El Gobierno aprueba un marco común para las indicaciones geográficas repartidas entre varias comunidades
El decreto adapta la norma española a la Unión Europea con reglas para consejos reguladores en varios territorios
miércoles 18 de noviembre de 2026
El Consejo de Ministros aprobó este martes, 17 de noviembre, un real decreto que fija el régimen jurídico para el reconocimiento y el funcionamiento de las agrupaciones de productores de indicaciones geográficas de ámbito supraautonómico. Con esta norma, el Gobierno adapta la regulación española al marco europeo aplicable a las figuras de calidad que abarcan territorios de más de una comunidad autónoma.
La medida se dirige a las indicaciones geográficas protegidas que no se limitan a una sola región. En esos casos, la nueva regulación permite que los consejos reguladores puedan estar presentes en todas las comunidades integradas en la indicación, con el objetivo de facilitar la coordinación entre territorios y una gestión compartida.
El Ejecutivo sostiene que el real decreto actualiza y unifica la normativa vigente. También busca reforzar la participación de los productores en la defensa y la promoción de sus indicaciones geográficas, al tiempo que introduce un esquema con más transparencia y con una representación más clara de los operadores implicados.
Entre las funciones que podrán asumir estas agrupaciones figuran los controles sobre la producción y la comercialización, la protección de la calidad y de la autenticidad de los productos y el apoyo a su promoción en el mercado. El Gobierno añade que el nuevo sistema permite encajar en la normativa española tareas vinculadas a la sostenibilidad, a las modificaciones de los pliegos de condiciones y, en su caso, a las solicitudes para regular la oferta.
Ese punto puede tener efectos directos en el sector de las bebidas. Muchas denominaciones e indicaciones geográficas de vino, bebidas espirituosas o incluso otras categorías agroalimentarias con peso en el canal hostelero dependen de reglas precisas sobre origen, métodos de elaboración y volumen comercializado. La norma aclara qué agrupaciones pueden ejercer esas funciones cuando la denominación se reparte entre varias comunidades, algo que puede ordenar la toma de decisiones sobre calidad, promoción y gestión del producto.
El Gobierno vincula la reforma con la protección de los alimentos y bebidas amparados por figuras de calidad reconocida. A su juicio, el decreto contribuye a reforzar el sector agroalimentario y a mejorar el valor económico y la reputación de estos productos tanto en España como fuera del país.
La norma también impulsa la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado para que la gestión de estas agrupaciones sea más eficaz. Esa cooperación resulta básica en las indicaciones supraautonómicas, donde la interlocución entre comunidades y operadores suele ser más compleja por la necesidad de aplicar criterios comunes en varios territorios.
Con este cambio, el Gobierno adapta la estructura de los consejos reguladores y de las agrupaciones de productores a las exigencias y recomendaciones de la Unión Europea. El real decreto fija así un marco común para entidades que, por la extensión territorial de las indicaciones geográficas que representan, necesitaban un encaje específico dentro del sistema español de calidad diferenciada.