Massachusetts plantea eliminar el cupo estatal de licencias de alcohol para bares y restaurantes

La oficina de la auditora estatal de Massachusetts publicó este martes, 13 de octubre, un informe que propone eliminar el sistema de cupos de licencias de alcohol fijado por población y dar a los municipios el control directo sobre las autorizaciones para restaurantes, bares, hoteles y clubes que sirven bebidas alcohólicas en el local. El análisis sostiene que la fórmula vigente, escrita en 1933, provoca una escasez artificial o arbitraria en las localidades donde quieren abrir nuevos negocios y empuja a los empresarios a un proceso político y a un mercado privado de reventa que favorece a quienes tienen más recursos y mejores contactos.

El trabajo, elaborado por la División de Mandatos Locales de la propia auditoría, revisó datos municipales sobre licencias, encuestó a 260 cargos locales y propietarios de negocios e incorporó entrevistas con titulares de licencias, responsables municipales, legisladores y representantes del sector. A partir de esa base, concluye que 2,5 millones de residentes viven en municipios con limitaciones para conceder licencias por culpa del tope impuesto por el estado.

El informe añade que 26 municipios pudieron librarse de ese límite y asumir el control local en una ventana legal abierta entre 1978 y 1984. Esa excepción, a juicio de la auditoría, ha dejado un sistema de dos velocidades: unas ciudades y pueblos pueden ajustar las licencias a sus necesidades, mientras otros dependen de un marco más rígido aunque tengan demanda empresarial y planes de desarrollo comercial.

La desigualdad también aparece ligada a la renta municipal. El estudio calcula que las localidades con mayor riqueza emiten un 58% más de licencias por habitante que las menos ricas. Además, logran con más frecuencia autorizaciones extra por la vía de las peticiones legislativas locales, un procedimiento que, siempre de acuerdo con la auditoría, carece de criterios escritos y no cuenta con un registro público completo y de fácil acceso.

Uno de los puntos más sensibles es el mercado secundario de licencias en los municipios sujetos a cupo. Empresarios consultados por la auditoría dijeron haber pagado cantidades de seis cifras para comprar una licencia ya existente: 600.000 dólares en Boston, 175.000 en Somerville y 100.000 en Beverly. La comparación con Cambridge, ciudad con control local, es una de las más citadas en el informe: allí el coste de obtención se sitúa en 2.500 dólares. Esa diferencia, en la práctica, levanta una barrera de entrada para nuevos restaurantes y pequeños operadores, y limita la apertura de locales donde se venden cerveza, vino y destilados para consumo en sala.

La auditoría vincula ese modelo con una menor densidad de restaurantes de servicio completo frente a los estados vecinos. Su cálculo es que, si Massachusetts igualara la media regional, podría sumar 490 restaurantes más, 9.500 puestos de trabajo, 311 millones de dólares en salarios anuales y 56 millones de dólares al año en impuestos estatales y locales sobre comidas. Para el negocio de las bebidas, una ampliación de la red de bares y restaurantes supondría previsiblemente más puntos de venta para productores, distribuidores y marcas, aunque ese efecto dependería de si la reforma sale adelante y de cómo la apliquen los municipios.

Entre las recomendaciones figura suprimir el cupo estatal basado en población y sustituirlo por un sistema de control municipal de las licencias para consumo en el establecimiento. También plantea actuar sobre los problemas de acceso y equidad que genera la reventa privada y crear una plataforma pública de datos sobre licencias para todo el estado, con el fin de mejorar el acceso a la información y hacer más transparente el proceso.

La auditora estatal, Diana DiZoglio, afirmó que Massachusetts necesita un sistema “transparente y justo” que dé a los negocios locales una oportunidad real de prosperar. En sus palabras, no debería hacer falta “tener acceso ilimitado al dinero y las conexiones políticas adecuadas” para conseguir una licencia. DiZoglio sostuvo además que el estado no tiene por qué elegir entre una regulación responsable del alcohol y la actividad económica, y defendió que ambas cosas pueden convivir.

La propuesta recibió apoyo de varios cargos locales. El alcalde de Holyoke, Joshua A. Garcia, se mostró a favor de avanzar hacia un mayor control municipal, más transparencia y un trato más equitativo en el proceso. A su juicio, una modernización del sistema daría a los ayuntamientos más capacidad para decidir sobre asuntos que afectan de forma directa a sus economías locales y les permitiría atraer inversión con más flexibilidad.

La alcaldesa de Fitchburg, Sam Squailia, señaló que en su ciudad conocen bien hasta qué punto el acceso a una licencia puede decidir si un restaurante o un negocio hostelero abre, amplía su actividad o invierte en la zona. Añadió que los datos del informe ponen cifras a problemas que municipios y empresarios llevan años soportando, sobre todo en las llamadas Gateway Cities, que intentan reactivar sus centros urbanos y sus distritos comerciales.

El representante estatal Joseph McKenna, republicano por Sutton, sostuvo que el sistema actual crea cargas artificiales que frenan la inversión privada en la restauración, dañan a las comunidades y perjudican a los emprendedores del sector. McKenna se declaró optimista ante la posibilidad de que el informe impulse una reforma con apoyos de ambos partidos y de las dos cámaras legislativas.

También se pronunciaron responsables municipales y empresarios del ramo. El concejal de North Attleborough Dan Donovan defendió que dar más flexibilidad a los municipios les ofrecería otra herramienta para atraer inversión y actividad. Christopher Tkach, fundador y presidente de Idle Hands Craft Ales en Malden, afirmó que el sistema vigente favorece con demasiada frecuencia a quienes cuentan con dinero y relaciones, mientras frena a quienes abren su primer restaurante y a pequeños operadores con propuestas nuevas.