Denuncian situaciones de ‘semiesclavitud’ en la vendimia

"Asaja quiere poner de manifiesto la existencia de estas empresas ‘fantasma’, que se lucran a costa de la ilegalidad y que sólo se dejan ver en las principales campañas agrícolas de la provincia conquense, como son el ajo, la vendimia y, en ocasiones, el olivar, y dASAJA de Cuenca ha puesto de manifiesto la existencia de algunas empresas ‘fantasma’, mal llamadas ‘empresas de servicios’ o ‘empresas de trabajo temporal’, que ofrecen a los agricultores unos precios muy llamativos cuya letra pequeña arroja situaciones de "semiesclavitud en las que los trabajadores, a menudo inmigrantes, llegan a vendimiar por un salario de 4 euros por jornal". Para la organización agraria, estas empresas "se lucran a costa de la ilegalidad y que sólo se dejan ver en las principales campañas agrícolas de la provincia conquense, como son el ajo, la vendimia y, en ocasiones, el olivar, y desaparecen cuando estas finalizan" Asimismo, esta organización recuerda que, en último término, la responsabilidad en caso de cualquier tipo de imprevisto o incidente puede "recaer en el agricultor, que queda desamparado, ya que estas agencias ilegales se lavan las manos y se declaran insolventes".

Según denuncia la organización agraria en un comunicado, este tipo de empresas fantasma se caracterizan porque carecen de cualquier tipo de infraestructura, maquinaria de trabajo o empleados contratados. Se limitan a crear una sociedad en el registro cuyo único fin es prestar servicios a terceros y cuyo representante o administrador es insolvente o carece de domicilio en el que ser localizado. Su cometido es proporcionar ‘mano de obra’ pero muchos de sus trabajadores ni siquiera tienen permiso de trabajo lo que hace que puedan ofrecer empleados a precios denigrantes.

Pagan a 12 personas lo que debería cobrar sólo una

Concretamente, recalca ASAJA, en la provincia de Cuenca ha habido propuestas de contratos por parte de estos agentes de 49,20 euros la jornada, a repartir entre 12 trabajadores, cuando esta cantidad es precisamente lo que debe cobrar cada trabajador por jornada diaria, según establece el convenio colectivo del campo. Las cuentas no salen: cotizando a la seguridad social y cumpliendo la ley, el coste por 12 trabajadores es de 746,40 euros, muy lejos de los 49,20 que pagan estas sociedades fraudulentas.

La Seguridad Social y la inspección de trabajo trabajan para combatir este tipo de prácticas, aunque no siempre es fácil detectarlas. ASAJA de Cuenca lamenta que después de tantos años trabajando para regularizar las contrataciones y para exigir que se cumplan las leyes y unos principios éticos, lleguen empresas como estas que echan todo por tierra con el único fin de ganar dinero.

Asimismo, esta organización recuerda que, en último término, la responsabilidad en caso de cualquier tipo de imprevisto o incidente puede recaer en el agricultor, que queda desamparado, ya que estas agencias ilegales se lavan las manos y se declaran insolventes.

El Plan de Prevención y el Concierto de Vigilancia, requisitos obligados

Por otro lado, desde ASAJA se han detectado irregularidades en el cumplimiento de la obligación de contar con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y con un Concierto de Vigilancia de la Salud, recogida en el artículo 40 del Convenio Colectivo del Campo, para aquellos agricultores que contraten trabajadores. Este requisito, obligatorio desde el año 2009, no siempre se cumple por parte de determinadas empresas.

Algunas se dedican a cobrar al agricultor una cantidad inferior al coste de realizar estos planes por no realizar ningún tipo de gestión y es en caso de que aparezca la inspección de trabajo cuando los realizan ‘a posteriori’, dotándolos de fecha anterior a la inspección e inflando el precio de los trámites.

Además, algunas de estas sociedades ofrecen a los cooperativistas y agricultores cursos que supuestamente los acreditan para redactar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que pueden elaborar ellos mismos si no contratan más de cinco trabajadores. Obviamente, en estos casos no existe ningún Concierto de Vigilancia de la Salud, como obliga la ley.

Una vez más, es el agricultor, sin conocimiento de causa, quien se arriesga a sanciones si carece de la documentación obligatoria, tras haber confiado en estas empresas que no elaboran ningún tipo de plan.