El Senado de Trinidad y Tobago aprueba elevar a 21 años la edad legal para consumir alcohol y tabaco

El Senado de Trinidad y Tobago aprobó este miércoles, 7 de octubre, un proyecto de ley que eleva la edad legal para consumir alcohol y tabaco de 18 a 21 años y fija en 25 años la edad mínima para el juego y el uso de cannabis. La iniciativa salió adelante por 15 votos a 12, con tres abstenciones, y lo hizo solo con el apoyo de los senadores del Gobierno.

La norma, denominada proyecto de ley de disposiciones varias sobre alcohol, cannabis, drogas peligrosas, juego y tabaco de 2026, no recibió ningún voto favorable ni de la oposición ni de los senadores independientes. Marlene Attzs, Francis Lewis y Alicia Pauline Lalite-Ettienne se abstuvieron, mientras que el resto de independientes votó en contra junto a la oposición.

La votación confirma las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante parte de su agenda en la Cámara Alta. Es la tercera ley de peso aprobada en las últimas semanas gracias al bloque completo de senadores del Gobierno. En otros dos casos, la ley de operaciones especiales y la reforma sobre contratación pública y disposición de bienes públicos, el resultado fue un empate a 15 y el presidente del Senado, Wade Mark, tuvo que usar su voto de calidad.

El debate se prolongó durante horas y dejó abiertas dudas sobre la base de la reforma. Varios senadores independientes preguntaron por qué una persona de 18 años, que en Trinidad y Tobago ya es adulta y puede votar, casarse, firmar contratos o ingresar en los servicios de protección, dejaría de poder comprar alcohol de forma legal.

También pidieron más datos del propio país para justificar el cambio. Parte de las críticas se dirigió al uso de estudios internacionales sobre daños asociados al alcohol, muertes en carretera y sobredosis, sin que durante el debate se aportara, a juicio de esos senadores, un volumen equivalente de pruebas locales sobre el impacto entre los jóvenes de Trinidad y Tobago.

El fiscal general, John Jeremie, defendió la subida de la edad legal como una medida regulatoria respaldada por pruebas médicas. Durante su intervención final, recordó que varios territorios han elevado a 21 años la edad mínima para beber y sostuvo que esa decisión se apoya en evidencia sanitaria. También citó información expuesta en la Cámara por el ministro de Sanidad, Lackram Bodoe, y afirmó que el Gobierno prevé acompañar la ley con campañas de educación pública y comunicación para reducir el consumo de alcohol y su accesibilidad entre los jóvenes.

Jeremie puso como ejemplo a Estados Unidos, Canadá, Sri Lanka, Lituania y Singapur, países que, afirmó, han impuesto restricciones sobre alcohol, tabaco, juego o cannabis. Su llamamiento a los senadores independientes fue directo: pidió apoyo al objetivo general de la ley aunque no compartieran todos sus apartados.

Para reforzar ese mensaje, evocó a la fallecida senadora independiente Dana Seetahal. Jeremie relató que, pese a ser fumadora, respaldó en su día legislación de control del tabaco porque entendía el propósito de esas medidas. A partir de ese precedente, pidió una postura similar con la reforma aprobada este miércoles, 7 de octubre.

Otra parte del debate giró en torno al régimen sancionador. Algunos senadores consideraron que varias multas eran excesivas. El fiscal general respondió que en 2020 una modificación de la ley de interpretación elevó de $500 a $100.000 la multa por incumplimientos de reglamentos, y añadió que la ley de drogas peligrosas ya contempla penas que van de 25 años de prisión a cadena perpetua. Con ese marco, sostuvo que las sanciones incluidas en el nuevo texto son “responsables” y “proporcionadas”.

Jeremie también rechazó las críticas sobre la redacción del proyecto. Defendió que las leyes pasan por una fase de formulación de políticas, una revisión legislativa y el control del Consejo de Ministros antes de llegar al Parlamento.

La aprobación en el Senado no supone todavía la entrada en vigor inmediata. El texto pasa ahora a la presidenta de la República, Christine Kangaloo, para su sanción. Una vez obtenga ese trámite, se convertirá en ley.

Para el sector de las bebidas, la reforma puede tener efectos directos si acaba aplicándose en los términos aprobados por la Cámara Alta. Bares, restaurantes, comercios y establecimientos turísticos tendrían que revisar sus controles de edad y adaptar procedimientos de venta y servicio al pasar de 18 a 21 años el umbral legal para el alcohol. Además, la medida reduciría el grupo de consumidores autorizados entre los jóvenes adultos, con posible impacto en la actividad de locales y distribuidores que operan en ese tramo de edad.

La discusión política, sin embargo, sigue abierta. La división de la votación deja claro que una parte del Senado no cuestiona solo la dureza de algunas sanciones, sino también la justificación elegida por el Gobierno para cambiar edades legales ya asentadas en otros ámbitos de la vida adulta.