Dos bodegas de Napa piden frenar en los tribunales nuevas restricciones del condado

Dos bodegas del valle de Napa, Summit Lake Vineyards & Winery y Smith-Madrone, han presentado tres solicitudes de medidas cautelares en un tribunal federal de California para intentar frenar nuevas restricciones del condado de Napa sobre su actividad mientras sigue adelante la demanda principal. Las peticiones se registraron este miércoles, 30 de septiembre, y la vista ha quedado fijada para el próximo 20 de noviembre a las 10.00 ante el juez Charles R. Breyer, en San Francisco.

Las bodegas piden al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California que impida, de forma provisional, la aplicación de varias exigencias del condado. Su objetivo, según sostienen, es mantener su operativa habitual mientras se resuelve el litigio: recibir visitantes, celebrar actos vinculados a la bodega y servir catas con cita previa sin nuevas limitaciones ni sanciones.

El abogado de las bodegas, Joseph Infante, afirma que sus clientes no piden al juzgado una ampliación de derechos, sino que el condado respete lo que, a su juicio, ya había reconocido “por escrito y bajo juramento” durante años.

La primera petición se centra en Summit Lake y en una obra en un camino privado compartido. La bodega sostiene que el condado quiere obligarla a gastar más de 2 millones de dólares para reconstruir esa vía con estándares de uso comercial. Summit Lake alega que el propio motivo expuesto por la administración no es el tráfico generado por la bodega, sino el efecto conjunto del tránsito de más de una docena de propiedades que usan el mismo acceso.

Según la empresa, su actividad diaria no añadiría ni un solo coche más a la circulación existente. Por eso, considera que se le está trasladando el pago de un problema que no ha causado y que esa exigencia vulnera la Constitución. El litigio sobre esta cuestión puede ser relevante para otras bodegas con accesos compartidos o permisos antiguos, ya que muchas operan en zonas rurales donde la relación entre obras públicas, tráfico y uso privado suele ser una fuente habitual de conflicto.

La segunda solicitud se refiere a la celebración de visitas y actos en las bodegas. Summit Lake y Smith-Madrone sostienen que la normativa del condado ya les permite organizar reuniones ligadas a la actividad vinícola, como celebraciones de vendimia, cenas con el elaborador o maridajes de comida y vino. Aun así, aseguran que el condado les está exigiendo el mismo proceso de autorización que reserva para grandes actos empresariales de carácter comercial.

Las bodegas también discuten la forma en que el condado decide si aprueba o no actos de mayor tamaño. En su escrito, argumentan que ese sistema deja un margen excesivo a los funcionarios para aceptar o rechazar reuniones en función de su contenido y de quiénes asisten. Su posición es que ese criterio no encaja con las garantías constitucionales aplicables a la actuación de la administración.

La tercera petición va al núcleo de una parte importante del negocio de muchas bodegas pequeñas: las catas privadas con cita previa. Smith-Madrone sostiene que el condado dijo de forma reiterada ante dos tribunales federales y en respuestas juradas durante la fase de pruebas que su permiso de 1973 le autoriza a ofrecer ese tipo de visitas sin límite de asistentes. La bodega añade que ahora el condado ha cambiado de criterio y le ha comunicado que no tiene claro qué permite o no permite ese mismo permiso.

En el caso de Summit Lake, la discusión gira en torno a un permiso de 1984. La empresa argumenta que ese documento solo prohíbe las catas abiertas al público general, pero no las visitas privadas concertadas, una práctica que, asegura, ha mantenido durante décadas. También rebate la interpretación del condado sobre una estimación antigua de “2” visitantes por semana incluida en su solicitud original de 1984. La bodega sostiene que esa cifra era una previsión, no un tope fijo, porque en la solicitud no aparecían palabras como “máximo” o “límite”.

Buena parte del caso se apoya además en la falta de precisión de varias normas del condado, siempre según las bodegas. En sus escritos, afirman que responsables públicos han reconocido en documentos judiciales que no existe una definición formal de términos como “cata pública”, “cata privada”, “wine tasting”, “publicidad” o “no solicitado”. Añaden que, al ser preguntado por el sentido de esos conceptos, el condado respondió que se guía por su significado ordinario y común, sin una regla escrita, una regulación concreta o instrucciones públicas.

Las bodegas apoyan esa línea de defensa con antecedentes internos de la propia administración. Citan que personal de planificación del condado advirtió ya en 2009 a la Junta de Supervisores de que las reglas aplicables a las bodegas podían ser revocadas o reinterpretadas en cualquier momento y corrían el riesgo de ser consideradas arbitrarias. También mencionan una nota de 2015 a la misma junta que calificó esas reglas de imprecisas y sin una orientación útil.

A ello suman las conclusiones del Civil Grand Jury del condado de Napa en 2025, tras una investigación de siete meses. De acuerdo con las bodegas, ese órgano recogió que propietarios de bodegas habían expresado confusión sobre qué actividades contaban como cata o como acto bajo sus permisos, y que las condiciones variaban casi de una bodega a otra. Con ese argumento, las demandantes sostienen que reglas tan abiertas no deberían usarse para imponer multas o amenazar con cierres.

Las tres peticiones buscan, en conjunto, que la situación quede congelada hasta que avance la causa principal. La demanda más amplia, identificada como Hoopes Vineyard LLC y otros contra el condado de Napa, cuestiona varios aspectos del sistema con el que esa administración regula a las bodegas del territorio.

El pleito puede tener efecto más allá de Summit Lake y Smith-Madrone. En Estados Unidos, las catas con cita previa, los maridajes y los actos en bodega forman parte de la actividad comercial de muchas firmas del vino, sobre todo de menor tamaño. Una decisión cautelar o una futura sentencia podría influir en la interpretación de permisos antiguos, en la relación entre uso agrario y actividad de visitas y en la planificación del enoturismo en zonas productoras. También puede condicionar cómo se calculan obligaciones ligadas a accesos, tráfico y obras cuando varias propiedades comparten infraestructuras.