Las buenas prácticas agrícolas centran el debate entre producción, salud y medio ambiente

Las buenas prácticas agrícolas ocupan un lugar central en el debate sobre cómo producir alimentos sin poner en riesgo la salud humana ni el medio ambiente. El ingeniero agrónomo Gustavo Huesca Pérez sostiene que estas normas básicas deben ser cumplidas tanto por quienes trabajan en el campo como por la industria elaboradora, con el objetivo de obtener alimentos sanos, compatibles con la protección ambiental y en volúmenes suficientes para sostener la producción agroalimentaria.

Huesca Pérez explica que, en el ámbito industrial, esa misma línea de trabajo se conoce como buenas prácticas de manufactura. A su juicio, ambas responden a una misma necesidad: ordenar la producción con criterios técnicos y de responsabilidad. En su análisis, sitúa esta cuestión en una agricultura moderna que debe responder a la demanda de alimentos, fibras y energía sin comprometer los ecosistemas, la salud de los trabajadores rurales ni la de los consumidores.

El consultor y analista agropecuario afirma que las buenas prácticas agrícolas no son una idea reciente, sino el resultado de décadas de experiencia, estudios científicos, diálogo entre gobiernos y agricultores y aprendizaje sobre los límites de la naturaleza. En ese recorrido, recuerda que durante buena parte del siglo XX la expansión agrícola estuvo orientada a maximizar rendimientos sin una mirada ecológica estable.

Según expone, el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes fue entendido durante años como una expresión de progreso. Con el paso del tiempo, añade, aparecieron efectos que ya no podían ignorarse, como residuos en alimentos, deterioro de los suelos y riesgos para la salud humana, así como para la fauna, la flora y los operarios rurales en contacto con los cultivos.

A partir de esa evolución, Huesca Pérez señala que las buenas prácticas agrícolas surgieron como una respuesta técnica para reducir riesgos, mejorar la gestión de los insumos y orientar la actividad agropecuaria hacia modelos más sostenibles. No las presenta como un dogma, sino como un conjunto de recomendaciones destinadas a ordenar decisiones que tienen efectos directos sobre la producción y el entorno.

En su planteamiento, el papel de las administraciones públicas es relevante, aunque insuficiente por sí solo. Indica que los gobiernos nacionales y provinciales han impulsado marcos normativos para registrar y regular el uso de fitosanitarios, capacitar a aplicadores y fijar protocolos de seguridad. Sin embargo, considera que las leyes no bastan si no van acompañadas de educación técnica, incentivos y controles efectivos.

Para Huesca Pérez, el punto de fondo es un cambio cultural en la producción. Ese cambio, sostiene, pasa por producir más y mejor, pero respetando la naturaleza para preservar el equilibrio ecológico y permitir que las futuras generaciones sigan produciendo en condiciones similares. En esa misma línea, defiende que los suelos deben ser entregados a quienes vengan después con las mismas características y aptitudes con las que fueron recibidos.

El especialista también pone el foco en la responsabilidad de los productores. Asegura que muchos ya han incorporado sistemas de manejo integrado de plagas, tecnologías de agricultura de precisión y prácticas conservacionistas. A su entender, estas herramientas permiten reducir la deriva de productos fitosanitarios, optimizar las cantidades de insumos aplicados y cuidar la salud de los suelos.

Buena parte de su reflexión se centra en la polarización que rodea al uso de fitosanitarios. Huesca Pérez observa una tensión entre quienes los consideran inherentes al progreso y quienes plantean prohibiciones o restricciones severas sin contemplar alternativas viables. En su opinión, ambos bloques se sitúan en posiciones extremas que dificultan el diálogo y un entendimiento que tenga en cuenta los argumentos de cada parte.

Frente a esa división, propone desplazar la discusión desde el sí o el no hacia el modo en que se toman las decisiones. Plantea preguntas concretas: si las medidas se basan en evidencia técnica y evaluación de riesgos, si los operarios rurales están protegidos con capacitación y equipos adecuados, si se incorporan alternativas más seguras cuando existen y si las políticas públicas fomentan prácticas sostenibles con coherencia. Su respuesta es clara: el enfoque debe ser técnico y no ideológico.

En relación con la evolución del sector, Huesca Pérez sostiene que la agricultura está cambiando. Señala que las investigaciones y los desarrollos recientes han dado lugar a productos más selectivos, con menor toxicidad y menor impacto ambiental. Añade que las herramientas digitales permiten monitorear cultivos en tiempo real y tomar decisiones más precisas sobre las intervenciones necesarias.

No obstante, advierte de que la innovación por sí sola no resuelve el problema. Subraya que ninguna mejora tecnológica sustituye la necesidad de formación, protocolos de seguridad y responsabilidad humana. En el caso de los operarios que aplican productos, considera imprescindible que dispongan de equipos de protección personal y, además, comprendan por qué y cómo deben aplicarse esos productos.

Huesca Pérez añade otro elemento que considera necesario: la existencia de recetas obligatorias emitidas por profesionales autorizados, responsables de las liberaciones al medio ambiente de productos de control. Con ello, plantea reforzar la trazabilidad de las decisiones técnicas y delimitar responsabilidades en una materia con efectos directos sobre la salud y el entorno.

Sobre el marco legal, el ingeniero agrónomo se muestra partidario de evitar respuestas aisladas o excesivamente rígidas cuando no cuentan con respaldo técnico. A su juicio, ese tipo de normas puede causar más perjuicios que beneficios. En cambio, defiende la construcción de marcos normativos que establezcan estándares claros, impulsen la formación continua, incentiven la adopción de tecnologías limpias y permitan adaptación regional.

Ese equilibrio entre criterios comunes y flexibilidad técnica, afirma, puede facilitar el comercio, las certificaciones y el acceso a mercados exigentes sin dejar de lado la protección ambiental. Su planteamiento pasa por un enfoque uniforme en el territorio, pero con capacidad de ajustarse a las condiciones de cada zona productiva.

La reflexión de Huesca Pérez sitúa así las buenas prácticas agrícolas en un terreno que va más allá de la mera productividad. Para el especialista, la agricultura no es solo ciencia ni solo producción, sino una actividad humana vinculada al futuro colectivo. Desde esa perspectiva, entiende las buenas prácticas como decisiones conscientes y responsables sobre la forma en que se producen alimentos sin destruir los recursos que lo hacen posible.

Su posición rechaza tanto la idea de sacrificar el ambiente en nombre de la producción como la de ignorar las necesidades productivas en nombre de la conservación. En esa discusión, sostiene que el equilibrio solo puede alcanzarse cuando la técnica, la ética y la responsabilidad se incorporan a cada decisión tomada en el campo.