Massachusetts alerta de que la guerra arancelaria con Canadá pone en riesgo empleo e ingresos fiscales

La tesorera de Massachusetts, Deb Goldberg, advirtió el pasado 16 de septiembre de que la escalada arancelaria entre Estados Unidos y Canadá está generando inestabilidad en la industria de las bebidas alcohólicas y puede poner en riesgo empleo e ingresos fiscales. Goldberg acusó al presidente Donald Trump de convertir los aranceles en un “juego” y sostuvo que esa política está dañando los medios de vida de muchas personas vinculadas al sector.

Goldberg hizo esas declaraciones junto a responsables de empresas del ramo en una conferencia organizada por la entidad For the Long Term, que agrupa a responsables financieros estatales y municipales. La dirigente demócrata subrayó que el negocio del alcohol no afecta solo a importadores y distribuidores, sino también a fabricantes, tiendas, restaurantes y comunidades locales que dependen de esa actividad y de los impuestos asociados.

La nueva fase de la disputa comercial se centra también en el alcohol. La Casa Blanca comunicó en julio un arancel del 50% sobre las importaciones canadienses en respuesta a lo que definió como un trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses. Después de la réplica canadiense, que incluyó un arancel equivalente sobre bebidas alcohólicas de Estados Unidos impuesto por el primer ministro de Saskatchewan, Trump anunció que prohibirá la entrada de determinadas bebidas alcohólicas canadienses a partir del próximo 29 de septiembre.

Esa incertidumbre afecta de forma directa a un negocio en el que los precios, los contratos y la logística se fijan con antelación. Para las bodegas, los importadores de vino, las cerveceras y las empresas de licores, un cambio brusco en aranceles o vetos puede alterar márgenes, disponibilidad de producto y planificación comercial en Estados Unidos. También puede trasladar la presión a restaurantes y comercios y, en último término, al consumidor.

Goldberg aseguró que su oficina está intentando dar margen a las empresas para adaptarse. La tesorera supervisa la Alcoholic Beverages Control Commission, el organismo regulador del estado, y explicó que la comisión está siendo más flexible con las revisiones de precios. De forma ordinaria, los proveedores de alcohol de fuera del estado deben presentar sus tarifas no más tarde del primer día del mes anterior para que entren en vigor el mes siguiente. Ante la volatilidad actual, la comisión permite solicitar cambios inmediatos en los precios, en lugar de obligar a esperar al calendario habitual.

Chris Conrad, presidente de la distribuidora Martignetti Companies, afirmó que los aranceles ya han reducido los ingresos y que la presión financiera se está trasladando a proveedores, restaurantes, minoristas y consumidores. A su juicio, la flexibilidad aplicada por la comisión y por Goldberg está permitiendo a las empresas ajustar precios cuando las condiciones cambian de forma repentina, incluso sin apenas margen previo.

Scott Allen, vicepresidente del importador y distribuidor de vinos y espirituosos M.S. Walker, señaló que su empresa ha optado por dejar de fabricar algunos productos porque los clientes “simplemente no van a tolerar estas subidas de precios”. Allen agradeció a Goldberg que atienda de forma continua las preocupaciones del sector y que pueda actuar con rapidez ante determinadas peticiones empresariales.

Las tensiones comerciales ya estaban afectando a otras ramas del negocio antes del último choque con Canadá. En junio de 2025, Trump elevó al 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio, una medida que añadió presión a la cerveza artesanal. La Brewers Association, patronal que representa a pequeñas cerveceras independientes, calcula que las latas de aluminio suponían el 75% del volumen y de los ingresos de la cerveza artesanal envasada, a partir de los primeros datos de ventas de 2025. El Cato Institute añade que los aranceles al acero también encarecen los barriles y el equipamiento de las fábricas de cerveza.

La intervención de Goldberg llegó además en pleno debate político en Massachusetts sobre la relación entre la tesorera y el sector que regula. Su oficina supervisa la comisión de bebidas alcohólicas, un asunto que ha entrado en la campaña electoral de noviembre. La candidata republicana Elizabeth Dionne ha acusado a Goldberg de participar en un supuesto esquema de trato de favor vinculado a donaciones y de recaudar fondos entre empresas sometidas a regulación estatal, aunque no ha aportado pruebas. En una entrevista televisiva emitida este mes, Dionne volvió a hablar de esa posibilidad y afirmó que Goldberg ha recibido más de 100.000 dólares en aportaciones de industrias que, en sus palabras, controla de forma directa. Cuando se le preguntó si tenía evidencias, respondió que su equipo estaba trabajando en ello.

Chris Keohan, asesor principal de la campaña de Goldberg, negó esa acusación y sostuvo que no existe ningún esquema de ese tipo. Keohan recordó que la comisión ha emitido más de 50.000 licencias y argumentó que unas pocas decenas de donaciones no permiten sostener esa tesis.

Goldberg insistió en que su preocupación va más allá de la disputa partidista. Afirmó que muchos comercios vinculados al alcohol forman parte de la base de ingresos de sus municipios y recordó que el sector aporta una gran cantidad de impuestos y empleo. Por eso, añadió, el Tesoro estatal sigue con inquietud la posible caída de la recaudación y sus efectos sobre la capacidad de la administración para financiar sus servicios.