Alemania abre un frente legal con la subida del 20% al impuesto sobre el alcohol

Alemania tiene sobre la mesa una subida del 20% en los impuestos sobre el alcohol, los espumosos, los productos intermedios y los alcopops, pero la medida todavía no está aprobada y ya ha abierto un debate jurídico. El aumento figura en el proyecto de ley de acompañamiento presupuestario para 2027 que el Gobierno federal llevó al Bundestag el 7 de septiembre, con primera lectura el 8 de septiembre. La cerveza quedaría fuera de esa revisión, una diferencia que la industria de los espirituosos considera difícil de justificar.

Las fiscalistas Barbara Muggenthaler y Maximilian Appelt, socios de RAW-Partner, revisan este paquete tributario y explican que la reforma busca reforzar los ingresos públicos. El Ejecutivo alemán calcula que la subida sobre alcohol, espumosos, productos intermedios y alcopops aportaría 380 millones de euros en 2027 y 455 millones anuales entre 2028 y 2031. El objetivo declarado es la consolidación de las cuentas federales, dentro de una ley más amplia que también incluye cambios en materia climática y de transformación económica.

En el caso de los espirituosos, el impuesto pasaría de 13,03 a 15,64 euros por litro de alcohol puro. Con ese cambio, la relación entre la fiscalidad de los espirituosos y la de la cerveza subiría de 6,6 a 1 a 7,9 a 1. La patronal alemana de la industria e importación de bebidas espirituosas sostiene que ahí aparece el principal problema legal: no cuestiona que existan impuestos distintos para bebidas distintas, pero sí que se amplíe esa distancia sin una razón material suficiente.

Esa organización sostiene que la subida puede chocar con el principio de igualdad recogido en la Constitución alemana y también plantea objeciones desde el derecho de la Unión Europea. A su juicio, el simple objetivo de recaudar más no basta para justificar un trato fiscal más gravoso a una categoría concreta si no hay una base adicional. La misma patronal también duda de las previsiones de ingresos del Gobierno, al considerar más probable una caída de ventas y un traslado de parte del consumo hacia bebidas alcohólicas más baratas.

Ese punto importa al negocio de las bebidas más allá de Alemania. Si la reforma sale adelante, productores, importadores y distribuidores pueden verse ante un cambio en precios finales, márgenes y reparto de ventas entre categorías en uno de los grandes mercados europeos. El hecho de que la cerveza quede fuera del aumento añade un elemento adicional, porque altera la relación fiscal entre unas bebidas y otras y puede influir en las decisiones de compra.

El paquete tributario alemán no se limita al alcohol. La reforma del impuesto sobre el tabaco ya ha seguido otro camino y sí ha sido aprobada. El comité de Finanzas del Bundestag dio luz verde a una versión modificada el pasado 14 de octubre y la cámara la aprobó el pasado 15 de octubre. La ley se publicó en el boletín oficial alemán el pasado 20 de octubre. Prevé una subida escalonada del gravamen en cuatro fases, con efectos desde el 1 de enero de 2027, el 1 de enero de 2028, el 1 de enero de 2029 y el 1 de enero de 2030.

El Gobierno alemán calcula que esa reforma del tabaco reportará 1.507 millones de euros en 2027, 2.437 millones en 2028, 3.419 millones en 2029 y 4.461 millones en 2030. Para puros, puritos, tabaco de pipa y tabaco para cachimba, los nuevos tipos no empezarían hasta el 1 de marzo de 2027. El argumento oficial es que una subida por etapas reduce el incentivo a comprar en el extranjero o en el mercado negro.

Sin embargo, esa ley arrastra un problema técnico importante. Al entrar en vigor el pasado 21 de octubre, un día después de su publicación, la redacción legal hacía pensar que los nuevos tipos eran aplicables de inmediato. El Ministerio federal de Finanzas sostiene que se trata de un error y aclara que las tarifas más altas no deben aplicarse hasta 2027. La aduana alemana, que recauda este impuesto, también lo califica como una incorrección evidente y mantiene que hasta el 31 de diciembre de 2026 deben seguir vigentes los tipos anteriores.

La misma dificultad aparece con los líquidos para vapeo. La nueva ley fija tarifas para 2027 en adelante, pero al sustituir a la norma previa deja sin tipo expreso el año 2026. El Ministerio de Finanzas afirma que seguirán aplicándose las tarifas antiguas y añade que ya ha puesto en marcha un procedimiento de corrección. Por ahora no ha precisado si bastará una rectificación en el boletín oficial o si hará falta tramitar otra vez una ley.

La tercera pieza del plan fiscal es una nueva tasa sobre bebidas azucaradas. El Consejo de Ministros alemán aprobó el pasado 14 de octubre una propuesta regulatoria para que los grupos de la coalición redacten un proyecto de ley, de modo que la medida aún no está aprobada. La idea del Ejecutivo es cobrarla desde el 1 de julio de 2027 a las bebidas con al menos 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. El gravamen sería de 0,26 euros por litro y subiría a 0,32 euros por litro a partir de 8 gramos por cada 100 mililitros.

El plan alcanzaría sobre todo a refrescos, tés helados, bebidas energéticas, néctares de fruta y concentrados de zumo con azúcar añadido, además de otros concentrados destinados a preparar bebidas. Quedarían fuera las bebidas alcohólicas y sus versiones sin alcohol, así como la leche, las bebidas de avena y arroz, algunas mezclas, los zumos puros de frutas y verduras y los productos elaborados con edulcorantes. La propuesta sitúa la carga fiscal sobre fabricantes y mayoristas.

El Gobierno prevé una exención para pequeños fabricantes con una producción anual de hasta 70.000 litros y añade que se incorporará una liberación para empresas de hasta 1 millón de litros, aunque el diseño final de ese punto todavía no está cerrado. Sus cálculos apuntan a 690 millones de euros en 2027, 925 millones en 2028 y entre 875 y 890 millones anuales en los años posteriores. El Ejecutivo defiende la medida por motivos de salud pública y también por su posible aportación a la financiación del seguro médico obligatorio.

La propuesta, no obstante, ha generado rechazo político e industrial. La Cancillería frenó un primer plan a comienzos de octubre y ministros regionales de Agricultura y Consumo de la CDU y la CSU trasladaron por carta al canciller su oposición a este impuesto. La industria de bebidas mantiene que una tasa de este tipo no es necesaria para proteger la salud. Si finalmente prospera, el nuevo tributo puede modificar la política de precios en refrescos y energéticas y abrir otro ajuste en un mercado en el que la fiscalidad sobre las bebidas empieza a cambiar por varias vías a la vez.