Brasil estudia prorrogar el IPI para tapar un agujero fiscal de 3.820 millones de reales

El Ministerio de Hacienda de Brasil estudia enviar al Congreso, después de la segunda vuelta de las elecciones, una propuesta de enmienda a la Constitución para modificar la reforma tributaria y prolongar la vigencia del IPI, el impuesto sobre productos industrializados, en bienes como tabaco, bebidas alcohólicas, refrescos y vehículos. La intención es evitar un hueco en la recaudación de casi 4.000 millones de reales en enero de 2027 por el retraso en la regulación del Impuesto Selectivo, el nuevo tributo que sustituirá al IPI en esos productos.

El asunto se trató este martes, 13 de octubre, en una reunión celebrada en Brasilia con la participación de Dario Durigan, del Ministerio de Hacienda, la Receita Federal, la Confederación Nacional de la Industria y empresas afectadas por el nuevo impuesto, según personas presentes en el encuentro. Entre los asistentes había fabricantes de cerveza, vino, destilados, refrescos, cigarrillos y aeronaves, además de entidades de los sectores minero y petrolero.

Desde el Ministerio de Hacienda señalan que la reunión se celebró a petición de la patronal industrial para escuchar las preocupaciones de los sectores implicados y valorar los siguientes pasos. La intención del Gobierno, añaden, es dar previsibilidad y seguridad jurídica para 2027. La cartera no ha detallado todavía el contenido final de la propuesta y remite ese debate al momento en que el texto llegue al Congreso.

La cerveza fue el único sector que fijó públicamente una posición tras la reunión. El sindicato nacional de la industria cervecera, Sindicerv, afirmó que ve con buenos ojos el esfuerzo del Ministerio de Hacienda para construir un acuerdo con los sectores productivos y asegurar previsibilidad y mantenimiento de la carga tributaria. La entidad recordó además que apoya la reforma desde el inicio de su tramitación y que espera conocer la propuesta con los tipos del Impuesto Selectivo de acuerdo con los compromisos asumidos en la negociación.

En la reunión también se reiteró el compromiso del Gobierno de ajustar los tipos del Impuesto Selectivo para mantener una carga tributaria equivalente a la del IPI en los sectores que hoy pagan ese gravamen. En el caso de los bienes minerales incluidos en el nuevo impuesto, como mineral de hierro, petróleo, carbón y gas, el Ejecutivo planteó un tipo cero durante el primer año. Otras ramas afectadas siguen calculando el efecto operativo de una prórroga del IPI antes de pronunciarse de forma oficial.

Otra opción sobre la mesa sería elevar el tipo del Impuesto Selectivo en los meses posteriores para recuperar la recaudación perdida en enero. Esa vía, sin embargo, abre la puerta a que algunas empresas adelanten producción al primer mes del año para aprovechar una tributación menor durante ese periodo, lo que restaría eficacia a la medida.

La reforma tributaria brasileña prevé la desaparición del IPI a partir de enero de 2027, salvo en los bienes similares a los fabricados en la Zona Franca de Manaos cuando se produzcan fuera de esa región o se importen, como teléfonos móviles y motocicletas. El Congreso ya definió qué productos pasarán del IPI al Impuesto Selectivo, pero dejó para una regulación posterior los tipos y las reglas concretas de cobro.

Esa regulación debía publicarse mediante una medida provisional antes del 2 de octubre para que la recaudación pudiera arrancar en enero, en cumplimiento de la regla de los 90 días entre la creación del tributo y su entrada en vigor. El Gobierno decidió posponer la medida hasta después de las elecciones, por lo que el impuesto solo podrá cobrarse a partir de febrero. Ese retraso supondrá una pérdida de 3.820 millones de reales, equivalente al 9% de la recaudación prevista para 2027 con ese tributo.

El Impuesto Selectivo sustituirá al IPI en tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y vehículos clasificados como contaminantes. A diferencia del sistema actual, que grava según la clase de producto, el nuevo esquema podrá variar también por el daño potencial, como el contenido de alcohol de una bebida. Para bodegas, cerveceras, productores de destilados y también para importadores de bebidas alcohólicas, la transición puede influir en la planificación fiscal, la formación de precios y la gestión de existencias al comienzo de 2027.

El nuevo tributo también alcanzará aeronaves, embarcaciones, mineral de hierro, petróleo y concursos de pronósticos y fantasy sport, incluidas las apuestas deportivas, aunque estas actividades están ahora prohibidas en Brasil. La posibilidad de tocar la Constitución, aunque sea de forma limitada para resolver el problema del IPI, ha alimentado cálculos entre fiscalistas sobre si el Congreso podría aprovechar la apertura para revisar otros puntos de la reforma.

La cuestión fiscal se ha colado además en la campaña electoral. Flávio Bolsonaro, candidato del PL, ha prometido aplazar o revisar partes del nuevo sistema si gana las elecciones, aunque su equipo económico no ha precisado qué aspectos cambiaría. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene por ahora el calendario que fija enero como fecha de sustitución de varios tributos y cita entre los beneficios de la reforma la devolución de impuestos a familias inscritas en el Cadastro Único de programas sociales y la exención de la cesta básica en el nuevo sistema.

En enero también desaparecerán PIS, Cofins y el IOF sobre seguros. Serán sustituidos por la CBS, la contribución federal sobre bienes y servicios destinada a financiar la seguridad social. Un aplazamiento en ese caso también exigiría cambios constitucionales. El tipo de la CBS se conocerá a final de octubre, tras un cálculo del Tribunal de Cuentas de la Unión con datos de la Receita Federal. El Senado deberá ratificar ese porcentaje antes de diciembre; si no lo hace, quedará en vigor el valor fijado por el tribunal. Para la CBS no rige el plazo de 90 días, de acuerdo con la Constitución.

El retraso en esta transición afecta además a las cuentas públicas. El Gobierno calcula que cerca de un tercio de la recaudación administrada por la Receita Federal procede de impuestos que están siendo sustituidos. Según el proyecto de presupuestos de 2027, Brasil necesita ingresar el equivalente al 5% del PIB con esos tributos para mantener la carga tributaria media del periodo 2012-2021, como exige la cláusula de la reforma que impide aumentos de impuestos. Esa meta equivale a 725.000 millones de reales. La previsión para la CBS es de 636.800 millones de reales, un 4,3% del PIB, entre febrero y diciembre. Para enero se calculan unos 46.000 millones de reales, un 0,3% del PIB, con los impuestos que dejarán de existir sobre hechos imponibles de 2026. El proyecto también fija en 41.900 millones de reales la recaudación esperada del Impuesto Selectivo, otro 0,3% del PIB, una cifra que cubre poco más del 40% de los ingresos actuales del IPI.