Piden a la Comisión Europea que se mantenga el 'status quo' del viñedo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Comisión Europea (CE) que mantenga el "status quo" en materia de control de plantaciones de viñedo, ya que su liberalización (prevista en 2016) "amenaza el patrimonio vitícola" de 200.000 viticultores profesionales españoles.

El responsable vitivinícola de la organización agraria y también vicepresidente del Comité Consultivo Vino de la Unión Europea (UE), Alejandro García-Gasco, ha mantenido esta semana en Bruselas un encuentro con representantes del Gabinete del comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos.

En la reunión, según un comunicado de COAG, García-Gasco ha argumentado que la UE no necesita aumentar su número de hectáreas, porque la reducción productiva en la vendimia 2012 obedece a tres factores coyunturales: sequía y heladas, arranque de viñedo y nuevas plantaciones por creciente reestructuración.

Además, ha transmitido a los representantes comunitarios su preocupación por las últimas declaraciones de Ciolos sobre el futuro de los derechos de plantación de viñedo, al proponer un nuevo sistema más flexible, sin limitación estricta de superficies y cuya gestión se dejaría en manos de organizaciones interprofesionales.

Ha reafirmado la defensa del sistema actual de derechos de plantación de gestión pública, que en el curso de las últimas décadas se ha revelado como un "instrumento eficaz" para la política de calidad y para la gestión del potencial productivo comunitario.

García-Gasco ha apuntado que "no tiene sentido sustituirlo por otro que sería ineficaz y su gestión resultaría inviable" en España.

La liberalización de las plantaciones de viñedo provocaría una deslocalización de la producción que "amenazaría el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores profesionales en España y el equilibrio medioambiental" de las principales regiones productoras, al no existir alternativas viables a este cultivo.

Además de poner en riesgo "un elemento importante de fijación de la población rural", ya que se debilitarían las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, que abocaría en un descenso en los precios de las uvas y los vinos, según la nota.

La bajada de precios tendría como consecuencia "la incapacidad de los viticultores para soportar los costes de producción, provocando el abandono y, en general, un descenso importante de la calidad".