La presidencia irlandesa abre las ayudas al vino a más beneficiarios

La presidencia irlandesa del Consejo de la UE ha introducido cambios en la propuesta sobre la organización común de mercados agrarios para acercar posiciones entre los Estados miembros, con un ajuste concreto en las ayudas al vino y en la financiación de los programas operativos. El objetivo de los Veintisiete es cerrar antes de final de mes una orientación general parcial sobre la reforma de la Política Agraria Común y sobre el reglamento de la OCM.

Los avances se revisaron este lunes, 5 de octubre, en una reunión del Comité Especial de Agricultura, en la que participaron los expertos agrícolas de los Estados miembros. Las negociaciones siguen abiertas y, en lo relativo a la PAC, continúan sin resolverse varios puntos. Entre ellos figuran el grado de flexibilidad que debe concederse a los países sin romper el marco común, la parte de las ayudas acopladas a la renta, la tasa de control y la nueva condicionalidad de las ayudas.

En el apartado de la OCM, el último texto de compromiso de la presidencia irlandesa recibió un apoyo general de los Veintisiete. Los cambios responden a peticiones planteadas por una parte de los Estados miembros sobre las intervenciones sectoriales en el vino y sobre los programas operativos aplicados por las organizaciones de productores.

Uno de los ajustes afecta a la disposición que establece intervenciones obligatorias en el sector vitivinícola. La nueva redacción elimina la referencia exclusiva a las “organizaciones de productores reconocidas” y la sustituye por el término “beneficiarios”. Con ese cambio, la presidencia irlandesa pretende adaptar el texto a la estructura real del sector del vino en la UE y evitar que el acceso a estas medidas quede ligado solo a una categoría concreta de operadores.

La modificación es relevante para el sector de bebidas porque puede influir en quién tendrá acceso a las ayudas europeas al vino y en qué condiciones podrán ejecutarse los programas sectoriales. Para bodegas y viticultores, el resultado final puede tener efectos directos en la planificación de sus proyectos y en la forma de financiar actuaciones vinculadas al sector.

La presidencia también ha retocado las normas de financiación de los programas operativos. La propuesta plantea que la cofinanciación, tanto de la UE como de los Estados miembros, quede limitada en función del valor de la producción comercializada por la organización de productores o por otros beneficiarios que puedan optar a estas ayudas. La lógica de ese cambio, de acuerdo con la formulación que manejan los Estados miembros, es que ese límite se vincule al gasto público elegible de la intervención sectorial y no se convierta en un pago directo ajeno al gasto real.

Además, Irlanda propone mantener la regla actual de reparto al 50/50 entre las aportaciones públicas y privadas en los programas operativos. Ese punto forma parte de la búsqueda de equilibrio entre el apoyo comunitario y la implicación financiera de los propios operadores.

Pese a la mejora del clima negociador, no todos los capítulos están cerrados. Varias delegaciones siguen pidiendo nuevos cambios en las disposiciones sobre el cáñamo, sobre todo por su relación con las legislaciones y políticas nacionales. Ese asunto se mantiene entre los frentes abiertos antes del siguiente paso político.

Las delegaciones agradecieron el trabajo de la presidencia irlandesa y reconocieron que las conversaciones avanzan en una dirección favorable. Los dos textos volverán a examinarse en el Comité Especial de Agricultura el próximo 12 de octubre y el próximo 19 de octubre. Después, los ministros de Agricultura deberán cerrar una orientación general parcial, al margen de los puntos financieros, en el Consejo previsto para el próximo 26 y 27 de octubre en Luxemburgo.