Trump impone nuevos aranceles a más de 80 países
La medida puede encarecer importaciones en Estados Unidos y agrava la incertidumbre para el vino y otras bebidas
martes 28 de julio de 2026
La nueva ronda de aranceles aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor este viernes, 24 de julio, y amplía los gravámenes a más de 80 países. La medida reordena parte de la política comercial de Washington después de que el Tribunal Supremo anulara este año anteriores tasas aduaneras, y abre la puerta a un encarecimiento de algunas importaciones, entre ellas determinados productos del sector de bebidas.
La Administración estadounidense aplica ahora aranceles del 10% o del 12,5% en función, afirma la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, del grado de compromiso de cada país para adoptar y hacer cumplir prohibiciones a las importaciones vinculadas con trabajo forzoso. El nuevo esquema sustituye al arancel general del 10% anunciado en febrero, que expiraba ese mismo viernes.
Según el análisis recogido por ABC News, la medida afecta a socios comerciales que representan cerca del 99% de las importaciones de Estados Unidos. Aun así, varias exenciones reducen parte de su alcance. Entre los productos excluidos figuran algunos alimentos, combustibles, fertilizantes y mercancías que cumplen con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el USMCA.
Para los consumidores estadounidenses, el efecto más inmediato puede llegar por la vía de los precios. Los importadores suelen trasladar al comprador una parte de la carga fiscal derivada de los aranceles. En un momento en que la inflación vuelve a presionar y la guerra con Irán empuja al alza algunos precios, varios analistas citados por ABC News advierten de que la nueva batería de tasas puede tensionar aún más el gasto doméstico.
El Yale Budget Lab calcula que el tipo arancelario medio en Estados Unidos era del 11,4% antes del cambio aplicado la semana pasada. Tras la entrada en vigor del nuevo sistema este viernes, 24 de julio, esa media baja ligeramente al 11,1%. El mismo centro prevé, sin embargo, que suba hasta el 11,8% al cierre de 2026 si salen adelante otros aranceles ya planteados.
Jim Reid, estratega de investigación en Deutsche Bank, rebajó el alcance económico inmediato del anuncio en una nota citada por ABC News. A su juicio, el principal efecto no es tanto elevar los tipos como conservarlos bajo una base jurídica distinta. “Quizá la conclusión más importante es lo poco que cambia económicamente”, señaló Reid. “El anuncio tiene menos que ver con subir los aranceles y más con preservarlos”.
Esa base legal es uno de los puntos centrales del movimiento de Trump. Los nuevos gravámenes se apoyan en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una investigación iniciada por su Administración sobre políticas relacionadas con trabajo forzoso. Varios analistas consideran que esta vía ofrece más solidez que los poderes de emergencia temporales usados antes y anulados por el Supremo.
La Casa Blanca sostiene que 17 socios comerciales tendrán un arancel del 10%, entre ellos Argentina y Bangladés, porque han asumido compromisos para adoptar y aplicar prohibiciones a las importaciones ligadas al trabajo forzoso. También estarán en ese tramo la Unión Europea y Taiwán. El resto de socios incluidos en esta ronda, 41 países, pasarán a soportar un gravamen del 12,5% al no haber adoptado esas prohibiciones, siempre según la versión ofrecida por la Administración estadounidense.
No todos los expertos comparten que esta arquitectura legal vaya a resistir sin problemas. Alan Wolff, exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio, sostuvo en junio en un análisis propio que unos aranceles tan amplios bajo la Sección 301 pueden caer ante el escrutinio judicial. En su interpretación, el Congreso concibió esa herramienta para actuar país por país y no para imponer una tasa general a muchos Estados al mismo tiempo.
Además del nuevo marco general, Trump ha aprobado en los últimos días medidas específicas por países y sectores. El pasado 20 de julio impuso un arancel del 50% a un grupo de bienes procedentes de Canadá. Entre esos productos figura expresamente el vino, junto a artículos como los palos de hockey. Un día después anunció un arancel del 100% para fabricantes de medicamentos genéricos que entraría en vigor en 2028. El pasado 22 de julio también aplicó una tasa del 25% a algunos bienes brasileños, entre ellos prendas de vestir y maquinaria agrícola.
La inclusión del vino canadiense dentro del paquete contra Canadá introduce una derivada directa para importadores, distribuidores y hostelería en Estados Unidos. Si ese recargo se mantiene y se traslada a precios, puede alterar las compras exteriores del canal vinícola y empujar ajustes en surtido, márgenes o proveedores. También puede mover flujos comerciales hacia otros orígenes con menor carga arancelaria o amparados por exenciones.
El impacto potencial no se limita al vino. En un mercado donde muchas bebidas dependen de cadenas internacionales de suministro, cualquier subida arancelaria puede modificar decisiones logísticas y comerciales. Para bodegas exportadoras, importadores especializados y operadores del canal horeca estadounidense, el nuevo mapa fiscal añade incertidumbre sobre precios finales y planificación de compras para los próximos meses.
En paralelo, la medida también tiene una lectura presupuestaria para Washington. El Committee for a Responsible Federal Budget calcula que, si estos aranceles siguen vigentes durante los próximos diez años, podrían aportar hasta 900.000 millones de dólares adicionales al Gobierno federal. Esa cifra equivale a menos del 60% de la recaudación prevista con el paquete anterior anulado por el Tribunal Supremo. Aun así, esa organización considera que esos ingresos extra podrían reducir parcialmente la deuda pública y situarla en el 122% del PIB estadounidense en 2036 frente al 125% previsto sin esa recaudación adicional.
Reid sostuvo además que los aranceles se están convirtiendo cada vez más en un elemento permanente de la política económica estadounidense. Esa idea resume el cambio que observan varios analistas: más allá del efecto inmediato sobre precios o recaudación, Washington está asentando un sistema comercial con mayores barreras para buena parte de sus importaciones.