sector volvería a recaer sobre el agricultor, pese a las exigencias de profesionalización, calidad y adaptación que se le vienen pidiendo desde hace años.

La organización también cuestiona las fórmulas comerciales que, a su entender, pueden alterar el precio real que percibe el productor. En concreto, asegura que en algunos casos solo alrededor del 70% de la uva se pagaría al precio anunciado, mientras que el 30% restante podría abonarse a 0,12 euros por kilo. La Unió avisa de que no admitirá que se haga público un precio de referencia que luego quede rebajado por porcentajes, límites de kilos u otros mecanismos de compra.

La protesta se produce en plena preparación de la vendimia de las variedades blancas ligadas a la DO Cava. La Unió considera que esta campaña puede suponer un punto de inflexión para el viñedo, porque ve incompatible exigir inversiones, sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y arraigo al territorio mientras se paga por debajo del coste efectivo de producción.

En ese sentido, la organización remarca que no puede haber sostenibilidad económica del viñedo si el agricultor no obtiene una renta suficiente por su trabajo. También lanza un aviso a bodegas y grandes compradores y les pide que rectifiquen antes de hacer públicas sus condiciones de compra para esta campaña. La Unió confía en que estos primeros importes no sean los definitivos y reclama responsabilidad a todo el sector comprador.

La entidad anuncia además que, junto con el resto del sector productor, hará públicos los precios oficiales en cuanto disponga de ellos, sobre todo si quedan por debajo de las referencias de costes o si incluyen fórmulas que reduzcan la media final cobrada por toda la uva entregada. Su intención es vigilar tanto el precio nominal como el resultado real que llega al viticultor.

La Unió vincula esta denuncia a la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a que el precio pagado al productor sea superior a su coste efectivo de producción. La organización avisa de que denunciará los incumplimientos y añade que ni las bodegas ni las cooperativas deberían vender sus productos a precios que las lleven después a pagar la uva por debajo de ese umbral.

La queja no se limita a la uva blanca para cava. La Unió afirma que el mismo problema aparece en variedades tintas amparadas por denominaciones de origen, con el añadido de que, según expone, el mercado no está valorando esas uvas y en algunos casos resulta difícil darles salida. La organización añade que muchas de esas plantaciones fueron impulsadas en su día por las propias bodegas y que ahora carecen de una salida comercial suficiente.

Ante esa situación, la entidad vuelve a pedir un arranque social de viñedos para ajustar la producción a la demanda. La propuesta se dirige a bodegas, empresas elaboradoras y compradores, a los que reclama una actuación responsable para evitar que el futuro del sector vitivinícola se construya, en palabras de la organización, a costa de la ruina de quienes cultivan la viña.

La Unió también carga contra el Gobierno por no haber activado las ayudas extraordinarias al viñedo previstas por ley. La organización sostiene que el Ejecutivo ha alegado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y exige la aplicación inmediata de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Esa norma contemplaba un fondo de 370 millones de euros para explotaciones profesionales afectadas por la sequía y por el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania, de los que 285 millones estaban reservados para el olivar de secano y 85 millones para el viñedo de secano.

La crítica se extiende a la falta de una petición española ante la UE para obtener apoyo económico para la destilación de crisis, una herramienta pensada para reducir la oferta de vino y equilibrar el mercado. La Unió recuerda que Francia contará con 40 millones de euros para ese fin y Alemania con 14 millones.