Japón investiga a las cuatro grandes cerveceras por un posible cártel en los precios mayoristas

La Comisión de Comercio Justo de Japón investiga a Asahi Beer, Kirin Beer, Sapporo Beer y Suntory por una posible coordinación de precios mayoristas de cerveza. La autoridad realizó inspecciones este miércoles, 7 de octubre, ante la sospecha de que las cuatro compañías pudieron pactar de antemano la magnitud y el calendario de varias subidas de precios.

La investigación se refiere, por ahora, a indicios y no a una infracción ya probada. El foco está en si hubo un cártel entre las principales cerveceras del país para ajustar sus alzas antes de trasladarlas al mercado. No se han hecho públicos importes concretos, posibles sobreprecios, multas ni un efecto medido sobre las ventas.

Las informaciones difundidas este jueves, 8 de octubre, en Japón añaden que los contactos bajo sospecha podrían haberse mantenido al menos durante varios años. También apuntan a que la autoridad antimonopolio trata de aclarar si esas conversaciones quedaron en el nivel comercial o si fueron compartidas con la dirección de las empresas.

La sospecha se centra en los precios de venta al por mayor de cerveza y otras bebidas de esa misma categoría. En la práctica, ese nivel de precios influye en la cadena de distribución y en lo que pagan supermercados, tiendas y locales de hostelería antes de fijar sus tarifas al consumidor.

La prensa especializada japonesa sitúa en octubre de 2022, octubre de 2023 y abril de 2025 tres rondas de subidas aplicadas por las grandes cerveceras en fechas coincidentes. La investigación no da por hecho que esos movimientos fueran ilícitos, pero sí examina si el momento y el alcance de los incrementos pudieron acordarse entre empresas del mismo sector.

Las cuatro compañías han trasladado que colaborarán plenamente con las pesquisas. Kirin comunicó este miércoles, 7 de octubre, que su filial había recibido una inspección de la autoridad. El presidente de Asahi Beer, Kazuo Matsuyama, afirmó que la empresa se toma el asunto “muy en serio” y que comprobará los hechos para actuar con responsabilidad.

El caso abre una investigación de gran peso en un mercado muy concentrado, donde las decisiones de unos pocos grupos pueden tener efecto sobre una parte amplia de la oferta. En expedientes de este tipo, la autoridad suele revisar intercambios de información, agendas, correos y registros internos para determinar si cada empresa fijó sus precios de forma autónoma o si existió coordinación.

La ley japonesa prohíbe los acuerdos entre compañías destinados a alterar el funcionamiento normal del mercado. Si la Comisión concluye que existió un cártel, puede imponer sanciones administrativas y adoptar otras medidas previstas por la normativa. En esta fase, la cuestión principal para los investigadores es si hubo contactos sobre precios, cuánto tiempo duraron y hasta qué nivel de cada grupo llegaron.