El Senado italiano aprueba la ley Coltiva Italia con más de 1.100 millones para el campo

El Senado italiano aprobó este miércoles, 4 de noviembre, de forma definitiva la ley Coltiva Italia, con 76 votos a favor, ninguno en contra y 64 abstenciones, según informa Italpress. La Cámara de Diputados ya había dado su visto bueno al texto, por lo que la norma completa así su tramitación parlamentaria y entra en vigor como uno de los principales paquetes de apoyo al campo impulsados por el Gobierno de Giorgia Meloni.

El ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigida, afirmó que la ley moviliza más de 1.100 millones de euros y la definió como “el mayor plan estratégico para la agricultura”. A su juicio, el objetivo es reforzar la estructura del sector, intervenir sobre sus problemas y asegurar la producción italiana de alimentos de alta calidad. El ministerio italiano sitúa entre las prioridades el refuerzo de las cadenas agroalimentarias, la modernización de las explotaciones y el relevo generacional.

Una parte central del plan se dirige a las cadenas consideradas estratégicas. La ley reserva 300 millones de euros para el aprovisionamiento de productos agrícolas, el refuerzo de las cadenas locales, la mejora de la posición de las empresas y el apoyo a cultivos de interés estratégico y a la cría de terneros autóctonos. A eso se suman 70 millones para el Fondo de Soberanía Alimentaria, orientado a sectores en dificultades como el trigo blando, la cebada, el maíz y las proteínas vegetales.

El texto incorpora además 300 millones para la ganadería italiana, con la idea de reducir la dependencia de las importaciones y reforzar la producción nacional de carne de vacuno. En sede parlamentaria, esas ayudas se ampliaron también a las estructuras ganaderas. El sector del olivar contará con otros 300 millones para las actuaciones previstas en el nuevo Plan Olivícola Nacional 2026-2030 y para medidas contra enfermedades vegetales. La ley prohíbe, además, arrancar olivares dedicados a producciones DOP e IGP para instalar parques fotovoltaicos o eólicos, salvo que se replanten en el mismo lugar o en áreas próximas.

En cereales, la norma prevé 10 millones de euros para contratos de cadena del trigo e introduce un crédito fiscal de entre el 20% y el 40% para acuerdos de tres a cinco años. El Ejecutivo italiano plantea esta fórmula como una vía para dar mayor estabilidad a los ingresos de los agricultores y aportar más certeza sobre los precios.

El relevo generacional ocupa otro bloque del texto. El plan asigna 150 millones de euros al emprendimiento agrario juvenil y femenino. De esa cantidad, el 65% se canalizará mediante préstamos y el 35% en ayudas a fondo perdido. ISMEA pondrá a disposición 8.417 hectáreas en cesión gratuita durante 10 años para jóvenes de entre 18 y 41 años, con posibilidad de compra final por el 50% del valor inicial. Los ayuntamientos, además, podrán censar y ofrecer tierras sin uso a través de un banco municipal de tierras para favorecer su recuperación productiva y limitar el despoblamiento.

La nueva ley también refuerza la investigación y la digitalización. CREA podrá incorporar 50 trabajadores mediante concursos públicos: 25 investigadores y tecnólogos, 10 colaboradores técnicos, 11 colaboradores administrativos y 4 operadores técnicos. Andrea Rocchi, presidente de CREA, señaló que la norma apuesta por el relevo generacional en la investigación y por la modernización de las infraestructuras del organismo. El artículo 14 reserva 10 millones de euros en 2026 para renovar explotaciones experimentales y laboratorios, además de impulsar la digitalización y el uso de inteligencia artificial. CREA recuerda que su red suma más de 80 explotaciones en 17 regiones y 66 municipios, con 5.005 hectáreas, 76 tipos de cultivo y 2.000 cabezas de ganado.

Entre las medidas de urgencia figura la creación de un comisario extraordinario nacional contra la Xylella, en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2028, con una estructura de cinco personas y tres subcomisarios. La partida prevista es de 3 millones de euros. La ley incorpora asimismo una moratoria de préstamos para empresas agrarias, pesqueras y acuícolas afectadas por epizootias y enfermedades vegetales durante 2025. Frente a la peste porcina africana, el texto incluye 1 millón para prevención, bioseguridad y apoyo a empresas, además de 3 millones para compañías de sacrificio y medidas como vallados, estructuras temporales y almacenamiento de carne procedente de zonas con restricciones.

El capítulo de controles y autenticidad alimentaria añade un sistema más flexible para algunas infracciones corregibles: la autoridad podrá emitir un requerimiento y la empresa dispondrá de 60 días para regularizar su situación y cerrar el expediente con una sanción reducida a un tercio del mínimo legal. También se asignan 1,79 millones de euros al control de certificados de captura en importaciones de productos pesqueros y 0,65 millones para una base de datos nacional de perfiles analíticos que permita verificar el origen geográfico, varietal y compositivo de alimentos y bebidas. La norma incluye además una protección específica para el vinagre: solo podrá usarse ese nombre cuando proceda de materias primas agrícolas y la etiqueta deberá indicar la materia de origen.

Para el sector de bebidas, uno de los puntos más relevantes es la reserva de 9,2 millones de euros para oleoturismo y enoturismo. La ley permite que las empresas agrarias incorporen servicios de acogida dentro de su oferta vinculada al vino y al aceite en áreas rurales. Esa medida puede abrir nuevas vías de ingresos para bodegas y otras explotaciones que ya reciben visitantes o quieren diversificar su actividad más allá de la producción. Al mismo tiempo, la aprobación parlamentaria no significa que todas las ayudas estén ya operativas, ya que parte de su aplicación dependerá del desarrollo administrativo posterior.

La norma se completa con un paquete de simplificación burocrática. Las tramitaciones de los Centros Autorizados de Asistencia Agraria pasarán a ser ejecutivas de forma inmediata en los expedientes que no requieran valoraciones discrecionales. El Gobierno italiano pretende así acortar plazos y facilitar el acceso de las empresas a los fondos públicos previstos en la nueva ley.