El Gobierno de Colombia plantea una fuerte subida de impuestos al alcohol, tabaco, vapeadores y bebidas azucaradas

El Gobierno de Colombia ha llevado al Congreso una Ley de Rescate Económico que, si se aprueba, elevará la carga fiscal sobre cerveza, vino, destilados, cigarrillos, productos de tabaco calentado, vapeadores y bebidas ultraprocesadas endulzadas. La iniciativa fue presentada este viernes, 30 de octubre, por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas, recortar gasto administrativo y destinar nuevos ingresos al aseguramiento en salud.

El proyecto modifica varios impuestos que afectan a productos de consumo habitual. En bebidas alcohólicas, el cambio más visible se concentra en vinos, licores destilados y aperitivos, que pasarían de tributar un IVA del 5% al tipo general del 19%. A ese ajuste se sumaría un impuesto al consumo con dos partes: una tarifa específica de 750 pesos por cada grado de alcohol en presentaciones de 750 centímetros cúbicos y un gravamen ad valorem del 35% sobre el precio de venta al público certificado por el Dane, el organismo estadístico colombiano.

Con esa combinación, la iniciativa calcula que el precio final de destilados, vinos y aperitivos subiría de media más del 30%. El impacto no sería igual en todos los productos, porque el impuesto ad valorem depende del precio certificado y el componente específico depende de la graduación alcohólica. En la práctica, cuanto mayor sea el precio de venta y la graduación, mayor será la presión fiscal.

La cerveza y los refajos también quedarían sujetos a una nueva fórmula. El proyecto prevé un impuesto a la producción que se trasladaría al consumidor, con un componente ad valorem del 10% y una tarifa específica de 330 pesos por cada grado de alcohol en envases de 330 centímetros cúbicos. La cerveza sin alcohol quedaría exenta de ese cobro específico. El articulado incluye además sifones y mezclas de bebidas fermentadas.

Para bodegas, importadores, distribuidores, hostelería y comercio minorista, este cambio puede alterar precios de venta, márgenes y ritmo de demanda en varias categorías al mismo tiempo. En vino y destilados, la subida del IVA del 5% al 19% se suma a nuevos gravámenes específicos y porcentuales, lo que puede encarecer tanto referencias locales como importadas si ese aumento se traslada al lineal o a la carta.

La reforma también endurece la fiscalidad del tabaco y de la nicotina inhalada. En cigarrillos tradicionales, el proyecto estima una subida cercana al 50% en el precio de venta al público. Para una cajetilla de 20 unidades, la tarifa específica sería de 7.823 pesos en 2027 y subiría a 11.200 pesos desde 2028, con un gravamen ad valorem adicional del 10%. La picadura, el rapé y el chimú pasarían a pagar 891 pesos por gramo.

En cigarrillos electrónicos y vapeadores, la iniciativa prevé aumentos aún mayores. Los líquidos de vapeo abonarían 1.000 pesos por mililitro en 2027 y 2.000 pesos por mililitro desde 2028, además de un gravamen ad valorem del 30%. Con ese esquema, el precio final de estos productos superaría el 50%, siempre que la carga fiscal se traslade al consumidor.

El texto incorpora además bebidas ultraprocesadas endulzadas, como gaseosas, refrescos, néctares y zumos con azúcares añadidos o edulcorantes, siempre que su volumen de alcohol no supere el 0,5%. A partir de 2028, pagarían entre 45 y 76 pesos por cada 100 mililitros, según su nivel de azúcar. El proyecto espera recaudar cerca de 1,8 billones de pesos adicionales con este apartado.

La actualización futura de algunos tributos también figura en la propuesta. En el caso de destilados, vinos y aperitivos, la tarifa específica prevista para 2028 se revisaría cada año con la inflación más cuatro puntos porcentuales. Eso introduce una vía de aumento automático que puede mantener la presión sobre los precios incluso sin nuevas reformas fiscales.

El destino de la recaudación adicional está fijado en la propia iniciativa. Los nuevos ingresos se dedicarían de forma obligatoria a financiar el aseguramiento en salud en Colombia. Para asegurar el flujo de fondos, los departamentos y el Distrito Capital tendrían que transferir cada mes los recaudos extraordinarios a la Adres dentro de los primeros quince días hábiles.