La prohibición federal del THC del cáñamo amenaza el negocio de las cerveceras en Estados Unidos
Empresas de varios estados alertan de despidos y pérdidas si el Congreso no frena el veto
domingo 22 de noviembre de 2026

Una prohibición federal sobre la mayoría de los productos con THC derivados del cáñamo amenaza con alterar una línea de negocio que varias cerveceras de Estados Unidos habían incorporado a su actividad en los últimos años. Salvo que el Congreso actúe antes, el próximo 11 de diciembre dejará de poder venderse cualquier producto de cáñamo con más de 0,4 miligramos de THC por envase, una medida que pone en riesgo la producción de bebidas en estados como Minnesota, Illinois y Wisconsin.
El cambio afecta a una parte del sector de bebidas que había encontrado en estos productos una vía de diversificación en un periodo de menor consumo de alcohol y de cambios en las preferencias del cliente. El posible veto no se limita a las cerveceras: también puede golpear a distribuidores, laboratorios, proveedores de ingredientes, empresas de envases, transporte y locales de hostelería que comercializan estas referencias.
En Chicago, Marz Community Brewing Co. asegura que ya ha sufrido ese impacto por las modificaciones legales aprobadas en Illinois en noviembre. Ed Marszewski, cofundador de la empresa, explica que la cervecera nació en 2014 centrada en la cerveza artesanal y que no tenía previsto entrar en el negocio de los seltzers con THC. La empresa dio ese paso, afirma, porque clientes y minoristas pedían una alternativa al alcohol y porque la categoría acabó impulsando su facturación mucho más de lo previsto.
Marszewski sostiene que, tras los cambios aplicados en Illinois, Marz ha perdido más del 50% de su facturación mayorista. Añade que la compañía ha tenido que recortar horas de trabajo y despedir a varios empleados. A su juicio, la medida ha golpeado tanto el canal mayorista como las ventas en sus propios locales.
En Minnesota, Bent Paddle Brewing Co., con sede en Duluth, calcula que las bebidas con THC suponen alrededor del 40% de todo su negocio. Pepin Young, director de desarrollo de nuevos negocios de la empresa y miembro del consejo de la asociación Minnesota Hemp Beverage Producers, afirma que una prohibición sería “devastadora” para una actividad construida durante años. Young recuerda que la empresa ha invertido en personal, equipos, producción, alianzas y distribución para abrir ese mercado.
El mismo directivo sostiene que el límite federal de 0,4 miligramos por envase “elimina de hecho” los productos que Bent Paddle fabrica y vende ahora. En su opinión, no se trata de un ajuste menor, sino de un cambio que alteraría el negocio de un día para otro.
En Wisconsin, Sprecher, con sede en Glendale y origen en Milwaukee, mantiene una línea de cuatro refrescos con THC. Cada uno contiene 10 miligramos, muy por encima del umbral previsto por la norma federal. Su consejero delegado y presidente, Sharad Chadha, afirma que la empresa ha invertido en el desarrollo y lanzamiento de esa gama y que el nuevo límite les dejaría sin capacidad para vender esos productos por sus canales actuales.
Chadha añade que la situación resulta especialmente frustrante porque, dice, muchas empresas han tomado decisiones de inversión en desarrollo de producto, fabricación, cumplimiento normativo y distribución a partir del marco legal vigente hasta ahora. En el caso de Sprecher, las bebidas con THC aún representan una parte pequeña del negocio total, pero la empresa las veía como una categoría con margen de expansión.
Ese movimiento empresarial se explica también por la marcha del mercado de la cerveza. Chadha sostiene que muchas cerveceras artesanales soportan una caída del consumo de cerveza, un aumento de los costes y cambios en los hábitos de compra. En ese escenario, las bebidas con THC habían abierto una opción para diversificar la oferta y aprovechar capacidad industrial ya instalada.
La empresa de Wisconsin advierte, además, de que el efecto no se quedaría en las fábricas. Chadha habla de un entramado económico formado por laboratorios independientes que hacen análisis y certificados de seguridad, procesadores de cáñamo, extractores, suministradores de ingredientes, compañías de envases, transporte, distribuidores y comercios. Ese ecosistema, afirma, ha invertido millones de dólares en instalaciones, tecnología y empleo, y ha generado miles de puestos de trabajo.
El origen de este mercado se remonta a la Farm Bill de 2018. Esa ley legalizó el cáñamo industrial y sacó de la definición de marihuana, dentro de la legislación federal sobre sustancias controladas, al cáñamo y a derivados del cannabis con bajas concentraciones de THC. A partir de ahí llegaron a las tiendas seltzers, refrescos, gominolas y otros productos con THC capaces de producir efectos psicoactivos. La actividad nacional del cáñamo está valorada en unos 38.700 millones de dólares, de acuerdo con los datos citados por las empresas consultadas en la información.
Los detractores de estos productos llevan años avisando de otro problema: la falta de regulación uniforme y el acceso de menores. Parte de las críticas se centra en alimentos o dulces que imitan el aspecto de marcas habituales. En 2024, Samuel Levine, entonces director de la Oficina de Protección del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, señaló que las empresas que venden productos comestibles con THC confundibles con aperitivos o caramelos no solo actúan de forma ilegal, sino que ponen en riesgo la salud de niños pequeños.
Varios estados aprobaron normas propias para ordenar este mercado, pero esas medidas no cerraron el vacío legal abierto por la ley de 2018. Según informó Associated Press, el senador republicano Mitch McConnell, que impulsó aquella reforma, también promovió después el cierre de esa vía legal. En 2025, incorporó una prohibición del cáñamo al paquete de asignaciones presupuestarias que puso fin a un cierre parcial del Gobierno federal de 43 días.
Ahora, el margen de maniobra pasa por el Congreso. Los senadores Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, y Tim Sheehy, republicano por Montana, han presentado el Hemp Guardrails Act. Sus promotores sostienen que la norma permitiría mantener estos productos en las tiendas, pero con reglas nuevas: venta solo a mayores de 21 años, fin del marketing que imita marcas de consumo convencional y veto a los compuestos sintéticos o a lo que en Estados Unidos se conoce como gas station weed.
Klobuchar ha advertido en redes sociales de que la prohibición amenaza a agricultores, cerveceros y pequeños negocios, y ha pedido que la Casa Blanca y el Congreso aprueben esa ley de seguridad o una medida parecida. Young, desde Bent Paddle, considera “alentador” el proyecto y reclama a los legisladores que escuchen a las empresas del sector para encontrar una salida razonable.
La oposición no es menor. El senador republicano Ted Budd, de Carolina del Norte, sostiene que el Congreso cerró esa vía legal hace más de un año para acabar con una industria que, a su juicio, nunca debió existir. Budd asegura haber recibido testimonios de familias que vinculan el inicio de adicciones de sus allegados a este tipo de productos y rechaza apoyar cualquier paquete legislativo de fin de año que retrase la prohibición o cree un marco regulatorio para ellos.
El calendario complica cualquier acuerdo. Quedan pocos días de trabajo efectivo en el Congreso antes del próximo 11 de diciembre, más aún con el receso de Acción de Gracias. Ese mismo día vence además el actual paquete de financiación del Gobierno federal, lo que abre dos escenarios: un cierre parcial si no hay pacto presupuestario o la posibilidad de que la cuestión del cáñamo se incorpore a una ley presupuestaria de aprobación obligada. Chadha insiste en que la salida debería pasar por regular con límites de edad, controles de producto, etiquetado claro y topes de THC, y no por eliminar por completo una actividad que muchas empresas ya habían integrado en su negocio.