La Generalitat examina más de cien contratos de uva por pagos por debajo del coste

CadeCAT investiga si bodegas pagaron la vendimia por debajo del coste real de producción

domingo 22 de noviembre de 2026

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La Generalitat ha intensificado el control sobre las compras de uva en Cataluña y ya analiza más de un centenar de contratos por posibles pagos por debajo del coste de producción. Fuentes del sector y próximas al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sitúan en esa cifra las actuaciones abiertas por una posible vulneración de la ley estatal de la cadena alimentaria 16/2021, que prohíbe adquirir productos agrarios a un precio inferior al que cuesta producirlos.

El aumento de los expedientes bajo revisión llega después de que en octubre hubiera unos 50 contratos en el punto de mira. En el último mes, los técnicos han ampliado las inspecciones de oficio, es decir, iniciadas por la propia Administración, aunque parte de las actuaciones también parten de denuncias presentadas por viticultores, organizaciones agrarias y otros profesionales del sector.

La unidad que está llevando el grueso de estas comprobaciones es CadeCAT, dependiente del departamento que dirige el conseller Òscar Ordeig y encargada de vigilar las relaciones comerciales dentro de la cadena agroalimentaria en Cataluña. Las fuentes consultadas describen la situación en el viñedo y en el vino como un momento de fuerte tensión, y consideran que el volumen de controles no tiene precedentes recientes por su alcance.

Por ahora, todos los procedimientos siguen en una etapa inicial. Los inspectores están reclamando documentación a las partes implicadas para determinar si existen indicios suficientes para pasar al siguiente paso, que sería la apertura formal de un expediente sancionador. Esa decisión todavía no se ha tomado de forma generalizada y dependerá del análisis individual de cada contrato.

Si se confirmaran irregularidades, las multas previstas por la norma varían según la gravedad de la infracción. Las sanciones leves van de 250 a 3.000 euros, las graves de 3.000 a 100.000 euros y las muy graves de 100.000 a un millón de euros. Además, las resoluciones no serían firmes de inmediato, ya que las empresas afectadas podrían presentar alegaciones. Los nombres de los elaboradores sancionados solo se harían públicos cuando ya no quedaran más vías de recurso ante los tribunales.

Las mismas fuentes prevén que el examen de la documentación avance durante los próximos días y que, en torno a finales de diciembre, buena parte de las resoluciones estén bastante avanzadas. Aun así, dan por hecho que varios procedimientos se alargarán durante 2027 por la presentación de alegaciones y por la tramitación administrativa posterior.

El origen de esta ofensiva está en una vendimia en la que el precio de la uva ha sido una de las cuestiones más discutidas. A mediados de agosto, siete organizaciones agrarias denunciaron que varios elaboradores habían presentado ofertas de compra “muy por debajo” del coste de producción. Esas entidades citaron de forma expresa a las bodegas Jaume Serra, del grupo García Carrión, Can Pagès y Vins Font, aunque esa mención no implica por sí sola una infracción acreditada.

Según esas organizaciones, algunas propuestas planteaban pagos inferiores a 30 céntimos por kilo. Esa cifra quedaba muy por debajo de la referencia fijada este año por el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), que situó el coste orientativo entre 53 y 56 céntimos por kilo. El propio sector recuerda, no obstante, que los datos del Incavi sirven como guía y que la Administración revisa cada contrato por separado para comprobar si el precio pactado estaba o no por debajo del coste real de producir esa uva concreta.

La intervención de la Generalitat tiene un efecto potencial directo sobre el negocio de las bebidas, en este caso sobre el vino y su cadena de suministro. Un control más intenso sobre los contratos entre viticultores y bodegas eleva el riesgo de sanción por incumplir la ley y puede empujar a revisar prácticas comerciales en un sector muy sensible al precio de la materia prima. También pone más presión sobre las negociaciones de las próximas campañas, porque la uva es la base de buena parte de la producción vinícola catalana.

El refuerzo de la vigilancia coincide, además, con una recuperación de la producción tras varios años marcados por bajos rendimientos asociados a la sequía. Los datos presentados a principios de noviembre por el Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental cifran la vendimia catalana de este año en 356.506 toneladas de uva, un 3,9% más que en la campaña de 2025.

A juicio del Incavi, esa cifra confirma una mejora respecto a los mínimos de ejercicios anteriores, aunque el instituto matiza que la falta de lluvias en primavera y las altas temperaturas del verano rebajaron unas previsiones iniciales que eran más elevadas. El calor perjudicó sobre todo a variedades tempranas como chardonnay y macabeo, mientras que las lluvias de finales de agosto favorecieron a variedades más tardías como xarel·lo y parellada.

La campaña también estuvo marcada por la precocidad. Las condiciones meteorológicas aceleraron la maduración y adelantaron el calendario de recolección en distintas zonas productoras. En ese escenario, el precio pagado por la uva ganó todavía más peso para los viticultores, que ven en las inspecciones una prueba de hasta qué punto la Administración está dispuesta a hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria.

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