D.O. Toro rechaza la nueva PAC del vino

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro ha manifestado su pleno rechazo a la posible liberalización de los derechos de plantación de viñedo, que pretende aplicar la Comisión Europea

Su presidente, Amancio Moyano, aseguró que si finalmente se aprueba esta medida, que pretende aplicarse a partir del año 2015, "tendría unas consecuencias muy graves para el sector".

Por este motivo, la Denominación de Origen Toro se ha sumado a las organizaciones agrarias que, junto a las cooperativas agro-alimentarias y a la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, han remitido una carta al nuevo Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para transmitirle su preocupación por la posible liberalización de los derechos de plantación.

Moyano justificó la oposición de la Denominación de Origen a esta medida en que, si con el sistema de derechos se genera excedente de producción, si se liberalizan las plantaciones "habría más sobrante de uva y de vino, no sólo en Toro sino en toda España".

Además, Moyano subrayó que el sistema de derechos permite "regularizar y controlar" la producción pero, si se suprime, "no se podrá ejercer ningún tipo de control y el excedente de uvas sería todavía más importante".

Las organizaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA, así como las cooperativas y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas de España han decidido remitir una carta al Ministro de Agricultura para que tenga en cuenta la preocupación de los viticultores españoles que defienden que el sistema de derechos de plantación ha permitido conformar un sistema de producción vitivinícola "puntero en el mundo" y cuyos productos "alcanzas cotas altísimas de calidad".

Además, destacaron que el sistema de derechos ha supuesto un factor clave para fijar población en el medio rural, para conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda de vino y para optimizar las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo.

Además, la eliminación del sistema de derechos tendría, a su juicio, "consecuencias nefastas e irremediables" ya que provocaría un inmediato descenso en el precio de la uva y los vinos que, sumado al incremento de los costes de producción que soportan los agricultores, "haría peligrar a las explotaciones vitivinícolas españolas".