California investiga al mayor distribuidor de alcohol de Estados Unidos por presunta discriminación de precios

La revisión de licencias puede acabar con multas, mayor control o retirada del permiso en su principal mercado

sábado 3 de octubre de 2026

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California investiga al mayor distribuidor de alcohol de Estados Unidos por presunta discriminación de precios

California mantiene abierta una investigación sobre Southern Glazer’s Wine and Spirits, el mayor distribuidor de alcohol de Estados Unidos, pese al cierre de la vía federal en uno de los expedientes que pesaban sobre la compañía. La revisión estatal se centra en una presunta discriminación de precios en California y puede acabar con sanciones, una mayor supervisión o incluso con la suspensión o retirada de licencias en el que es el principal mercado de la empresa.

La Agencia de Negocios y Servicios al Consumidor de California confirmó este viernes, 2 de octubre, que analiza de forma independiente las licencias de alcohol de Southern Glazer’s en el estado y el posible perjuicio para consumidores y pequeños negocios. Su portavoz, Yael Sheinfeld, afirmó que las conclusiones recogidas en los acuerdos federales son “muy preocupantes”.

El paso de California llegó el mismo día en que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, anunció un acuerdo con la distribuidora. La orden propuesta, pendiente todavía de aprobación judicial, prevé que Southern Glazer’s indemnice a un pequeño minorista si un supervisor independiente concluye que la empresa le cobró de forma repetida mucho más que a una gran cadena cercana por el mismo producto.

Ese supervisor controlaría el cumplimiento de la orden durante seis años. Además, Southern Glazer’s tendría que remitir informes y datos de cumplimiento dos veces al año tanto al supervisor como al personal de la FTC. La investigación federal sostenía que la compañía aplicó descuentos a grandes cadenas mientras hacía pagar más a negocios independientes por los mismos productos.

La investigación estatal añade presión a una empresa que ya había cerrado en septiembre otro acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese caso, Southern Glazer’s pagó 12,5 millones de dólares para resolver la causa penal y asumió responsabilidad por la conducta de empleados, además de comprometerse a reforzar sus controles internos y a colaborar con los investigadores federales.

Los fiscales sostienen que la conducta investigada no se limitó a los precios. También describieron pagos a empleados de tiendas, facturas falsas para ocultarlos y la entrega de regalos y viajes por parte de proveedores a cambio de obtener un trato favorable para determinados vinos. Según la acusación, esas prácticas influyeron en qué referencias llegaban a las estanterías, cuánto espacio recibían y qué productos se promocionaban en cientos de supermercados de California.

Ese punto da a la causa una importancia directa para el sector de bebidas. California es uno de los mercados más relevantes de Estados Unidos para vino, cerveza y licores, y cualquier medida sobre el mayor distribuidor del país puede alterar las condiciones de acceso a los lineales para bodegas, importadores y pequeños comercios. Si la investigación estatal deriva en multas, restricciones operativas o cambios obligatorios en las políticas comerciales, el efecto potencial iría más allá de una sola empresa y alcanzaría a la relación entre distribuidores, cadenas de supermercados y tiendas independientes.

Southern Glazer’s dijo a Associated Press que estaba satisfecha por resolver el caso de la FTC sin juicio y sin admitir irregularidades. Su director jurídico y de cumplimiento, Alan Greenspan, aseguró que la empresa “no violó ni está violando” la ley Robinson-Patman, la norma federal que prohíbe ciertas prácticas de discriminación de precios entre compradores. La compañía añadió que no espera que la orden altere de forma material su negocio ni sus prácticas de fijación de precios.

La empresa no respondió de inmediato sobre la investigación abierta por California, de acuerdo con la información difundida este sábado, 3 de octubre. Aun así, el alcance de la revisión estatal es amplio. Las autoridades californianas pueden suspender o revocar licencias de alcohol, imponer multas y exigir más control sobre la actividad de la distribuidora.

Las pesquisas federales ya habían tenido consecuencias personales. Cinco directivos de la empresa fueron acusados formalmente y, además, se declararon culpables un antiguo comprador de vinos de Albertsons, un contratista de un proveedor, un comercial de una bodega de Napa y dos antiguos ejecutivos de Deutsch Family. Para los fiscales, la supuesta trama condicionó decisiones cotidianas de compra de miles de consumidores al influir en la oferta real que encontraban en las tiendas.

Con la vía de la FTC encauzada y el acuerdo penal del Departamento de Justicia ya firmado, el foco pasa ahora al regulador californiano. Lo que decida sobre las licencias de Southern Glazer’s puede marcar no solo el futuro de la compañía en su mayor plaza, sino también el margen de actuación de los grandes distribuidores cuando negocian precios, promociones y presencia en las estanterías de los supermercados.

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