El campo respira con la regularización de 500.000 migrantes aprobada por el Gobierno

Las organizaciones agrarias han mostrado su apoyo a la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas extranjeras que ya residen en España, una medida anunciada por el Gobierno y aprobada este martes, 27 de enero, por el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación. El sector primario lleva tiempo reclamando soluciones ante la falta de mano de obra, especialmente en campañas agrícolas y ganaderas.

Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja nacional, ha señalado que la reducción del requisito de arraigo en el país de dos años a cinco meses facilitará la incorporación de trabajadores extranjeros al campo. Álvarez ha subrayado que cualquier ayuda o incentivo en formación y mantenimiento del empleo será bien recibido para que estas personas puedan acceder a puestos en las explotaciones agrarias.

Pere Roque, presidente de Asaja Cataluña, ha explicado que la profesionalidad y la disponibilidad de personas dispuestas a trabajar en el campo es una necesidad actual. Sin embargo, ha remarcado que la regularización debe ir acompañada de más servicios y formación para los nuevos trabajadores.

Desde COAG, Andrés Góngora, miembro de la Comisión Ejecutiva, ha recordado que esta medida responde a una demanda histórica del sector agrario ante la escasez de mano de obra. Góngora ha pedido que se tenga en cuenta al sector agrario durante todo el proceso y ha solicitado la creación de una Mesa de interlocución agraria en el Ministerio de Empleo para asegurar que los nuevos trabajadores se integren correctamente en las actividades del campo.

UPA también ha valorado positivamente la regulación mediante un comunicado. La organización considera que el sector necesita mano de obra para sacar adelante las cosechas y cuidar los animales. Además, han puesto en valor la importancia de que los pueblos cuenten con personas migrantes con derechos y deberes que les permitan acceder a contratos dignos.

Unión de Uniones (UdU), a través de Carles Vicente, miembro de su Ejecutiva estatal, ha recordado que llevan años pidiendo esta medida. Vicente ha explicado que la falta de mano de obra ha provocado cambios o incluso cancelaciones en algunas cosechas, especialmente en sectores como el espárrago o el olivar.

Los sindicatos también han mostrado su acuerdo con la decisión del Gobierno. Desde la Federación de Industria de CCOO, un portavoz ha explicado que esta medida puede afectar a entre 150.000 y 200.000 extranjeros que actualmente trabajan en el campo sin documentación regularizada. Sebastián Serena, secretario del sector Agroalimentario de UGT-FICA, ha afirmado que el sector primario será uno de los más beneficiados por esta legalización. Serena ha añadido que permitirá aflorar economía sumergida y mejorar las condiciones laborales y sociales para quienes hasta ahora trabajaban sin derechos reconocidos.

Según los datos del Sistema Especial Agrario (SEA), en diciembre de 2025 había 248.217 afiliados extranjeros, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior. Este colectivo representa ya el 36,91% del total del régimen agrario. Las principales nacionalidades son Marruecos (105.415 personas), Rumanía (37.364) y Senegal (20.400). Andalucía es la región con más afiliados extranjeros (107.919), seguida por Región de Murcia (47.518) y Comunidad Valenciana (31.885).

El proceso iniciado por el Gobierno busca dar respuesta a una demanda social y laboral del sector primario español ante la dificultad para cubrir puestos esenciales en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Las organizaciones agrarias y sindicales coinciden en señalar la importancia de acompañar esta regularización con medidas formativas y servicios adecuados para garantizar una integración efectiva en el mercado laboral rural.