España pierde 20.000 millones de fondos europeos para el sector agrícola

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de presupuesto para el periodo 2028-2034 que asigna a España un total de 79.900 millones de euros para repartir entre fondos regionales y ayudas agrícolas. Esta cifra supone una reducción cercana al 20 % respecto a los casi 100.000 millones de euros que España tiene asignados en el periodo actual, que finaliza en 2027.

El documento publicado por el Ejecutivo comunitario detalla que la asignación total para España asciende a 88.100 millones de euros. Sin embargo, de esa cantidad, unos 3.000 millones deberán destinarse a medidas relacionadas con la migración y la gestión de fronteras, mientras que otros 5.300 millones irán al Fondo Social por el Clima, un instrumento creado para apoyar a los ciudadanos más afectados por la transición energética. Por tanto, la cantidad disponible para las políticas regionales y agrícolas se sitúa en 79.900 millones de euros.

Estos fondos se repartirán entre la Política de Cohesión, la Política Agrícola Común (PAC) y el sector pesquero. En el periodo actual, España recibe unos 29.000 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cerca de 13.000 millones del Fondo Social Europeo (FSE), 1.000 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y 2.800 millones de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). En cuanto a la PAC, España cuenta ahora con unos 11.400 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y cerca de 40.000 millones en pagos directos a agricultores y ganaderos.

La reducción propuesta responde a la necesidad de ajustar el presupuesto comunitario tras la salida del Reino Unido y ante nuevas prioridades como la gestión migratoria y la transición energética. La Comisión Europea ha explicado que estos cambios buscan adaptar los recursos a las nuevas demandas sociales y económicas dentro de la Unión Europea.

El reparto definitivo dependerá de las negociaciones entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo en los próximos meses. Las comunidades autónomas españolas, así como las organizaciones agrarias y pesqueras, han mostrado preocupación por el posible impacto que esta reducción puede tener en sus sectores.

El Gobierno español ha señalado que trabajará para defender los intereses nacionales durante las negociaciones y tratará de asegurar que las regiones más afectadas por el recorte puedan mantener su desarrollo económico y social. También se prevé que se busquen fórmulas para compensar parte de esta bajada mediante otros instrumentos financieros europeos o nacionales.

La propuesta afecta especialmente a regiones con menor renta per cápita, que dependen en gran medida de los fondos europeos para inversiones en infraestructuras, empleo e innovación. El sector agrícola también podría verse afectado por una menor disponibilidad de ayudas directas y fondos para desarrollo rural.

La Comisión Europea ha recordado que el nuevo presupuesto aún debe ser aprobado por los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor en enero de 2028. Hasta entonces, seguirán vigentes las actuales asignaciones presupuestarias para España y el resto de países miembros.