Los viticultores celebran la decisión de Bruselas de revisar la PAC

Organizaciones agrarias y de cooperativas han celebrado que la Comisión Europea decida crear un Grupo de Alto Nivel para analizar las peticiones de los partidarios de mantener el actual sistema de derechos de plantación frente a la liberalización a partir de 2015 inicialmente proyectada

Sobreproducción, excedentes, caída de precios de la uva y abandono de actividad en zonas clásicas vitícolas son algunos de los riesgos que entraña la liberalización, según han alertado.

"Hay una enorme hostilidad a establecer una liberalización total en el sector y nos felicitamos de que el Comisario haya puesto en marcha un grupo de alto nivel para reflexionar sobre este tema", ha apuntado esta semana en Bruselas el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

"Queremos alimentar ese debate porque creemos que la decisión de su eliminación total puede ser precipitada. Afortunadamente, tenemos alianzas estratégicas con algunos países importantes de la Unión Europea que apoyan nuestra decisión", ha aclarado Arias Cañete.

Para el presidente sectorial de las Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, el hecho de que el comisario Dacian Ciolos decida estudiar qué hará con los derechos de plantación es "un paso cualitativo" aunque "no decisivo", puesto que lo importante sería que desistiera de la proyectada liberalización.

Acabar con los derechos de plantación supondría "una pérdida de patrimonio" para los viticultores europeos y las zonas tradicionales de producción, y un ataque a los profesionales que han logrado reputación y "renombre" para los vinos a lo largo de los años.

La liberalización permitiría, por ejemplo, que una multinacional de este u otros sectores pudiera lanzarse a producir vinos, afirma.

La dispersión de vinos desde las comarcas o regiones reconocidas habituales acabaría con un sistema vitícola europeo consolidado durante décadas -ha puntualizado- y produciría por tanto una "ruptura" del mercado y una consolidación de los grandes grupos internacionales en detrimento de la explotación tradicional.

Además, no sería lógico que la UE permita plantar viñedos libremente, tras impulsar con ayudas comunitarias el arranque de 200.000 hectáreas, 90.000 en España en tres años, puntualiza.

Ha señalado que hace unos años hubo operadores que presionaron para poder plantar viñedos en zonas más productivas pero que ahora la opinión "unánime" pasa por mantener derechos de plantación.

El responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, ha coincido en apuntar que "no tendría mucho sentido" que la Comisión opte por la liberalización cuando todos los productores de la UE defienden "sin fisuras" el mantenimiento del sistema actual de derechos.

En líneas generales, Ugarrio afirma que liberalizar plantaciones agravaría el problema actual de excedentes y provocaría la deslocalización de viñedos desde las zonas históricamente productoras, con un desplazamiento del sector -no con fines sociales o culturales sino sólo económicos- hacia áreas no tradicionales. Para Ugarrio, debe garantizarse un cultivo ligado a las zonas vinculadas tradicionalmente al mundo del vino porque "es donde mejor se produce" y para evitar "una catástrofe social" en muchos pueblos.

UPA valora como "muy buena noticia" la creación del Grupo de Alto Nivel, que supone "un punto de inflexión" en las intenciones de la Comisión después de recibir peticiones contra la liberalización. Ha precisado que UPA participa en una campaña del sector español, tanto frente a instancias europeas como a nivel interno.

Eliminar el régimen de derechos de plantación de viñedo provocaría la deslocalización de producción, la pérdida y desaparición del patrimonio vitícola de los agricultores y un "fuerte desequilibrio medioambiental", coincide en advertir UPA.

Y también apunta el riesgo de que haya más oferta -lo que debilitaría a las zonas amparadas por indicaciones de calidad- y caída en los precios de uvas y vinos -pese a que muchos productores ya reciben un precio menor a su valor real-, lo que fomentaría el abandono de explotaciones y una pérdida cualitativa en los caldos.

El presidente del Comité Consultivo de Vino de la Unión Europea (UE), Alejandro García-Gasco, a su vez máximo responsable sectorial de COAG, ha abogado por mantener los derechos de plantación no sólo para las zonas de vino de calidad o denominaciones de origen -como algunas voces reclaman- sino también para los vinos de mesa y para el conjunto del sector para evitar su desestabilización.

García-Gasco ha criticado que la proyectada liberalización beneficiaría a "gente que no vive del sector", a fondos de inversión "que juegan con la alimentación" para especular, y a la industria, que vería caer los precios de la materia prima.