Alemania aplaza otra vez el impuesto a las bebidas azucaradas por las discrepancias dentro del Gobierno

El Gobierno alemán ha aplazado de nuevo la deliberación sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. El Consejo de Ministros debía abordar la medida este miércoles, 7 de octubre, pero la revisión ha quedado fijada para el próximo 14 de octubre, después de que el Ministerio de Finanzas presentara a comienzos de esta semana una versión revisada del proyecto.

La propuesta forma parte del acuerdo alcanzado por la coalición entre la Unión y el SPD dentro del paquete de ahorro para el sistema público de salud. El plan pasa por poner en marcha el tributo en 2027, aunque dentro del Ejecutivo siguen abiertas las diferencias sobre la fecha exacta y sobre el alcance de la norma.

Hace algo más de una semana, la Cancillería frenó un primer borrador impulsado por el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, del SPD. Desde círculos del Gobierno se trasladó entonces que el texto se apartaba de las recomendaciones de la comisión financiera de sanidad y que, en esa redacción, no reunía apoyos suficientes dentro del gabinete. El Ministerio de Finanzas sostuvo, por su parte, que la introducción del impuesto ya está decidida en lo esencial y que lo que queda por cerrar es su aplicación concreta.

El nuevo borrador mantiene la estructura básica de la propuesta anterior. La tasa se aplicaría a partir de cinco gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros. Entre cinco y menos de siete gramos, el gravamen sería de 26 céntimos por litro; entre siete y menos de diez gramos, de 32 céntimos; y a partir de diez gramos, de 38 céntimos por litro.

El texto también contempla una exención para pequeños productores independientes que elaboren como máximo 70.000 litros al año de bebidas con azúcar. Para acogerse a ella, tendrían que acreditar ese volumen ante las autoridades aduaneras.

Uno de los cambios que recoge la nueva versión afecta a las alternativas sin alcohol. La exención se ampliaría a productos con hasta 1,2% de alcohol en volumen, lo que incluiría también mezclas de cerveza sin alcohol. Seguirían fuera del impuesto las bebidas edulcoradas con sustitutos del azúcar, los zumos puros de fruta y de verduras, la cerveza sin alcohol y el vino sin alcohol.

En cambio, desaparecería la exención general para complementos alimenticios. Eso abriría la puerta a que determinados productos, como polvos para bebidas con vitaminas, pasen a tributar.

Las discrepancias dentro del Gobierno no se han cerrado. Según la información trasladada desde Berlín, los ministerios de Agricultura, Economía y Digitalización rechazan el arranque previsto para el 1 de julio de 2027, la división en tres tramos y la carga administrativa que acarrearía el sistema. Otros departamentos y varias asociaciones empresariales piden retrasar la entrada en vigor al menos hasta el 1 de enero de 2028.

La oposición al impuesto también se deja ver fuera del gabinete. En el grupo parlamentario de la Unión y en varios estados federados hay rechazo a la medida. El ministro presidente de Hesse, Boris Rhein, de la CDU, la ha calificado como una carga para los fabricantes medianos de bebidas.

El Ministerio de Finanzas calcula unos ingresos de 945 millones de euros en el primer año de aplicación y de 1.155 millones en el segundo. Sus previsiones apuntan a 1.180 millones de euros en 2031. Además de la recaudación, el departamento sostiene que el impuesto debe servir para empujar a los fabricantes a rebajar el contenido de azúcar de sus productos.

La federación sindical NGG, que agrupa a trabajadores de alimentación, hostelería y restauración, rechaza el plan y avisa de posibles efectos sobre el empleo, las plantas de producción y los precios al consumidor. La organización ha convocado una concentración este jueves, 8 de octubre, a las 11.00 horas ante el Ministerio federal de Finanzas, en Berlín.

La discusión tiene un efecto directo sobre el sector de las bebidas, más allá de los refrescos. La inclusión o exclusión de cervezas mezcladas sin alcohol, vinos sin alcohol y otros productos de baja graduación puede influir en precios, surtido y distribución, tanto para los grupos cerveceros como para la hostelería. También puede condicionar decisiones de reformulación y lanzamientos comerciales en un momento en que las compañías amplían su oferta sin alcohol.

Tras su paso por el Consejo de Ministros, el proyecto deberá ser tratado por los grupos que sostienen al Gobierno. La previsión oficial es que el Bundestag apruebe la ley en noviembre, dentro de la norma de acompañamiento presupuestario.