La FTC impone a Southern Glazer’s seis años de control sobre sus precios

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha alcanzado con Southern Glazer’s Wine and Spirits un acuerdo propuesto que fija seis años de vigilancia sobre su política de precios y cierra la primera actuación de la agencia bajo la Ley Robinson-Patman desde 2000. El pacto fue presentado ante el tribunal el pasado 2 de octubre, después de casi dos años de litigio, y evita por ahora que el caso llegue a juicio.

La Ley Robinson-Patman es una norma federal antimonopolio que impide vender el mismo producto a distintos compradores a precios diferentes cuando esa práctica puede perjudicar la competencia. La norma nació en la Gran Depresión con la idea de proteger a los pequeños negocios independientes frente a descuentos que los grandes operadores pueden obtener por su tamaño.

La FTC demandó a Southern en diciembre de 2024. En esa demanda sostuvo que la compañía, identificada por la propia agencia como el mayor distribuidor de vino y destilados de Estados Unidos, vendía vino y licores a pequeños comercios independientes a precios muy superiores a los que aplicaba a grandes cadenas nacionales y regionales. Para la FTC, esa diferencia podía dañar tanto a los minoristas peor tratados como a los consumidores.

El pleito atravesó dos administraciones antes de llegar al acuerdo. Andrew Ferguson, actual presidente de la FTC, se opuso en 2024 a la decisión de presentar la demanda por dudas sobre el fondo del asunto y sobre el uso de recursos de la agencia. Aun así, no pidió archivar el caso al asumir la presidencia y permitió que siguiera su curso hasta el pacto presentado este mes. En la declaración que acompañó al acuerdo, Ferguson afirmó que la Ley Robinson-Patman “sigue siendo una ley plenamente vigente” y que la FTC actuará cuando vea pruebas de discriminación ilegal de precios que perjudique a minoristas y consumidores.

El acuerdo no se limita a una orden genérica para cumplir la ley. La FTC ha optado por un sistema detallado de control y corrección. Ferguson explicó que el pacto solo incluye medidas de futuro porque el Tribunal Supremo resolvió en 2021, en el caso AMG Capital Management, que la sección 13(b) de la Ley de la FTC no autoriza a la agencia a reclamar compensaciones económicas en los tribunales. Eso significa que, incluso con una victoria en juicio, la comisión no habría podido resarcir a los clientes por conductas pasadas.

La pieza central del pacto es un mecanismo de supervisión externa. Durante seis años, Southern deberá remitir dos veces al año datos de ventas a un monitor independiente, nombrado por la FTC y responsable ante la agencia, aunque pagado por la propia empresa. Esa revisión cubrirá operaciones emparejadas, es decir, ventas del mismo producto a una gran cadena y a un comercio independiente que compite con ella.

Si el monitor concluye que, una vez descontadas las asignaciones permitidas por costes y apoyos comerciales, un minorista independiente ha pagado en exceso más de 5.000 dólares en un periodo de 12 meses, Southern podrá corregir la situación abonando esa cantidad y un recargo del 50%. Si la empresa no lo hace de forma voluntaria y la FTC tiene que iniciar una actuación para ejecutar la orden, la reparación sube al doble del sobrepago detectado.

El acuerdo también conserva varias defensas previstas en la propia ley. Southern podrá alegar, entre otras, que la oferta estuvo funcionalmente disponible para otros compradores, que igualó condiciones para responder a un rival o que hubo cambios en las circunstancias del mercado. Para usar esas defensas, sin embargo, la orden exige requisitos concretos de documentación y de procedimiento.

Además, la compañía no podrá reorganizar sus programas de apoyo de los proveedores de forma que vacíe de contenido la orden. También tendrá que mantener un programa de cumplimiento de la Ley Robinson-Patman con formación para directivos y equipos comerciales, junto con canales confidenciales para comunicar posibles incumplimientos.

En otra declaración, el comisionado Meador apoyó el acuerdo, pero pidió que la FTC elabore una guía sobre la aplicación de la Ley Robinson-Patman. También mostró reservas sobre haber llevado este caso en la distribución de alcohol, un sector sujeto a normas estatales complejas y distintas según el territorio. A su juicio, futuras investigaciones deberían dirigirse a ámbitos como la alimentación y los supermercados, donde el efecto sobre el coste de la vida es más directo.

Ferguson también apuntó que los recursos de la agencia estarían mejor empleados en asuntos que impliquen a compradores con poder de mercado. Esa idea sugiere una línea de actuación más limitada que la seguida por la FTC al abrir esta demanda en 2024: menos casos centrados en proteger márgenes comerciales y más expedientes en los que la agencia pueda acreditar un perjuicio claro para el consumidor.

Para el negocio de las bebidas, la orden puede servir como referencia para otros mayoristas de vino y destilados y para su relación con tiendas independientes y cadenas. No supone por sí sola un cambio automático en todo el mercado, pero sí deja un modelo de vigilancia basado en datos, revisiones periódicas y pagos correctores que la FTC podría intentar reproducir en otros casos si aprecia diferencias de precios que dañen la competencia.