Italia endurece la guerra contra el fraude agroalimentario

Italia ha aprobado una nueva ley para reforzar la protección del sector agroalimentario frente a fraudes, falsificaciones y uso indebido de sellos de calidad. La norma, la ley 75 de 21 de abril de 2026, está en vigor desde el 29 de mayo y afecta a toda la cadena, desde grandes empresas hasta pequeños productores.

La medida introduce nuevos delitos en el Código Penal italiano vinculados con el fraude alimentario, el comercio con signos engañosos y la falsificación de productos con certificación DOP, IGP y ecológica. Según el texto legal, las penas pueden llegar a cuatro años de prisión y multas de hasta 50.000 euros.

Uno de los cambios más relevantes es que las autoridades podrán actuar antes de que el producto llegue al consumidor final. Las infracciones podrán perseguirse ya en fases de transporte, depósito o almacenamiento aduanero. Con ello, el Gobierno italiano busca frenar antes la entrada en el mercado de mercancía sospechosa.

La ley también amplía la responsabilidad administrativa de las empresas. Si un delito se comete en beneficio de una sociedad, la compañía podrá responder como sujeto jurídico. Esto obliga a las firmas del sector a reforzar sus controles internos y sus sistemas de prevención.

En el vino, la norma afecta de lleno a las denominaciones protegidas. Las botellas que se presenten como DOP o IGP sin cumplir los requisitos podrán ser retiradas y sancionadas. El objetivo es reducir el fraude en un segmento donde la trazabilidad y el origen son claves para el valor comercial del producto.

La regulación incluye además medidas contra el llamado italian sounding, es decir, el uso de nombres, colores o símbolos que sugieren una procedencia italiana sin tenerla. En esos casos, las autoridades podrán ordenar el decomiso del producto y aplicar sanciones por uso indebido de marcas o denominaciones protegidas.

El juez también podrá ordenar el cierre temporal de bodegas, queserías o plantas de producción durante un periodo que va de 5 días a 3 meses. La decisión dependerá de la gravedad del caso y del tipo de infracción detectada.

La norma presta atención al comercio electrónico, donde en los últimos años se han multiplicado las ventas de alimentos con indicaciones engañosas o falsificadas. Para ello, se crea una coordinación única en el Ministerio de Agricultura italiano, con participación de Carabinieri, Guardia di Finanza y Guardia Costera.

Ese sistema permitirá cruzar información y actuar tanto sobre el terreno como en internet. El Gobierno italiano quiere así mejorar la vigilancia sobre plataformas digitales y reducir la circulación de productos irregulares en canales online.

La ley incorpora también una medida sobre los alimentos incautados. Si son seguros desde el punto de vista sanitario, no tendrán que destruirse automáticamente. Tras retirar las etiquetas falsas o irregulares, podrán entregarse a bancos de alimentos y entidades benéficas.