La justicia francesa mantiene fuera del mercado cuatro tratamientos de cobre para el viñedo

El tribunal administrativo de Melun rechazó este jueves, 8 de octubre, la petición cautelar presentada por la empresa española IQV contra la suspensión de las autorizaciones de cuatro productos a base de cobre decidida por la ANSES, la agencia francesa de seguridad sanitaria. La resolución mantiene por ahora fuera del mercado esos tratamientos y deja abierto el litigio principal, que todavía debe resolverse sobre el fondo.

La decisión se refiere a las medidas adoptadas por la ANSES el 15 de julio de 2025 sobre cuatro especialidades cúpricas utilizadas en viticultura. El juez consideró que los argumentos presentados por IQV para pedir la suspensión provisional de esa decisión no bastan, en el estado actual del procedimiento, para generar una duda seria sobre su legalidad. En términos prácticos, eso significa que la suspensión de las homologaciones sigue en vigor mientras continúa la batalla judicial.

El fallo llega después de un precedente distinto en el mismo tribunal. El 31 de marzo, en otro litigio impulsado por COSACO, Melun sí suspendió cautelarmente decisiones de la ANSES sobre productos de cobre. Las organizaciones del sector habían vuelto a movilizarse junto a IQV con el mismo razonamiento: existía urgencia agraria, no había alternativas eficaces y la retirada de estas herramientas podía tener efectos económicos y técnicos de peso para las explotaciones.

En este caso, sin embargo, el tribunal ha seguido otra línea. La CNAOC - Maison des Vignerons, France Vin Bio y la FNSEA asumieron el fallo, aunque lamentaron la pérdida temporal de cuatro productos en la “caja de herramientas” de los viticultores. Las tres entidades sostienen que la resolución no invalida el argumento de la urgencia agraria y que la diferencia con el asunto de COSACO está en la solidez de los elementos científicos y jurídicos aportados en cada recurso.

Sébastien David, presidente de France Vin Bio, afirmó que el juez no cuestiona la urgencia agrícola, pero sí entiende que, en este expediente, la documentación presentada por la firma española no permite abrir una duda seria sobre la legalidad de la decisión de la ANSES. A su juicio, eso confirma que los tribunales examinarán estos asuntos caso por caso y que las empresas deben estructurar mejor sus recursos para evitar nuevos rechazos en la fase cautelar.

La CNAOC insiste en que el auto no resuelve las cuestiones de fondo planteadas por la viticultura francesa. Anthony Brun, presidente de la comisión de sostenibilidad de la organización, sostuvo que las decisiones de retirada o no renovación adoptadas por la ANSES responden, a su juicio, a una lectura demasiado restrictiva, alejada de la realidad agronómica y distinta de la que aplican otros Estados miembros de la Unión Europea. Para la organización, la cuestión de base sigue siendo la misma: mantener medios de protección eficaces para el viñedo y compatibles con las exigencias medioambientales, sin colocar a los productores franceses en peor situación que sus vecinos europeos.

La relevancia para el sector de las bebidas va más allá del pleito judicial. Una menor disponibilidad de tratamientos para el viñedo puede reducir el margen de actuación de las bodegas y de los viticultores ante enfermedades de la vid, algo que afecta a la planificación de la cosecha y, en último término, al suministro de uva para la elaboración de vino. El cobre sigue siendo una herramienta importante en determinadas estrategias de protección vegetal, de modo que cualquier cambio regulatorio sobre estos productos tiene efecto potencial sobre el conjunto de la cadena vitivinícola.

Jérôme Despey, presidente de la comisión de viticultura de la FNSEA, señaló que la resolución refuerza la movilización de las organizaciones agrarias para preservar la capacidad de producción de los viticultores franceses. En su opinión, si faltan soluciones eficaces, la posición de la viticultura francesa en el mercado europeo se debilita. Las entidades firmantes sostienen además que el debate no se limita a Francia y que afecta a la forma en que la Unión Europea aplica sus reglas sobre autorizaciones fitosanitarias.

Por ese motivo, las organizaciones anuncian que seguirán apoyando a las empresas que recurran futuras decisiones sobre el cobre. Al mismo tiempo, mantienen conversaciones con la administración francesa, con la ANSES y con las compañías afectadas para buscar salidas técnicas, en particular sobre las condiciones de uso de estos productos. La filière vitícola francesa también reclama que la discusión se lleve al plano comunitario para avanzar hacia un marco armonizado en la Unión Europea.