Expertos piden reformar el impuesto especial de la cerveza para reducir el consumo nocivo en Sudáfrica
Sus cálculos apuntan a 1.900 muertes evitables con tramos fiscales más escalonados según la graduación alcohólica
jueves 19 de noviembre de 2026
La revisión de los impuestos especiales sobre el alcohol en Sudáfrica sigue abierta mientras un grupo de investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo y del Consejo Sudafricano de Investigación Médica reclama cambios en la fiscalidad de la cerveza para reducir el consumo nocivo. Los expertos vinculan el alcohol al 3,7% de todas las muertes del país y sostienen que el diseño de los tramos fiscales puede influir de forma directa en la graduación de los productos que llegan al mercado.
Las cifras proceden del estudio Carga Mundial de Enfermedad de 2023. Ese trabajo atribuye al alcohol cerca de un millón de años de vida ajustados por discapacidad, una medida que suma muerte prematura y años vividos con enfermedad. Esa carga equivale al 3,3% del total de enfermedad en Sudáfrica. Los datos fueron expuestos por investigadores del SAMRC y de la UCT en un encuentro con medios centrado en el posible efecto de las reformas de la política sobre alcohol.
El doctor Annibale Cois, científico sénior de la unidad de investigación sobre carga de enfermedad del SAMRC y profesor honorario de la UCT, señaló que el daño asociado al alcohol va mucho más allá de la enfermedad hepática. Según explicó, existe una relación sólida con un amplio abanico de problemas de salud, entre ellos enfermedades cardiovasculares, trastornos neuropsiquiátricos, cáncer y otras patologías crónicas.
Ese debate sanitario ha vuelto a poner el foco en si el sistema fiscal sudafricano hace lo suficiente para desalentar el consumo perjudicial. Un estudio elaborado por la unidad REEP de la UCT y el SAMRC analizó cómo distintos modelos de gravamen para la cerveza podrían cambiar los patrones de consumo y los resultados sanitarios. En el escenario más intenso de los simulados por los investigadores, el consumo de cerveza podría caer un 15,7% y el consumo total de alcohol puro un 8,5%.
A partir de ese descenso, los autores calculan que se podrían evitar unas 1.900 muertes al año y sumar más de 91.000 años de vida saludable anuales. La cerveza ocupa un lugar central en ese análisis porque representa alrededor del 54% del alcohol puro consumido en Sudáfrica. Por eso, cualquier ajuste en su tributación puede tener un efecto más amplio que el de otros segmentos del mercado.
La doctora Nicole Vellios, directora de investigación de REEP, defiende que los impuestos especiales sobre el alcohol deben entenderse como una herramienta de salud pública y no solo como una fuente de ingresos para el Estado. A su juicio, las subidas deben ser regulares y superiores tanto a la inflación como al aumento de la renta, porque si solo acompañan a los precios, el alcohol puede seguir siendo más asequible con el paso del tiempo.
El otro punto de fricción está en el diseño de los tramos. La propuesta del Tesoro Nacional fija dos umbrales para la cerveza: uno en el 2,5% de alcohol por volumen y otro en el 9%. El problema, según Vellios, es que la mayor parte de la cerveza vendida en Sudáfrica se mueve entre el 4% y el 6%, de modo que la mayoría de las marcas habituales quedarían dentro de la misma franja fiscal.
Frente a ese planteamiento, REEP propone una estructura más escalonada, con cortes en el 2,5%, el 3,5% y el 4,5%. La idea es que una rebaja moderada de la graduación ya permita acceder a un tramo menor y anime a las empresas a reformular parte de su oferta. Con la propuesta actual, un productor tendría que bajar una cerveza típica desde el entorno del 4,5% o el 5,5% hasta menos del 2,5% para pagar menos impuesto, un salto que los investigadores consideran poco realista.
Esa diferencia no es menor para el sector de bebidas. Si la fiscalidad se vincula con más precisión a la graduación, podría trasladarse al precio final, empujar cambios de receta y abrir más espacio a cervezas de menor contenido alcohólico. También puede alterar la posición comercial de unas marcas frente a otras. Por ahora, se trata de una reforma en estudio y no de una medida aprobada.
El trabajo también examinó la violencia interpersonal. En su escenario más intenso, los autores calculan que podrían evitarse cada año unas 66 muertes asociadas a este tipo de violencia y más de 4.044 años de vida ajustados por discapacidad vinculados a ella. Los investigadores aclaran que la reforma fiscal, por sí sola, no impediría la violencia de género, pero sí podría contribuir a reducir uno de los factores asociados al daño.
Nomcebo Dlamini, directora de campaña de SAAPA SA, puso el foco en las personas que no beben pero sufren las consecuencias. Afirmó que el debate sobre alcohol suele centrarse en quien consume y deja en segundo plano el impacto sobre mujeres, niños y otros familiares vulnerables, que a menudo soportan las secuelas del consumo nocivo en el hogar.
El profesor Richard Matzopoulos, director de la unidad de carga de enfermedad del SAMRC y profesor honorario de la UCT, sostuvo que el efecto económico del alcohol suele infravalorarse cuando la discusión se limita al empleo y a la recaudación que genera la industria. A su juicio, la mayor parte del daño económico está en las vidas perdidas y en los años de vida saludable que se dejan por el camino, más que en el gasto directo que asumen las administraciones y la economía formal.
Matzopoulos añadió que las medidas orientadas a reducir el consumo suelen encontrar oposición porque recortan márgenes empresariales. Mientras tanto, el Tesoro Nacional mantiene en marcha la revisión de la fiscalidad del alcohol y el informe presupuestario de 2026 ya avanzó que las consultas con las partes interesadas continuarían durante el año.